Un nuevo paro de transportistas se daría esta semana. Pese a la declaración de estado de emergencia en 13 distritos de Lima y Callao, los transportistas continúan sintiéndose desprotegidos ante el incremento significativo de las extorsiones.
“No podemos circular porque nuestra vida está en riesgo. No vamos a poder circular hasta que la Policía Nacional del Perú (PNP) nos dé una garantía o un patrullaje permanente (...) este jueves 3 de octubre nos sumaremos al paro que están haciendo los transportistas, un paro nacional”, declararon algunos representantes guardando su identidad, la mañana del sábado 28 de septiembre, vía Canal N.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, señaló que el panorama que se observa es crítico y la expansión de este delito evidencia la poca prioridad que le ha dado el Gobierno a combatirla.
“Antes fueron los bodegueros, también los comerciantes de Gamarra y, ahora, las extorsiones llegaron al transporte público, a las mototaxis. El patrón es que van hacia los negocios donde el efectivo circula rápidamente”, indicó. Desde Gestión también realizamos una radiografía de las extorsiones en el sector construcción.
Radiografía
Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, señaló que el sector transportes, solo en Lima, genera directamente alrededor de S/80 millones diarios. Esto considera el tránsito de transporte público, de camiones y de buses interprovinciales. El monto concerniente al bus es un poco inferior.
“Se estima que un bus de transporte público puede generar hasta S/1,000 diarios. Considerando solo el ámbito urbano y Lima Metropolitana, se registra un impacto directo de alrededor de S/20 millones diarios por una paralización. Ahora, considerando que no fue paro en su totalidad en Lima y que hay un efecto multiplicador sobre la actividad económica, como afectación a la productividad, el impacto del paro de jueves habría sido de S/50 millones”, detalló.
Odar recordó que el sector transporte, en general, cumple un rol transversal en la economía por sus diferentes roles, como el traslado de personas, de alimentos, de insumos; y también sus impactos indirectos en otras actividades.
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A su turno, Ojeda explicó que, en parte, el avance de la extorsión en el sector del transporte urbano se debe a la informalidad e ilegalidad que existe en el país.
“La desgracia del transporte urbano se debe al falso “chalequeo” y, ante esta crisis, se debe separar la paja del trigo. Si vamos a luchar contra la extorsión, debe tenerse en cuenta que es en paralelo a erradicar la ilegalidad”, comentó Ojeda.
Según estimó, en el transporte formal en Lima Metropolitana se realizan 11 millones de viajes cada año, aproximadamente. Esto considera al Metropolitano, su servicio complementario y el Metro de Lima. El transporte ilegal, por su parte, realiza alrededor del 20% de dicha movilización: poco más de 2.2 millones de viajes. Aquí están, por ejemplo, las minivans y otros colectivos informales.
“Calculemos, de manera muy conservadora, S/2 por cada viaje. Con los 11 millones de viajes, tenemos S/22 millones. ¿Cuánto está perdiendo el sector automotriz por la ilegalidad, informalidad y, ahora, las extorsiones?”, planteó.
Para Ojeda, como medida inicial, el Gobierno debe brindar una buen partida presupuestal a la PNP para atender esta problemática. Además, observó que, desde el Congreso de la República, deben considerar con quienes finalmente se terminan reuniendo, pues en las movilizaciones se han infiltrado varios representantes de del transporte informal e ilegal. “Algunos están buscando la anarquía”, subrayó”.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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