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El alto comisionado para el combate a la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, informó que se ejecutaron más de 720 operativos de interdicción durante el 2024 en distintas regiones del país, que permitieron la incautación y destrucción de bienes destinados a esta actividad valorizados en más de S/ 2,230 millones.
La Policía Nacional del Perú (PNP), el Ejército del Perú y la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), con el acompañamiento de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, fueron las instituciones que intervinieron en la lucha contra la actividad minera ilegal.
Durante la primera quincena de diciembre se registraron 21 intervenciones en diversas zonas de las regiones Madre de Dios, Piura, Amazonas, Huánuco y Loreto, que permitieron la interdicción de bienes, cuyo valor supera los S/ 17 millones.
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Por otra parte, el 22 de diciembre se efectuó un operativo en el distrito de El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, donde se incautó y destruyó bienes y materiales evaluados en S/ 24 millones.
García Esquerre anunció que para el próximo año las acciones que se impulsarán desde el Estado para erradicar la minería ilegal estarán bajo nueva estrategia nacional, el cual tendrá carácter integral y que ha sido elaborada por una comisión multisectorial de naturaleza permanente.
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“La nueva estrategia no se limitará a la interdicción de las dragas o de las bocaminas. Enfrentará múltiples aspectos y partes de la cadena de valor de la minería ilegal, y pondrá énfasis en la necesaria formalización, el impulso de actividades económicas alternativas y la trazabilidad de materiales”, indicó el alto comisionado.
La comisión multisectorial para la lucha contra la minería ilegal se creó en diciembre del 2023 con el fin de realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de esta actividad ilícita y recuperación del ambiente. Este equipo se reúne de manera periódica y reporta informes cada 15 días al Premier Gustavo Adrianzén, quien monitorea de manera permanente la lucha contra esta actividad ilegal.
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