Perú liberará nuevos bonos de carbono mientras se encamina a una consulta previa

Un bono de carbono, como lo explican los expertos, ‘equivale al derecho de emitir una tonelada de CO₂ a una empresa’. Son varios los tipos de bonos que se venden en el mercado voluntariado a nivel mundial, pero en Perú solo se comercializan -por ahora- bonos forestales, que provienen de la conservación de bosques amazónicos (REDD+), sea en áreas naturales protegidas, administradas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) o privados, como uno de los proyectos de plantación de Bosques Amazónicos S.A.

Entre el 2008 y el 2020, Perú puso a la venta (certificó) cerca de 40 millones de bonos de carbono provenientes de tres áreas de conservación, Parque Nacional Cordillera Azul (San Martín), el Bosque de Protección Alto Mayo (San Martín) y el Parque de Conservación Tambopata-Parque Nacional Bahuaja (Madre de Dios). De ese total, hasta setiembre del 2022, todavía quedaban poco más de 645,000 créditos de carbono disponibles para venta, según datos que el Sernanp brindó a gestion.pe. Era el último saldo pues el Perú paralizó la certificación de nuevos créditos del 2021 y 2022 para migrar a una nueva metodología de proyecciones sobre la deforestación de los bosques. Y es que, hasta el 2020, se permitió que cada iniciativa temprana (proyecto REDD+) controlara individualmente su propio sistema de referencia.

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“Cuando el Perú suscribió el Acuerdo de Paris (2015) asumió el compromiso de tener un solo nivel de referencia nacional pero, con el fin de no perjudicar las ventas de los proyectos maderables y no maderables, se aceptó que hasta el 2020, cada proyecto buscara su propio nivel de referencia. En el 2021 logramos construir una metodología aprobada por la Convención Marco de las Naciones Unidas, pero todavía falta sociabilizar el Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami) para poder aplicarlo. Aun así, sabiendo que no se ha podido comercializar nuevos bonos, el año pasado iniciamos un trabajo para permitir que los 13 proyectos de iniciativas tempranas puedan comercializar créditos del 2021″, aseguró Karina Pinasco, Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam) en diálogo con gestion.pe

De los 13 proyectos, cinco proyectos están “casi” por iniciar el proceso de comercialización de los nuevos bonos certificados, tres están en trámite y dos no han compartido información. “Lo último que queremos es parar la inversión privada que se genera gracias a este mercado”, agregó la funcionaria.

Cabe indicar que parte de los ingresos por la venta de los bonos se destinan a proyectos de reforestación -cuya cadena también la integran productores de castaña, aguaje, café y cacao- y a la protección frente al avance de la minería ilegal o de otras actividades ilícitas o ilegales. Por ello, empresas como Bosques Amazónicos esperaban que se pueda comercializar bonos del 2021 y 2022, los cuales, además, suelen cotizarse a un mayor precio por ser ‘nuevos’.

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Consulta previa

Pero, ¿qué falta para que el Perú implemente un solo sistema para la regulación en la venta de bonos de carbono? La viceministra recalca que la metodología para calcular las nuevas certificaciones de bonos de carbono ya está aprobada, pero falta complementarlo con el Renami.

“En el caso del Renami está pasando por un proceso de sociabilización (el Minam prepublicó el reglamento en agosto del 2022 con un plazo de 30 días hábiles), que debe pasar por consulta pública. Y paralelamente, ya hemos lanzado una herramienta que facilitará procesos de transparencia con el propósito de obtener información sobre la deforestación en nuestra Amazonía y con ello diseñar estrategias para su adecuada conservación”, dijo. El aplicativo en mención se llama Ukukui, palabra en awajún que significa águila.

Fuentes cercanas al Minam indicaron a este medio que los lineamientos del RENAMI podrían publicarse oficialmente antes de mayo de este año.

No obstante, diversas comunidades y asociaciones indígenas, entre ellas, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) han exigido al Minam que el proyecto pase por un proceso de consulta previa e informada, considerando que los futuros trabajos de conservación impactan también en sus comunidades. Muchas de ellas también han solicitado que se realice un mayor control de la venta de bonos para evitar su duplicidad y que el dinero no se destine para los fines suscritos.

La desconfianza respecto al uso de los recursos no es un tema nuevo. Las comunidades cuestionaron al Minam al considerar que el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (PROFONANPE) administraría los recursos provenientes de la venta de bonos, por lo que el Ministerio tuvo que aclarar, a través de un decreto supremo (Nº 001-2023-MINAM) publicado el 2 de febrro de este año, que dicho Fondo solo administrará recursos que “provienen de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) entre el Gobierno de la República del Perú, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno del Reino de Noruega, y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la “Cooperación en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la deforestación y degradación forestal (REDD+) y la promoción del desarrollo sostenible en Perú”.

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