A pocas semanas de iniciar el 2025, el Perú registra 22 casos pendientes en su contra ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entidad del Banco Mundial. Con esto, el Perú se mantiene en el “podio” como el país más demandado de América Latina ante dicha institución internacional.
Las cantidad de expedientes abiertos por controversias o posibles incumplimientos del Estado peruano superan las cifras que tienen otros países de América Latina como México (20), Honduras (15), Colombia (13) o Venezuela (11). Incluso, de acuerdo con la información disponible en la web del CIADI, Perú sería la nación con mayor cantidad de demandas activas a nivel global.
De las 22 demandas registradas en el CIADI, un total de 19 arbitrajes fueron iniciados entre el 2020 y 2024. Es decir, casi el 90% de los casos pendientes que tienen las empresas contra el Estado fueron reportados durante y después de la pandemia.
Solo durante el año pasado se sumaron 4 demandas de las empresas Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., Cervecería San Juan S.A. y AB InBev Southern (30 de diciembre); Concesionaria Angostura Siguas, S.A. (16 de octubre); Gasoducto Sur Peruano S.A. En Liquidación (30 de julio); y Gas Natural de Lima y Callao S.A. (1 de abril).
La demanda más reciente fue la presentada por Backus, con la cual se busca la indemnización por daños derivados del incumplimiento de obligaciones internacionales establecidas en el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones entre Perú y el Reino Unido.
Esta controversia surgió luego que el Tribunal Fiscal ratificara que la compañía tenía una deuda de más de S/1,600 millones en Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), acumulada entre los años 2014-2019. Para la empresa, las medidas fiscales implementadas por el gobierno “vulneran el derecho internacional”.
Otro caso presentado en 2024 fue el de Majes Siguas II, impuesto por la Concesionaria Angostura Siguas tras supuestos incumplimientos en el contrato firmado con el Estado Peruano. El monto que Cobra, la empresa propietaria de la concesionaria, reclama asciende los US$1,400 millones.
Además, se mantiene en la lista de pendientes un caso que ya había cerrado a fines de 2024: la controversia mantenida con Enagás por la concesión del Gasoducto del Sur Peruano (GSP). Aunque el CIADI falló a favor de la empresa con una indemnización de casi US$200 millones, el 23 de enero se presentó una solicitud de rectificación del laudo, por lo que el proceso continúa pendiente.
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¿Por qué tenemos tantos arbitrajes?
Para Ricardo Ampuero, especialista en arbitrajes internacionales, la creciente cantidad de demandas al Estado peruano está relacionada a diversos factores, siendo uno de los más relevantes la inclusión de cláusulas CIADI en los contratos de inversión del país.
Aunque a nivel mundial cerca de un 80% de los casos del CIADI surgen apoyados en tratados internacionales y solo un 15% por cláusulas en contratos, en el Perú es diferentes. El experto explicó que, a diferencia de otros países, el Perú utiliza con frecuencia cláusulas de solución de controversias en contratos de inversión, lo que permite que las disputas se dirijan al CIADI.
“Casi la mitad de los casos que tiene Perú son casos que han sido iniciados sobre la base de consentimiento orientado en contratos de inversión. Y esa es una situación que no tiene ningún otro país. Es porque Perú tiene esta política de incluir clausulas CIADI en casi todos sus contratos de inversión”, explicó a Gestión.
Ante ello, Ampuero sugiere una revisión de la política de inclusión de cláusulas CIADI en los contratos de inversión, no para eliminarlas, sino para aplicarlas con criterio, evaluando factores como el tipo de inversión y el monto involucrado.
Asimismo, resaltó la importancia de mejorar el diseño contractual, realizando contratos con reglas claras y aprendiendo de experiencias pasadas.
“Perú ha tenido muchos problemas con el tema de expropiación de terrenos para la construcción de proyectos de infraestructura. Eso debería ser una lección aprendida para que en futuros contratos que se celebre no se sigan incluyendo plazos que hoy sabemos no se van a poder cumplir e incluyan plazos más realistas”, detalló.
Otro factor que habría influido en el aumento de arbitrajes contra el Perú es la inestabilidad política. Ampuero refiere que, la alta rotación de funcionarios responsables de decisiones de política pública puede generar cambios en las reglas de juego, lo que a su vez puede ser percibido por los inversionistas como una vulneración de sus derechos, que finalmente deriva en un caso más de demanda.
El socio del Estudio Olaechea, Manuel Villa-García, coincidió en que el crecimiento de las demandas está alineado a una mala gestión por parte del Poder Ejecutivo.
“Es por la mala conducción del Ejecutivo. En mayo del año pasado crearon un grupo multisectorial para regular el arbitraje, empeñados en modificar las reglas del arbitraje, cuando lo que deben hacer es crear una oficina que pueda administrar correctamente los contratos”, comentó.
¿Seguimos teniendo éxito en los casos?
Pese a tener un elevado número de casos en contra en el CIADI, hace unos años la Cámara de Comercio de Lima (CCL) indicaba que el Perú tenía una tasa de éxito muy alta en los arbitrajes. A 2020, se estimaba que el Estado peruano ganaba un 80% de los casos en disputa, pero ¿la tendencia se habría mantenido?
En 2024, el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) reportó que se tuvieron resultados favorables en dos arbitrajes: Uno impuesto por Kaloti Metals & Logistics, y otro contra Freeport-McMoran Inc por el caso con la Minera Cerro Verde.
Si bien perdió otros casos -como la controversia sostenida con la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi por la concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero-, Ampuero consideró que la tendencia a resultados favorables se mantiene. Incluso, el especialista precisó que en algunas disputas con un fallo desfavorable para el Estado peruano, el monto a pagar a la empresa ya era algo previsto en los contratos.
“Por ejemplo, hace poco se emitió el laudo en el caso Chinchero y en ese caso, sin perjuicio de que el Tribunal reconoce un monto de compensación al inversionista, ese monto en realidad es una fracción del total del laudo. La parte más grande de lo que ordena pagar el laudo es un monto que el propio contrato dice que hay que reconocer en el escenario de una resolución contractual”, sostuvo Ampuero.
Otro ejemplo, señalan los expertos, es el caso Gramercy, donde el tribunal solo ordenó al Perú pagar el monto que la empresa invirtió en la compra de bonos, sin considerar su valor actual.
“Gramercy demandó por US$1,000 millones y el laudo declaró fundada en parte la demanda a favor de Gramercy, pero le ordenó al Estado que pague US$100 millones. Luego Gramercy llevó a ejecución este laudo a Estados Unidos, negociaron con Perú y el Estado obtuvo un descuento para al final terminar alrededor de pagando US$80 millones”, explicó Villa-García.
Cabe agregar que, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Marco Macroeconómico Multianual 2024-2025, los montos reconocidos a favor de los inversionistas en los casos perdidos ante el CIADI no habrían sido significativos y ni habrían afectado sustantivamente las cuentas fiscales.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, con experiencia en radio, tv y web. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
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