Otorgar buena pro puede tardar hasta cuatro veces el plazo inicial en regiones

El nivel de ejecución de los recursos para obras, a septiembre del 2024, —devengado sobre presupuesto— ascendió al 56.3% en los gobiernos regionales y al 44.9% en los locales.

Esto representa un incremento de 52% en los gobiernos regionales y de 20% en los locales, respecto a lo ejecutado a septiembre 2023. Sin embargo, en el tercer trimestre trimestre, se ha observado una desaceleración en el crecimiento de la inversión pública subnacional, respecto al observado en el segundo trimestre del 2024.

Por tanto, si bien existe un aumento de la inversión pública, es relevante sostener su ritmo de crecimiento y, para ello, es necesario reducir los múltiples problemas alrededor del ciclo de inversión de un proyecto.

LEA TAMBIÉN: Miraflores ya no flexibilizará parámetros para promover viviendas sostenibles, ¿por qué?

Retrasos

En la planificación y formulación de proyectos de inversión, uno de los problemas corresponde a la demora en las adjudicaciones de los proyectos de inversión. Al respecto, un indicador que aproxima los retrasos en la adjudicación de las inversiones subnacionales es el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) trimestral, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC).

En detalle, se analizaron 778 proyectos de un total de 952 proyectos convocados por una muestra de unidades ejecutoras de los gobiernos subnacionales al tercer trimestre. El ratio de adjudicación (número de proyectos adjudicados/número total de proyectos) fue de 81% que es mayor respecto al ratio de adjudicación a similar periodo del año pasado (75%).

Los resultados también revelan que los retrasos en los proyectos ascendieron a un 107% adicional del plazo programado para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, es decir, más del doble del tiempo previsto inicialmente.

LEA TAMBIÉN: Cinco nuevos corredores comerciales se generarían en Lima, ¿en qué zonas?

Gobiernos regionales y locales

En los gobiernos regionales, el ratio de adjudicación fue de 76%. En cuanto al indicador de retrasos, al tercer trimestre, 21 regiones cumplieron con las condiciones de análisis, tardando en promedio 25 días más (107% más) en otorgar la buena pro en relación con lo programado.

Lo anterior implica un mayor nivel de retraso en relación a similar periodo del 2023, cuando los retrasos ascendieron a 94%. Por regiones, Puno presentó el mayor retraso (351%) y a esta le siguen Cusco (317%) e Ica (228%). En contraste, Tumbes no registró retraso.

Respecto a los gobiernos locales, el ratio de adjudicación fue de 85%. En cuanto al indicador de retrasos, estos se demoran en promedio 19 días más (107% más) para otorgar la buena pro en relación con lo programado.

Lo anterior implica una ligera reducción del nivel de retraso en relación con similar lapso de tiempo del año pasado, cuando los retrasos ascendieron a 110%. Al 30 de septiembre de 2024, las municipalidades de Arequipa presentaban el mayor retraso (200%) en 19 proyectos analizados. A estas le siguen las municipalidades de Lambayeque (186%) y las municipalidades de Loreto (175%). Por otro lado, las municipalidades de Amazonas tuvieron el menor retraso (20%).

LEA TAMBIÉN: Campaña navideña: Inseguridad afecta contratación de personal en mypes, ¿es significativa?

Conclusiones

Los resultados del IRGP trimestral muestran que, en promedio, los gobiernos regionales y locales tardan más del doble de lo planificado en otorgar la buena pro a un proyecto, siendo este valor mayor a lo observado al promedio del tercer trimestre del 2023.

En ciertos casos, las demoras son de hasta de cuatro veces en algunos gobiernos regionales, como Puno (351%), y en algunos gobiernos locales, hasta tres veces como en Arequipa (200%). Asimismo, el ratio de adjudicación subnacional promedio al tercer trimestre (81%) es mayor a similar periodo de 2023 (75%).

Los retrasos observados son, en promedio, mayores en comparación también con el segundo de trimestre de este año, cuando se alcanzó un 104% en promedio. Esto ha impactado negativamente en el crecimiento de la inversión pública, ya que, entre el segundo y tercer trimestre de 2024, la inversión pública subnacional pasó de crecer, en promedio, 41.5% a 36%.

LEA TAMBIÉN: Piura solo tiene agua para un mes, advierte EPS Grau

Recomendaciones CPC

Frente a ello, urge implementar medidas que mitiguen los cuellos de botella, especialmente en la etapa de adjudicación, donde se observan preocupantes demoras a nivel subnacional. Así, desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) se insiste en tres puntos.

1. Diseñar una metodología para la habilitación de recursos para proyectos de inversión durante el transcurso del año fiscal.

La propuesta consiste en desarrollar una metodología que permita identificar criterios objetivos para la selección y priorización de proyectos, garantizando la continuidad de los proyectos. Esto limitaría que se amplie la cartera de proyectos manejados por las entidades subnacionales, permitiendo que se concentren en la gestión de los que ya se encuentran en cartera.

De hecho, la OECD (2022) menciona que, en el Perú, las modificaciones presupuestarias son más significativas y frecuentes que en el cualquier país OECD. En consecuencia, las constantes modificaciones presupuestarias limitan el debate inclusivo y dificultan una visión global del gasto, lo que reduce la efectividad del presupuesto para priorizar gastos estratégicamente.

Frente a ello, la OECD recomienda que es esencial analizar, cuantificar y hacer muy transparente las modificaciones, los montos iniciales, modificados, ejecutados a niveles de agregaciones relevantes.

Al respecto, en febrero de 2024, se aprobó la Directiva 0001-2024-EF/50.01 que establece lineamientos para modificaciones presupuestarias, indicando los lineamientos para la anulación y habilitación de recursos de un proyecto. Sin embargo, en marzo de 2024, se promulgó el DU 006-2024, que a través de su artículo 2 dejó sin efecto estos criterios.

LEA TAMBIÉN: El atractivo de invertir en empresas de construcción: ¿una oportunidad para los jóvenes?

2. Agregar proyectos de alto impacto, escalándolos mediante gatillos y utilizando las mejores prácticas internacionales.

Así, los proyectos que impacten de manera significativa en el ámbito productivo y social —por ejemplo, cierren brechas de condiciones mínimas territoriales— deberán ser encargados a unidades ejecutoras especializadas —a nivel regional o nacional— que cuenten con las mejores prácticas internacionales y con facilidades para la ejecución de los proyectos.

La creación de estas unidades especializadas se gatillará en caso de que los gobiernos locales no ejecuten sus recursos de manera eficiente. Finalmente, se plantea que la infraestructura generada a partir de la implementación de esta medida pase a ser adjudicada para su operación y mantenimiento por parte de Proinversión vía Obras por Impuesto (OxI) o APP.

LEA TAMBIÉN: Obras por Impuestos busca superar los S/ 3,500 mlls. en adjudicaciones

3. Utilizar mecanismos distintos a la Ley de Contrataciones (LCE) que incorporen las mejores prácticas internacionales para las obras de gran envergadura.

Se propone que para las obras que por escala y necesidades técnicas requieren de un proceso distinto a la LCE se propuso utilizar: el mecanismo de G2G, y proyectos especiales de inversión pública (PEIP) para aquellos proyectos que impliquen la intervención en un territorio que incorpore diversas competencias (por ejemplo, para proyectos en corredores mineros o ejes logísticos).

Al respecto, el único PEIP creado corresponde al sector educación, el cual ejecutará 75 escuelas en nueve regiones del país, para lo cual suscribió un contrato G2G con el Reino Unido en noviembre de 2021. En el 2023, el PEIP ejecutó el 96,3% de sus recursos (S/1.258 millones) en la construcción de 27 Escuelas Bicentenario. A octubre de 2024, ha entregado 20 escuelas, representando un avance del 27%.