Perú podría enfrentar un nuevo arbitraje: el caso DQM y Doe Run

En 2007, DQM firmó un contrato con el complejo minero Doe Run Perú (DRP) para almacenar ácido sulfúrico producido en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, un servicio clave para el cumplimiento de las normas ambientales.

Tres años después, DRP ingresó a un concurso de insolvencia. “Según la ley concursal, los pagos por servicios esenciales, como los brindados por DQM, deben ser considerados como créditos corrientes, lo que significa que deben pagarse de inmediato, sin esperar a que concluya el proceso de insolvencia”, refiere la empresa en la data brindada a este diario.

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Sin embargo, subraya DQM, cuando ingresa un nuevo liquidador en 2014, Doe Run niega que los servicios de la empresa sean esenciales y considera su deuda como parte del concurso, dejando sin efecto los pagos de crédito corriente.

En 2015, DQM demandó a DRP por US$ 16.8 millones por los servicios no pagados (sin contar intereses ni penalidades) ante el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El Laudo Final, ordenó a DRP pagar US$14.3 millones, más intereses y penalidades, considerando el crédito como corriente. Además, se dictaron tres medidas cautelares para garantizar el pago.

Aquí está el tema clave que detonó todo, pues -informó DQM- DRP incumplió las medidas del Laudo Arbitral. ¿Cuáles eran las medidas cautelares? Retener US$ 16.7 millones de la venta de activos de DRP (Unidad Minera Cobriza); Operadores Concentrados Peruanos (OCP), operador de compra, debía retener el mismo monto de la compra; y el Ministerios de Energía y Minas (Minem) debía retener fondos del Fideicomiso PAMA de DRP.

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“DRP vendió sus activos (Unidad Minera Cobriza) sin retener el dinero ordenado. OCP y Minem también se niegan a cumplir con las órdenes de retención de fondos, ignorando así las medidas ordenadas”, resalta DQM.

Desde 2022, hasta ahora, DQM ha intentado que se cumpla lo dispuesto por el Tribunal Arbitral de la CCL sin éxito. Es por ello que hoy se evalúa llevar al Estado al Ciado, pues el Minem -a consideración de la empresa- no ha buscado se dé solución.

De hecho, en conversación con Gestión, Adrián Simons Pino, abogado del estudio Simons & De Noriega, explica que se enviaron cinco cartas al ministerio para tener una reunión y ver el camino que se debe seguir. Sin embargo, no habían tenido respuesta -hasta ahora-. Según supo este diario, hoy tendría una reunión DQM con el Minem. Esto será clave para ver si finalmente la empresa llevaría a Perú a Ciadi. Pues, dijo Simons Pino, solo esperarían solo este año antes de dar el paso.

SOBRE EL AUTOR

Whitney Miñán

Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.