Pese a que el reciente mensaje a la nación de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, destacó mejoras en seguridad alimentaria, un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) evidencia que cuatro de cada diez peruanos enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o severa al cierre del año pasado. Esto refleja el preocupante panorama que deberá enfrentar el próximo gobierno.
En los últimos 10 años, la población afectada por la falta de alimentos subió de 30.4% a 41%, lo que representa un salto de 9.3 millones a 13.9 millones de personas.
De este total son 4.9 millones de peruanos los que viven en situación de inseguridad alimentaria severa, indica el estudio “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025” de la FAO.
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Si bien el nivel es menor que el 51% registrado en el año previo, cuando más de la mitad de la población enfrentaba esta situación, el Perú se vuelve a posicionar como el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica.
Incluso si se cuentan los resultados de todas las naciones de Latinoamérica analizados por la FAO, Perú aún está en el “top 5″ de mayor inseguridad alimentaria, señaló Jessica Huamán, coordinadora de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria.
Al cierre del 2024, en la región, Perú se ubicaba solo por detrás que El Salvador (45.5%), Guatemala (48.8%) y Honduras (41.3%).
“La inseguridad alimentaria moderada es cuando la persona ha disminuido en su cantidad y calidad de alimentos, y la inseguridad alimentaria grave es cuando la persona ha dejado de comer de uno a más días. Por más que ha disminuido, en Latinoamérica somos el cuarto país con mayor inseguridad alimentaria”, comentó a Gestión.
La reducción llega tarde en comparación con el resto de los países de la región y la situación aún es muy grave, sostuvo Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Precisó que la principal causa de esta crisis no radica en la escasez física de alimentos, sino en el limitado acceso económico a ellos pues los peruanos continúan enfrentando una precariedad y volatilidad en sus ingresos.
“La región venía reduciendo esta inseguridad y el Perú no. La reducción de la inflación es un gran avance, pero todavía los niveles de ingreso y la estabilidad en los empleos no habían terminado de recuperarse. El año pasado hemos visto una subida importante en el consumo privado -eso tiene que ver con el crecimiento y la normalización del mercado laboral-, pero nos agarra con una situación de rezago”, explicó.
Trivelli añadió que en casi todos los demás países de América Latina se recuperaron las tasas de pobreza prepandemia, pero Perú aún está siete puntos por encima que los niveles previos al 2020.
Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincidió en que estos resultados son el reflejo de un estancamiento económico.
“El Perú pasó de crecer por encima del 5% a tener un crecimiento mucho más ajustado, más pegado al 2% o 3%. El crecimiento además ya no estuvo impulsado por la inversión privada, que es el principal motor generador de empleos de calidad”, dijo.
Perú se vuelve a posicionar como el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica. (Fuente: FAO)
En subalimentación, también conocida como el “mapa del hambre”, se ha pasado de 6.6% al 6.9% de peruanos en los últimos tres años. Es decir, 2.3 millones de personas no alcanzan a cubrir sus requerimientos calóricos diarios.
Esto viene asociado a un aumento en el costo de una dieta saludable en Perú que es de S/ 4.34 más por persona al día. Un 33% de la población peruana no pudo acceder a la alimentación saludable debido al aumento de precios que se tuvo en los últimos años, lo que a su vez elevó los índices de desnutrición y anemia.
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¿Mejoraremos al finalizar el 2025?
Según el reporte, la capacidad adquisitiva de los peruanos no ha crecido al mismo ritmo que los precios de alimentos. A finales de 2023, los alimentos habían subido 34.5% en relación con sus niveles prepandemia, mientras que los ingresos reales solo crecieron 6.6%
Pero, a partir del 2024 se viene alcanzando una recuperación económica que ha generado una progresiva recuperación de ingresos. De acuerdo con el IPE, los ingresos ajustados a la inflación crecieron 7.3% en el segundo trimestre de este año, superando por primera vez su nivel prepandemia.
Con estos últimos resultados, ¿hay expectativas de menores niveles de inseguridad alimentaria al cierre del 2025? Víctor Fuentes del IPE consideró que sí se lograría una mejora si se cumplen ciertas condiciones.
“En la medida en que tengamos crecimiento positivo, con inversión privada incrementado 6% este año e inflación controlada, la pobreza se reducirá y los salarios reales podrán superar los niveles de precios. Eso dará más capacidad de compra y reducirá la inseguridad alimentaria. El 2026 podría ser mejor, aunque la incertidumbre electoral podría frenar la inversión”, explicó.
Los ingresos ajustados a la inflación crecieron 7.3% en el segundo trimestre de este año, superando por primera vez su nivel prepandemia. (Fuente: IPE)
¿Qué debe hacer el próximo gobierno?
Si bien el mayor crecimiento podría traducirse en una reducción de la pobreza de alrededor de 1 a 1.5 puntos y una mayor capacidad de consumo para las familias, Trivelli resaltó que el próximo gobierno enfrentará un gran desafío en temas alimentarios.
La nueva gestión, que iniciaría a mediados del 2026, deberá encarar una pobreza distinta, más urbana y asociada a problemas nutricionales.
“El nuevo gobierno tiene que entrar con una mirada ‘fresca’ de los problemas (…) no es la misma pobreza que había en el 2011. Necesitas intervenciones, herramientas y servicios distintos. Eso es lo que tiene que estar en el centro de la política social que proponga el próximo gobierno: un nuevo diagnóstico de la pobreza y una estrategia que responda a eso”, sostuvo.
Además del costo social, advirtió que hay un impacto económico de largo plazo. En 15 años, advirtió, si se mantienen los niveles de inseguridad alimentaria existe el riesgo de tener una población con menores capacidades y menos productiva.
“Lo que no haces hoy día para resolver los problemas alimentarios no es solamente un tema de ética, sino es también una mirada económica de largo plazo importante”, añadió.
Para Huamán, de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria, es crucial reforzar el apoyo al agro para el consumo local -para que los productores no se vean afectados por el cambio climático o la escasez de insumos-, así como una mayor articulación con las organizaciones sociales, como las ollas comunes.
Para ello, consideró que se podría tomar el ejemplo de países como Brasil que vienen reduciendo sus niveles de hambre con una plataforma de trabajo directo entre el Poder Ejecutivo y la sociedad civil.
“Han generado una articulación directa con las cocinas solidarias que son como las ollas comunes, y esto ha servido justamente para poder tener mejores políticas de respuesta al hambre que tiene la población y para que disminuyan la inseguridad alimentaria y el hambre. De hecho, Brasil ha salido del mapa del hambre y también es el país con menos inseguridad alimentaria en Latinoamérica”, indicó.
Pero no solo se trata de apoyos económicos, pues sin una dinamización de la economía no se podrá impulsar a que la población sea capaz de cubrir sus propias necesidades alimentarias.
En ese sentido, Fuentes del IPE coincidió en que la mejor política para reducir la inseguridad alimentaria es impulsar el crecimiento económico. Por ello, la clave será “asegurar la sostenibilidad fiscal, impulsar el crecimiento económico, generar empleos e impulsar salarios”.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
