Posiciones divididas. Aunque la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra) anunció una paralización de sus servicios de transporte urbano de pasajeros en Lima y Callao para este jueves 6 de febrero, los gremios que agrupan a empresas dedicadas al transporte de carga en camiones decidieron no plegarse a esa medida de fuerza.
La posibilidad de sumarse a esa paralización de gremios que prestan servicio informal la analizó la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones – UNT Perú, días antes.
Sin embargo, el presidente de UNT-Perú, Javier Marchese, refirió a Gestión que su asociación, tras analizar esa posibilidad, acordó no participar ni apoyar el paro de grupos de transportistas informales.
Vale recordar que la UNT-Perú encabezó paralizaciones de transportistas de carga a nivel nacional años atrás, la última a inicios del 2023, en que, junto a otros gremios de sectores formales e informales, mantuvo bloqueos de vías que se prolongaron por más de una semana.
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¿Por qué no se plegarán?
Marchese explicó que optaron por no unirse al paro, debido a que actualmente, como parte de una alianza empresarial de transportistas formales que formaron con otros gremios, están en diálogo con el Gobierno, a fin de que se atiendan diversos reclamos de sus agremiados.
Detalló que ya tuvieron reuniones con autoridades del Ministerio del Interior y de Transportes y Comunicaciones (MTC) y con el titular de la Presidencia de Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Mientras se mantenga esa negociación, no pueden tomar otra decisión, como acatar un paro.
El dirigente señaló que, en su reunión con el Premier, le aclaró que los transportistas de carga también son víctimas de extorsión, pero no sólo a manos de los delincuentes, sino también de autoridades en diversos niveles de Gobierno.
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“Le aclaré al Premier que la de los delincuentes es una extorsión más porque nosotros sufrimos extorsión (también) de parte de las municipalidades, que nos intervienen y buscan pretexto para cobrarnos”, aseveró Marchese.
Agregó que le reclamó al primer ministro que también -aparentemente- sufrirían extorsión de parte de los gobiernos regionales y de la Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancías). Refirió que las autoridades de esos sectores buscarían entorpecer su labor y de cobrarles por los brevetes o cualquier otro motivo.
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Sin liquidez
“Sufrimos extorsión de la Sunat con respecto a los impuestos porque estamos pasando situaciones desastrosas: no tenemos liquidez para pagar y la Sunat se nos viene encima embargando los activos”, aseveró.
Inclusive reclamó que son también afectados por decisiones que toma el Poder Judicial, pues según la normativa vigente, en casos de accidente con daños personales, sus vehículos quedan “secuestrados” en garantía, sin considerar que existe una póliza de seguro de por medio.
“Además, si se detecta algún producto de contrabando en el vehículo, el camión queda en garantía ante el delito cometido por el chofer, pero se está afectando a la empresa de transportes”, fustigó.
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“Por último, cuando una persona sufre un accidente con daños personales, hasta la cuarta generación (del empresario de transportes) sus hijos, hermanos, padres, abuelos y nietos no pueden generar una nueva empresa de transportes”, complementó.
En tal sentido, indicó que sus reclamos apuntan a la derogatoria o modificación de diversas normas y que, aún cuando ven un avance lento en la atención a sus demandas, perciben que el Gobierno tendría la intención “de arreglar las cosas”. Precisó que esperará a fines de este mes para tener resultados antes de evaluar medidas de protesta.
De otro lado, Juan Carlos León, asesor del Gremio de Transportes y Logística (GTL), que también agrupa a transportistas de carga, confirmó que esa agrupación también decidió no plegarse al paro de este jueves 6 de febrero.
Refirió que no acatarán la medida de fuerza porque se están abriendo canales de comunicación tanto con el Ministerio del Interior como con la Policía Nacional para trabajar agendas de trabajo (con miras a atender sus reclamos).
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