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Una nueva norma que generaría un gasto millonario se aprobó en el pleno del Congreso. Se trata de la autógrafa de ley que dispone el pago en favor de docentes activos, cesantes y contratados, de la bonificación por preparación de clases y otros beneficios dispuestos en el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029.
Así, el Estado tendría que pagar una bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total; otra bonificación por desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión, equivalente al 5% de su remuneración total; y una tercera bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente.
Según el Consejo Fiscal, estos beneficios se han venido pagando solo por sentencia judicial, que en muchos casos han omitido sentencias del Tribunal Constitucional, opiniones de Servir y la posición del MEF de que no existe deuda pendiente por la vía administrativa.
Costo millonario
La entidad fiscal advierte que ahora, la autógrafa aprobada por el Congreso, amplía la base de cálculo de los beneficios a la remuneración total y relaja la exigencia de una sentencia judicial para el pago de estos beneficios, menos aún en calidad de cosa juzgada.
Esta situación generaría la obligación de atender automáticamente el pago de estos beneficios para aproximadamente 400, 000 personas que estuvieron bajo el régimen de la Ley del Profesorado entre 1990 y 2012.
Según estimaciones del Ministerio de Educación (Minedu), una disposición de este tipo tendría un costo fiscal de aproximadamente S/ 42,000 millones (4.4% del PBI previsto para 2022), lo cual supera el presupuesto total de todo el sector educación del de este año que asciende a poco menos de S/ 39,000 millones.
“El Consejo Fiscal considera criticable que estas propuestas, con un claro efecto presupuestario, hayan recibido dictamen de inhibición por parte de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, y que en el correspondiente debate en el pleno solo hayan participado dos congresistas, además del presidente de la Comisión de Educación”, señaló la entidad.
El Poder Ejecutivo debe observar la autógrafa de ley
Para el Consejo Fiscal, el Poder Ejecutivo tendría que considerar una eventual observación de la norma mencionada porque ha sido aprobada sin un análisis riguroso sobre sus implicancias presupuestales y fiscales y vulnera los artículos constitucionales. La entidad fiscal enumera tres temas que fueron vulnerados por el Congreso. El primero de ellos es el equilibrio del presupuesto público, seguido de la prohibición al Parlamento para crear o aumentar gastos públicos; y, la competencia de administrar la hacienda pública al Poder Ejecutivo.
Considera que este tipo de propuestas, de cuestionable sustento y en contra de la opinión de órganos competentes (MEF, Minedu, Servir), son contrarias a los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal.
Para recordar
- Antecedente. El Congreso de la República ya aprobó una norma que implicará un gasto de S/ 42,000 millones al Estado, como es la devolución de los aportes al Fonavi.
- Insistencia. En aquella ocasión, el Poder Ejecutivo observó la iniciativa y presentó una propuesta viable presupuestalmente, pero el Congreso decidió insistir con su propuesta.