Hace solo unos días, en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, los ministros del Gabinete de Ernesto Álvarez fueron a sustentar el pedido de facultades legislativas del Gobierno de Perú. El pedido no solo incorpora medidas para la seguridad ciudadana, sino también en materia económica.
Tal como ya había analizado Gestión, el pedido de facultades incorporó modificaciones al Código Tributario, ajustes al marco normativo vinculado a temas aduaneros, acelerar la liberación de predios, “un candado” para la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entre otros.
Es por ello que en la discusión también se incorporó la Comisión de Economía del Parlamento. De hecho, Constitución le envió un oficio para que opine sobre el artículo 3.2 del proyecto de ley del pedido de facultades: “En materia de crecimiento económico responsable”, que se conforma de 24 puntos.
En este contexto, Víctor Flores Ruiz, presidente de la Comisión de Economía, expuso brevemente en qué consiste cada punto y concluyó que: “(...) esta comisión considera pertinente otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en todos los numerales referentes al artículo 3.2., denominado ‘En Materia de crecimiento económico responsable’”.
Sin embargo, excluyó de la recomendación de aprobación a dos puntos:
- Uno, es el punto 3.2.1. que habla sobre modificar el Código Tributario para regular los intereses aplicables en la devolución de pagos indebidos o en exceso, los intereses y la forma de su cómputo respecto de las multas tributarias, así como los componentes de la deuda tributaria.
- El otro es el punto 3.2.7. que pretende modificar la Ley N° 29173, Régimen de percepciones del Impuesto General a las Ventas (IGV), y normas conexas, “solo respecto a facultar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con opinión favorables de la Sunat, para determinar nuevos supuestos de riesgo de aplicación excepcional del porcentaje de percepción de 10%”.
Con esto en mente, la Comisión de Economía aprobó con 12 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones el informe que sugería, con las excepciones antes expuestas, darle facultades legislativas en materia económica al Poder Ejecutivo.
