El Gobierno de Dina Boluarte emitió este fin de semana una serie de medidas para enfrentar la crisis financiera que atraviesa la empresa estatal Petroperú.
El Ejecutivo ha asumido la responsabilidad de recuperar a la compañía, que en diciembre de 2023 acumulaba una deuda de US$ 6,112 millones y pérdidas de US$ 800 millones, de acuerdo con datos proporcionados por la propia empresa.
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Según informó el primer ministro Gustavo Adrianzén la situación de Petroperú es el resultado de gestiones anteriores y que el Gobierno ha emitido un decreto de urgencia con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la empresa y asegurar el suministro de combustibles en todo el país. El plan incluye la implementación de una nueva gobernanza para la estatal.
Entre las principales medidas, se contempla una reducción del 10% en los gastos de la empresa para el periodo septiembre-diciembre de 2024, y una disminución adicional del 30% para el año 2025.
Además, la agencia estatal Proinversión será la encargada de gestionar la venta de inmuebles que no sean necesarios para las operaciones petroleras de la compañía.
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El proceso de reestructuración de Petroperú estará supervisado por una oficina externa de gestión de proyectos, que será responsable de diseñar y gestionar el proceso de transformación integral de la empresa.
Esta oficina contará con facultades de representación legal y estará a cargo de un proveedor privado.
Asimismo, se ha decidido ampliar el plazo para las operaciones con garantía de endeudamiento de Petroperú hasta el 31 de julio de 2025, con un monto de hasta US$ 1.000 millones destinado a financiar capital de trabajo. El primer ministro Adrianzén subrayó que este monto no constituye una inyección de capital por parte del Estado.
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El Gobierno también ha decidido capitalizar el Apoyo Financiero Transitorio que fue otorgado a Petroperú en mayo de 2022, por un monto de US$ 750 millones, destinado a cubrir parte de la deuda que la empresa tiene con el Estado.
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asumirá las obligaciones de un préstamo de hasta 800 millones de dólares que la empresa mantiene con el Banco de la Nación para financiar capital de trabajo.
El decreto de urgencia emitido por el Ejecutivo establece medidas extraordinarias para enfrentar la difícil situación de Petroperú, cuyo directorio renunció en pleno a principios de esta semana tras declarar la “insostenibilidad financiera” de la empresa.
Petroperú, que opera varias refinerías en el país, incluida la recientemente construida en la ciudad de Talara, también gestiona el Oleoducto Norperuano y es responsable de la distribución de combustibles en regiones altoandinas y zonas aisladas de la Amazonía, donde no llegan las empresas privadas.
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