Las finanzas públicas vienen en un complicado momento desde hace unos años y la gestión de Dina Boluarte podría dejar como herencia incluso un tercer incumplimiento consecutivo de la regla de déficit fiscal, lo cual -ya han advertido distintos analistas- arriesgaría el grado de inversión.
En este contexto, debería ser una prioridad para el Gobierno de Perú el fortalecimiento de la recaudación fiscal, pero lo que destaca es la ausencia de anuncios de reformas estructurales en esa línea.
Por el contrario, lo que sí se dieron en estos años fueron incrementos significativos del gasto tributario, explicado en exoneraciones, devoluciones, inafectaciones, entre otros beneficios que significan miles de millones de soles que el país deja de percibir.
Las cifras que no suman
En este 2025, el gasto tributario potencial ascenderá a los S/ 24,010 millones, un incremento de S/ 156 millones respecto a su año previo.
El recientemente publicado Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 también estimó que, para el 2026, el Estado dejará de recaudar S/ 26,350 millones, un adicional de S/ 2,340 millones respecto a este año.
El monto total es equivalente al 2.16% del Producto Bruto Interno (PBI) y al 12.7% de la recaudación tributaria esperada. Estas serán las cifras que dejaría como herencia Boluarte a la gestión sucesora.
Considerando el 2022 como el primer año, en su totalidad, de la gestión de Pedro Castillo y Dina Boluarte, el gasto tributario potencial vio un aumentó desde los S/ 17,622 millones, casi un 50% en cinco años o un equivalente a S/ 8,728 millones.
Ahora bien, solo tomando en cuenta desde que asumió Boluarte como presidenta, el gasto tributario se elevó desde los S/ 20,354 millones en 2023, representando un incremento de casi 30% o de casi S/ 6,000 millones frente a la cifra que dejará para el 2026.
El Poder Ejecutivo no es el único con responsabilidad en este tema. El Congreso de la República ha propuesto -y aprobado- leyes que impulsan exoneraciones y beneficios tributarios, aún si el propio Gobierno se oponía.
En detalle, según cálculos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) que recogió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para este marco, el gasto tributario entre el 2021 y 2025 estuvo explicado, principalmente, por exoneraciones tributarias, representando el 54.1% del total.
Le siguieron las inafectaciones con más del 32% y luego aparecieron, por tipos de beneficios, las devoluciones con un 6.4% y el grupo de resto de mecanismos con un 6.8%.
Solo para el 2026, el Impuesto General a las Ventas (IGV) es lo que principalmente se dejaría de recaudar significando más del 75% del total. Por tipo de impuesto, más de S/ 4,645 millones responderían a exoneraciones de productos agrícolas, seguidas del IGV en la Amazonía con más de S/ 3,700 millones.
El segundo mayor impuesto corresponde al Impuesto a la Renta y el tercero son relacionados al “Ad Valorem”, donde está la devolución del drawback.
En tanto, observado por sectores, el principal gasto tributario potencial es de aplicación general, con más de S/ 9,500 millones (o un 36% del total). El sector agropecuario, por su parte, significa el segundo mayor sector que se ve alcanzado por estos beneficios tributarios, con más de S/ 6,700 millones (o un 25% del total).
Otros rubros que figuran son la intermediación financiera, educación, hidrocarburos, entre otros.
El documento también precisó que los S/ 2,340 millones adicionales de gasto tributario entre este y el siguiente año está explicado en un mayor impacto de la inafectación del IGV a los servicios de crédito bancario, la exoneración del IGV a la Amazonía, la exoneración del IGV a los insumos agrícolas y la inafectación del IGV a los juegos de azar y apuestas.
Contradicciones del propio Gobierno
“El déficit fiscal cerraría en alrededor del 2.5% del PBI [cuando el límite del Gobierno es de 2.2%]. Hay varias bombas de tiempo que está dejando la gestión de Boluarte y, en el 2026, se alcanzaría un 3% de déficit”, opinó Luis Alberto Arias, exjefe de la Sunat, sobre el panorama fiscal del Perú.
Arias indicó que las cifras presentadas en el marco son producto de que, en los últimos años, se vino dando una “farra fiscal”. Si bien indicó que este escenario per se ya es preocupante, advirtió que la realidad es peor porque no se están considerando todos los beneficios tributarios que puedan, eventualmente, entrar en vigencia.
“Se tiene una ley de promoción del turismo que implementa zonas económicas especiales, donde se exonera de todo tipo de impuestos a las agencias de viaje y turismo, hoteles, restaurantes, entre otros. La ley habilita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a crearlos por decreto supremo, es decir, en cualquier momento puede darse y no está cuantificado realmente”, indicó.
Arias agregó que también hay algunas propuestas que han sido observadas por el Ejecutivo y sobre las cuales el Legislativo podría insistir.
A esto sumó que algunos cálculos que se están realizando subestiman el impacto fiscal. Incluso, alineado con este aspecto, desde el Consejo Fiscal (CF) apuntaron que el MEF debe explicar los fundamentos por los cuales las devoluciones tributarias, entre 2025 y el 2029, se reducirían del 2.4% del PBI a un 2.0%. Esto, “considerando que en el pasado los errores de proyección de esta variable han generado desbalances fiscales importantes” de hasta 0.6% del PBI.
Además, desde el CF apuntaron una “clara incongruencia” entre lo expresado en el marco, de promover la racionalización de beneficios tributarios, y lo que terminan adoptando en el Ejecutivo.
“Desde 2023, se han publicado, al menos, 20 leyes con impacto fiscal, pero solo 11 fueron observadas. Resulta especialmente preocupante que no se haya observado la Ley 32219, que redujo el IGV para restaurantes y alojamientos turísticos, pese a que el MEF emitió una opinión desfavorable y estimó un costo fiscal de S/ 780 millones anuales”, observaron en el consejo.
Contradictoriamente, en el propio marco, el Gobierno reconoce que muchos gastos tributarios se prolongan en el tiempo sin una evaluación rigurosa de su impacto.
“Un ejemplo reciente es la ampliación, hasta 2027, de la reducción del IGV aplicable a restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, a pesar de que originalmente su vigencia debía culminar en 2024”, recordaron.
Espacios por revertir
Boluarte dejará como herencia un panorama fiscal ajustado, con lo que el nuevo Gobierno tendrá que revisar algunos beneficios tributarios otorgados. A partir de su impacto en general, Arias mencionó que debería revertirse el drawback, que brinda derechos arancelarios a favor de las exportadoras.
Otro a evaluarse es la exoneración del IGV a las pólizas de seguridad y de vida, pues su crecimiento viene siendo importante.
Precisamente, el documento gubernamental recogió que, según organismos como el FMI, la OCDE, el Banco Mundial y el BID, se debe racionalizar los gastos tributarios para concretar el fortalecimiento de la recaudación tributaria.
Sin embargo, también incide significativamente el rol que tenga el Congreso. “A partir de lo que pueda hacer este y el nuevo Congreso, esto pinta para convertirse en un mejor o peor escenario para las finanzas públicas”, mencionó Arias.
Desde el Consejo Fiscal también consideraron que, “resulta más urgente y con mayor impacto fiscal en el corto plazo, limitar la proliferación de leyes del Congreso que aprueban beneficios tributarios”.
En el documento del marco también recordaron las recientes advertencias del FMI sobre medidas aprobadas por el Congreso y su impacto fiscal. “Estas reducen la base tributaria y dificultan los esfuerzos de consolidación fiscal”, precisó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
