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La decisión del Congreso de la República de modificar la ley de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) representa un retroceso en la calidad de la educación superior en el Perú, que compromete su competitividad y crecimiento, señaló Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas.
El Pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles un proyecto de ley que incorpora a representantes de universidades públicas y privadas en el consejo directivo de la Sunedu, gracias a lo cual decidirán tanto en el licenciamiento universitario como en la creación de filiales y sedes. El proyecto fue presentado en noviembre pasado por Esdras Medina (Renovación Popular), quien durante el debate argumentó que la norma iba a permitir recuperar “una verdadera autonomía”.
Castilla señaló que lo aprobado por el Congreso va en contra de los objetivos para la mejora de la calidad en la educación, la cual explica el rumbo de la productividad y empleabilidad de la mano de obra, factores que determinan el crecimiento futuro.
“Hoy en día el crecimiento potencial del país se ha reducido de 6%, que era hace una década, a 2%, y se explica en parte por los problemas de productividad laboral, en donde un factor clave es la calidad de formación de la mano de obra. Esto es un retroceso y suma al estancamiento que sufre el país”, indicó el también director de Videnza Consultores.
En el mismo sentido, Juan José Marthans, director de Economía de la Escuela de Dirección PAD, mencionó que la autorregulación de las universidades deteriora los esfuerzos para mejorar la base de profesionales, lo que finalmente impacta en la productividad y el avance de la actividad económica del país.
“La calidad de los profesionales ya está comprometida. Una de las deficiencias de Perú es la baja productividad, y no se realizan políticas para mejorar la calidad de capital humano. El país demanda mayor calificación a nivel técnico y estamos lejos de cubrir eso“, señaló el también ex jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Por su parte, Castilla indicó que la productividad laboral explica también los ingresos que recibe la población, por lo que se esperaría que de la medida se deriven menores salarios y oportunidades de empleo.
Mencionó, además, que la reducción de la pobreza también se vería afectada negativamente, pues esta depende de, entre otros factores, la mejora en la calidad educativa y el crecimiento.
“La medida ataca a uno de los elementos fundamentales de largo plazo que determina el crecimiento del país, y si este es competitivo. Ello afecta por supuesto a la trayectoria de la reducción de la pobreza. Es posible incluso que se amplíen las brechas al interior del país, pues lo alumnos que logran educarse en países vecinos tendrían más remuneraciones”, apuntó.
OCDE y calificaciones de riesgo
Castilla mencionó que la reforma “aleja” a Perú de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues ellos observan la calidad de las políticas públicas.
Cabe resaltar que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó, a fines de enero, que el Consejo de la OCDE , integrado por sus 38 Estados miembros, decidió invitar al Perú a iniciar el proceso de adhesión a dicha organización.
“Es paradójico que en el año que nos invitan a formar parte de la OCDE, es el año de contrarreformas. Además de esta reforma educativa y degradación en la administración pública, también se están tomando medidas inadecuadas en seguridad social por los retiros de los fondos de las AFP”, señaló Castilla.
Marthans advirtió que este tipo de decisiones también son observadas por las calificadoras de riesgo, y podrían gatillar nuevas revisiones a la baja en la calificación crediticia.
La calificación crediticia en moneda extranjera a largo plazo del Perú fue rebajada recientemente por Standard & Poor’s (S&P) desde ‘BBB+’ a ‘BBB’, la segunda calificación más baja en grado de inversión. El año pasado fueron Fitch Ratings (a ‘BBB’ desde ‘BBB +’) y Moody’s Investors Service (de A3 a Baa1) las que realizaron un “downgrade”.
“Si bien no la analizan de forma puntual, las calificadoras hacen un análisis integral, en donde decisiones como esta o la del retiro de los fondos de pensiones son negativas para sostener la calificación. Es una pésima señal al mercado y en los próximos doce meses se evaluará nuevamente nuestra calificación del riesgo soberano, poniendo más en duda el ritmo de recuperación del producto. La OCDE también nos bajaría el dedo”, indicó.
