:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/OO6ZNJAWOBHYVPUJJH2PH4GPMU.jpg)
El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus colectivo presentada contra Rutas de Lima (RDL) y ordenó a la empresa suspender el cobro del peaje en Puente Piedra, por -argumenta- “haberse vulnerado el derecho fundamental al libre tránsito de los residentes (del distrito) y de los usuarios que circulan por esa vía concesionada”.
Tras esta decisión, Rutas de Lima calificó de “arbitrario” fallo del TC sobre peajes y anticipó acciones legales. De hecho, la concesionaaria refirió: “La referida Sentencia es arbitraria y vulnera manifiestamente los derechos de RDL bajo el Contrato de Concesión, la Constitución peruana, las leyes y los tratados internacionales”.
Incluso, el mismo Brookfield -accionista mayoritario de la concesión RDL- rechazó en un comunicado lo que calificó como una “arbitraria sentencia emitida por el TC peruano”. Es más, destacó que se reserva todos sus derechos de acudir a las instancias internacionales competentes para proteger sus derechos.
LEA TAMBIEN: López Aliaga cuestiona a Villarán: “Está invadiendo espacio público”
Análisis
Roger Zavaleta, socio en Rebaza, Alcázar & De Las Casas, explica que el TC identificó una vulneración a la libertad de tránsito derivada de la ausencia de una ruta alterna que cumpla con los requisitos de proporcionalidad en términos de distancia y tiempo.
“La evaluación del TC destacó que las rutas alternas propuestas obligan a los habitantes a realizar recorridos irrazonables, como salir de Puente Piedra y transitar por otro distrito para retornar a su punto de origen, con el fin de realizar actividades cotidianas como ir al mercado o al hospital” dijo.
Indica que la sentencia suspende el cobro de peaje hasta que se cumpla una de dos condiciones: la implementación de una vía alterna que evite la necesidad de pasar por otros distritos y sea razonable en términos de distancia y tiempo, o hasta que se emita una sentencia penal por casos de corrupción relacionados con la concesión de las rutas de peaje.
LEA TAMBIEN: Poder Judicial: el 14 de marzo será audiencia contra Susana Villarán.
Implementación de la sentencia
En cuanto a la implementación de la sentencia, Samuel Abad, socio en Hernandez & Cia critica la falta de claridad sobre quién deberá construir la vía alternativa y la ausencia de un plazo definido para su realización.
Sugiere que, idealmente, la responsabilidad debería recaer sobre la municipalidad, no estando esta obligación contemplada en los contratos de concesión. Esta omisión genera incertidumbre sobre cómo y cuándo se resolverá el tema de la vía alternativa, pudiendo prolongar indefinidamente la suspensión del cobro del peaje.
“A corto plazo, los conductores se beneficiarán de la suspensión del peaje, pero la incertidumbre sobre la duración de esta medida y la futura infraestructura vial plantea interrogantes sobre los beneficios a largo plazo” dijo.
Samuel Abad concluye subrayando la importancia de una solución que equilibre los derechos al libre tránsito con las obligaciones contractuales y las responsabilidades municipales.
Destaca la necesidad de diálogo entre las partes para garantizar que las decisiones judiciales no solo sean justas, sino también prácticas y efectivas en la promoción del bienestar común y la infraestructura sostenible.
LEA TAMBIEN: Rutas de Lima sustenta viabilidad de ruta alterna en la Panamericana Norte.
Arbitraje
Sonia Queija, asociada senior en Rebaza, Alcázar & De Las Casas, menciona que la suspensión del cobro de peaje podría interpretarse como un incumplimiento del contrato de concesión firmado entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima.
“Este incumplimiento abre la posibilidad de que la empresa concesionaria inicie un proceso de arbitraje para reclamar indemnización por los daños y perjuicios sufridos debido a la decisión del TC” dijo.
Añade que el contrato de concesión establece dos vías para el arbitraje, dependiendo del monto reclamado. Para reclamaciones superiores a US$ 10 millones, el contrato prevé un arbitraje internacional de derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliación y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Si el monto es inferior a esta cifra, el arbitraje sería local, administrado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Esta diferenciación resalta la importancia de los mecanismos de resolución de disputas en los contratos de concesión y el papel que juegan en el mantenimiento de la seguridad jurídica y el fomento de la inversión privada en infraestructura pública.
Cabe recordar que hay un arbitraje en curso entre RDL y la MML.
LEA TAMBIEN: Anillo Vial Periférico contará con cinco peajes y vías alternas, esta es la propuesta
Queija explica que la expectativa de retorno económico a través de los peajes es un componente fundamental de estos contratos de concesión, que suelen incluir cláusulas que obligan a las municipalidades a asegurar la operación continua y el retorno financiero esperado por las empresas concesionarias.
La intervención del TC, aunque busca proteger derechos constitucionales como la libertad de tránsito, plantea preguntas sobre cómo se equilibran estos derechos con las obligaciones contractuales asumidas por las entidades públicas y privadas.
La posibilidad de un arbitraje plantea un escenario complejo para todas las partes involucradas, incluidos los ciudadanos, considera, ya que los costos asociados a estos procesos y las potenciales indemnizaciones pueden tener un impacto significativo en las finanzas públicas.
Además, las decisiones sobre arbitraje internacional tienen implicancias más allá del caso inmediato, afectando la percepción del clima de inversión en el país y la disposición de las empresas extranjeras a participar en proyectos de infraestructura en Perú.
La situación actual subraya la necesidad de buscar soluciones equilibradas que respeten tanto los derechos constitucionales como las obligaciones contractuales, enfatizando la importancia de la negociación y el diálogo entre las partes antes de recurrir al arbitraje.
La fase de trato directo obligatorio de seis meses, prevista por la ley para arbitrajes internacionales, se presenta como una oportunidad para que ambas partes encuentren un acuerdo mutuamente beneficioso y eviten las complejidades del arbitraje.
LEA TAMBIEN: López Aliaga sobre peaje de Rutas de Lima: el TC está definiendo el futuro del pueblo.
TE PUEDE INTERESAR LEER:
- TC por unanimidad ordena a Rutas de Lima suspender el cobro de peaje de Puente Piedra
- Fiscalía evaluará si partido A.N.T.A.U.R.O. incurre en conducta antidemocrática
- Procuraduría reitera pedido al Poder Judicial para tener jueces exclusivos en casos Lava Jato
:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/1c6a0366-8d24-4e2b-acdc-da52b129e891.png)
Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ocupa la posición de redactor en el área de Economía en el Diario Gestión.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.