
A puertas de un nuevo proceso electoral, el Perú mantiene su fortaleza macroeconómica pese a los vaivenes políticos, pero el país enfrenta deterioros en diferentes frentes, advirtieron economistas y líderes empresariales durante el conversatorio “Perspectivas: Más allá de la turbulencia electoral” organizado por Gestión.
Si bien la economía peruana tiene un desempeño mejor al previsto a inicios del 2025, en los últimos años las autoridades han descuidado la parte fiscal, comentó Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE). Anteriormente el IPE había alertado sobre la posibilidad de incumplir con la regla fiscal este y el próximo año.
Ahora, teniendo en cuenta el desorden en las cuentas públicas tanto por decisiones del Poder Ejecutivo como del Congreso de la República, el riesgo de irresponsabilidad fiscal se ha incrementado. “No nos van a quitar la calificación crediticia este año, ni el siguiente, pero más adelante ya no pondría las manos al fuego”, comentó.
Aunque al igual que Macera, resaltó la resiliencia de la economía peruana, el exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza, Luis Miguel Castilla, sostuvo que el “talón de Aquiles” del Perú está en la debilidad de sus instituciones.
Para Castilla, los organismos reguladores -que en el pasado eran un ejemplo en la región- se han politizado y han transgredido funciones que no les competen.
“Hacen política sectorial cuando su función es otra, y eso es un problema que es un reflejo de este deterioro institucional. Hay muchos aspectos y muy pocas (instituciones) que se han mantenido, las que han logrado blindarse de todo este deterioro, pero el resto del Estado, incluyendo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha mostrado este declive y esta politización que pasa factura”, refirió.

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Inversión impactada
Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), coincidió en que el país atraviesa un proceso de deterioro institucional que afecta directamente la inversión pública.
En el país, indicó, se ha normalizado adjudicar proyectos sin estudios completos, entregar adelantos y luego paralizar las obras.
Además, sostuvo que, por ahora, en este periodo de transición, la prioridad debe ser no afectar lo que ya se tiene adjudicado y concentrarse en estructurar bien los proyectos para que el próximo gobierno reciba una cartera viable.
“Tenemos miles de proyectos en Invierte.pe mal formulados (..) Una cosa que se podría hacer en los próximos 6 meses es estructurar un buen proyecto para entregarlo al gobierno que viene. No es posible que todos los años entran una cantidad de proyectos, se empiezan a ejecutar y casi la misma cantidad de proyectos se dejan a mitad de la ejecución”, advirtió.
Para Roca, la solución pasa por fortalecer los organismos reguladores, profesionalizar la gestión pública y priorizar sectores críticos como agua, saneamiento, y educación.
El impacto no solo se ve en la inversión pública, pues la falta de institucionalidad también ha mermado la capacidad del Estado para generar condiciones adecuadas al sector privado, indicó Castilla. A eso, indicó, se suma la creciente fragilidad del marco legal.
“Nuestro país alegremente quiebra la seguridad jurídica. Éramos un país serio que cumplía sus compromisos, pero eso se está perdiendo, y sin seguridad jurídica no hay inversión de largo plazo”, señaló.

Desde el lado de las empresas, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, coincidió en que uno de los principales obstáculos para el crecimiento de la inversión es la situación política.
“Hay mucha expectativa por el país, pero si tuviéramos una estabilidad política más acorde con un país que camina o pretende caminar al desarrollo, esas inversiones se duplicarían o se triplicarían sin ningún problema”, sostuvo.
Además, Zapata apuntó que la informalidad sigue estancada debido a la excesiva regulación y la cantidad de exigencias que se ponen a las micro y pequeñas empresas.
En medio de esto, el presidente de Confiep consideró que las empresas deben involucrarse más en el debate de cara a las próximas elecciones 2026.
“Creo que los empresarios estamos hace mucho tiempo un poco replegados. Hago un llamado a que los empresarios sean mucho más protagonistas, se tiene que escuchar más la voz del empresario. Si no queremos participar directamente candidateando, se puede apoyar a la gente de buena fe, comprobadamente honesta, pero abiertamente”, añadió.
¿Qué esperar en el próximo gobierno?

Los expertos coincidieron en que el nuevo gobierno recibirá una economía con indicadores económicos fuertes en comparación con otros países de la región, pero con una institucionalidad débil.
Teniendo en cuenta que, pese a las limitaciones del último gobierno se logró una recuperación de la confianza empresarial, Macera señaló que si el próximo mandatario ofrece una mínima estabilidad, se podría reactivar el importante volumen de inversión embalsada que tiene el país.
“Del 2026 en adelante nos podría bastar con alguien con dos dedos de frente y que dé 5 años de estabilidad. Ojalá pudiera hacer la gran reforma laboral, tributaria, infraestructura, pero para mí la prioridad es la gran reforma del Servicio Civil”, sostuvo.
Por su lado, Castilla coincidió en que se requiere de estabilidad y permanencia de los cargos para llevar a cabo proyectos y políticas públicas razonables.
Además, consideró que la recuperación de la seguridad jurídica será clave para restablecer el interés por inversiones de largo plazo en el país.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.