Desde el 2023 hasta este mes diversas bancadas han presentado hasta cinco proyectos que buscan modificar las condiciones bajo las cuales se aplica el cobro de peajes en diversas carreteras dadas en concesión por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Las iniciativas legales afectarían los contratos bajo los cuales operan no sólo las 16 concesiones viales a nivel nacional-bajo supervisión de Ositran-, sino también de las vías concesionadas en la capital.
Así, plantean, desde implementar rutas alternas a aquellas vías concesionadas, hasta aplicar lo que consideran “tarifas sociales” en ellas, o regular las distancias mínimas a las que deben ubicarse las garitas de cobro de peajes, entre otros.
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En un análisis que realizó ComexPerú sobre cada una de esas propuestas legales, ese gremio empresarial concluye en que desde el Legislativo se estaría intentando aplicar un “populismo” en la regulación del cobro de peajes.
Buscan se habiliten vías alternas en Lima
Una de las propuestas está contenida en el Proyecto de Ley 4024/2022, planteado por la congresista Digna Calle (Podemos Perú), que dispone la implementación de vías alternas en todos los peajes de Lima Metropolitana.
Esta iniciativa -objeta Comex- desconoce que, previo al otorgamiento de la concesión, se negocia y autoriza una tarifa que permita cubrir los costos de inversión, operación y conservación de la infraestructura vial, y que uno de los factores para fijar el precio de la tarifa es el volumen de tránsito.
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Por tanto, advierte, al proponerse la construcción de vías alternas se generan puntos de fuga que permitirían evadir el pago de los peajes, situación que podría afectar la inversión (de la concesión vial).
Se expondría al Estado a nuevos litigios
Es la misma problemática del Proyecto de Ley 11195/2024-CR (de Segundo Acuña, de Honor y Democracia), que establece la obligatoriedad de incluir en todas las concesiones de rutas terrestres una cláusula que obligue a implementar vías alternas a aquellas que contemplan el cobro de peaje.
Al respecto Comex refiere que, los contratos de concesión actualmente en ejecución ya cuentan con condiciones previamente establecidas, por lo que fijar nuevas cláusulas y condiciones generaría un incumplimiento que expondría al Estado a (nuevos) litigios de costos excesivos.
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Además, refiere, de habilitarse vías alternas, el Estado tendría que destinar presupuesto para la construcción de nueva infraestructura, que en muchos casos podría resultar inviable debido a la complejidad geográfica del país.
Plantean crear “tarifas sociales”
El tercer Proyecto de Ley que podría generar serias distorsiones en perjuicio de las inversiones en el país -refiere Comex- es el 7090/2023-CR (de Segundo Montalvo, de Perú Libre). Este propone establecer el criterio de “tarifas reales y sociales” para los peajes a nivel nacional.
El principal problema que presenta esta iniciativa –refiere Comex- es que introduce criterios adicionales para el ajuste de las tarifas, cuando dichas condiciones ya fueron previamente negociadas sobre la base de estudios técnico-económicos realizados antes de la celebración de los contratos de concesión.
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“Si lo que se busca es impedir incrementos no autorizados en las tarifas, la alternativa sería reforzar la etapa de evaluación y diseño previo a la concesión, a fin de establecer criterios técnicos claros sobre las fórmulas tarifarias y fortalecer la supervisión de Ositrán”, propone el gremio.
Piden se cobre sólo por telepeaje
El cuarto proyecto es el 9866/2024-CR (de Wilson Soto, de Acción Popular), que propone establecer que todos los cobros de tarifas se realicen exclusivamente mediante las modalidades de telepeaje y flujo libre.
Al respecto, Comex observa que, si bien la implementación de mecanismos más eficientes de recaudación y el uso de nuevas tecnologías deben promoverse, no se pueden imponer tales exigencias en contratos ya vigentes, pues ello desconocería las condiciones pactadas.
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Además, pide tomar en cuenta que la aplicación de estas modalidades requiere una adecuación a las características particulares de cada carretera, así como a los costos adicionales que su implementación demandaría.
¿Distancia mínima entre garitas?
La iniciativa más reciente es la del congresista Wilson Soto, que este 12 de agosto presentó el proyecto de Ley 12072, que propone se establezca una distancia mínima obligatoria entre estaciones de peaje.
Según ese proyecto, los peajes no podrán ubicarse a menos de cincuenta kilómetros del límite del radio urbano de las ciudades ni a menos de cien kilómetros de otro peaje existente en la misma vía.
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Sin embargo, refiere ComexPerú, no se cuenta en esa propuesta legal, con una justificación técnica que sustente la elección de dichas distancias.
En general, el gremio observa que los proyectos antes mencionados reflejan la intención de algunos legisladores de regular los peajes mediante propuestas que buscan evitar su pago o modificar contratos vigentes, motivados por coyunturas sociales y simples percepciones sin una evaluación juiciosa.
No obstante, advierte que, por falta de análisis técnico se corre el riesgo de una disminución en la calidad de los servicios concesionados y la generación de litigios por incumplimiento contractual, así como el impacto negativo en el presupuesto público destinado a obras para la ciudadanía.
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