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La última semana Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) emitió un comunicado declarando su rechazo a un informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre un presunto perjuicio al Estado peruano por incumplimiento del contrato de concesión del aeropuerto de Juliaca, señalando que carece de sustento técnico y además que habría sido planteado por personal sin experiencia en el tema.
La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, señaló que el caso de Juliaca es uno de “una larga lista de actuaciones de la Contraloría” que considera “poco felices”, y que vienen observando desde el 2011 hasta el presente año.
Para ella, este accionar estaría sobrepasando las funciones de Ositrán e interfiriendo en sus labores supervisión de las inversiones en infraestructura de transporte de uso público que se dan en Asociaciones Público-Privadas (APP).
En principio, remarcó que el organismo regulador está abierto a las acciones de control, rendición de cuentas o entrega de información que realiza y les solicita la CGR, respecto a las 36 concesiones (de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles) que supervisa Ositrán.
“En lo que no estamos de acuerdo es con que la Contraloría, en determinadas oportunidades pretenda sustituirnos en nuestras propias funciones, y que no le corresponden”, aseveró Zambrano.
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Interpretación de contratos
La referencia, según explicó, es que en ocasiones funcionarios de la CGR interpretan los contratos, pero al hacerlo, desconocen la interpretación que realizan los funcionarios de Ositrán, sustentados en su propia discrecionalidad, conocimiento técnico y experiencia.
Tal discrecionalidad la aplican estos últimos, según refirió, en las ocasiones en que los contratos no cubren todas las ocurrencias que pueden suceder en el periodo de la concesión, y que no están contemplados en esos acuerdos contractuales.
Sin embargo, reclamó que los funcionarios de la CGR denuncian supuestos incumplimientos ante los medios, cuando sus criterios no coinciden con los de los técnicos del organismo regulador, “y quieren establecer los criterios de supervisión, lo cual no es su función”.
¿Qué pasó en el aeropuerto de Juliaca?
Citó como ejemplo el más reciente el caso del aeropuerto de Juliaca (Puno), para el cual, debido al avance en el deterioro de su pista de aterrizaje por falta de mantenimiento de Corpac, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) había recomendado su rehabilitación integral.
Tal recomendación, refirió, seguía estándares básicos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la autoridad aeronáutica de EE.UU., que estaban considerados en el contrato de concesión.
Sin embargo, indicó que funcionarios de la Contraloría cuestionaron que el concesionario no hubiera realizado labores de mantenimiento rutinario a esa pista, como también establece pero en forma referencial el contrato, cuando para Ositrán eso no resolvía el problema de fondo (el grave deterioro de la pista).
Sin experiencia
En este caso, la mayor preocupación del citado organismo regulador es que los tres funcionarios de Contraloría que emitieron el informe con estos supuestos incumplimientos de la supervisión de Ositrán, no tenían experiencia en aeropuertos y no cumplirían los perfiles técnicos.
“Que nos supervisen personas (de Contraloría) sin esa experiencia es inaceptable. Tenemos temor de ejercer nuestro tecnicismo, porque va a venir una persona sin criterio técnico a observarnos, eso no puede ser, algo está funcionando mal en el Estado”, reclamó.
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Otros casos
Otro caso similar ocurrido años atrás, anotó Zambrano, se presentó a raíz de una interpretación que Contraloría realizó al contrato de concesión del puerto de Paita (Piura), desconociendo la existencia de obras adicionales, y que son complementarias a las obras obligatorias (que debía hacer el concesionario).
El sustento de los funcionarios de Contraloría, comentó, fue que había una opinión que emitió ProInversion donde indicaba que lo deseable sería que todas las obras fueran obligatorias, pero que Ositrán no tomó en cuenta porque no era opinión vinculante y no formaba parte del contrato.
La funcionaria insistió en que estos son algunos de varios casos que se presentan desde hace más de una década, por interpretaciones que realizaría Contraloría, y que, según refirió, han llevado a que se inicien procesos administrativos, civiles y penales contra cerca de 50 funcionarios de Ositrán.
Francisco Jaramillo, gerente de supervisión y fiscalización de Ositrán, agregó que, si bien el Tribunal de la Contraloría le dio la razón y archivó el caso por supuesto incumplimiento de control en el cambio de personal de una empresa supervisora de un tramo de la Interoceánica Sur que le atribuyó el organismo de control, el caso hasta ahora continua en el fuero civil.
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Evalúan medidas para defender sus fueros
Esa situación en general, añadió Zambrano, genera temor y un malestar entre los funcionarios de Ositrán, y de alguna manera afecta sus tareas de supervisión. Frente a lo cual indicó que el organismo regulador que preside va a evaluar acciones jurídicas o legales a aplicar para defender su competencia y sus fueros.
“(Lo estamos evaluando) porque tenemos un mandato dado por ley que debemos cumplir de manera idónea, y no puede ser que otra entidad del Estado ejerza funciones paralelas y nos veamos mermados en esa competencia”, sentenció.
¿Qué responde la Contraloría?
En tanto, en respuesta al comunicado de Ositrán antes mencionado, la Contraloría indicó a Gestión que se ratifica en su informe de cumplimiento que reveló presuntas deficiencias en el mantenimiento rutinario de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Juliaca.
Indicó que su principal preocupación es el riesgo que significan las deficiencias de la supervisón (del regulador) para la seguridad operacional del terminal aéreo y de los pasajeros.
La Contraloría explicó que uno de los hechos que sustentaron la decisión de ejecutar el control posterior fue el cierre de operaciones del aeropuerto que se produjo durante 49 días, entre abril y octubre de 2022, por el estado crítico de los pavimentos de la pista de aterrizaje que afectó los vuelos.
Recalcó que, en el informe se reconoce que desde el 2011, el pavimento de la pista de aterrizaje se encontraba deteriorado, situación que no restaba la obligación del concesionario de efectuar el mantenimiento rutinario.
Añadió que ello tampoco restaba la obligación del regulador de supervisar que tal mantenimiento rutinario sea ejecutado conforme a la periodicidad establecida en el Contrato de Concesión, “la misma que no es referencial sino obligatoria, lo cual no ocurrió en el presente caso, tal como ha sido objetivamente verificado por la comisión auditora”
Además, Contraloría enfatizó que dicha comisión auditora estuvo integrada por profesionales con experiencia y estudios en servicios de control o en inversiones bajo la modalidad de APP “cuya actuación se desarrolló en cumplimiento del principio de objetividad que regula el control gubernamental”.
Sin embargo, la entidad no respondió a consultas de Gestión sobre los reclamos en general de la presidenta de Ositran, en el sentido de que la Contraloría -más allá del caso del aeropuerto de Juliaca, al que citó como ejemplo-, estaría sobrepasando desde el 2011 las funciones de ese organismo supervisor, al realizar interpretaciones a los contratos de concesión, lo que -como indica Verónica Zambrano líneas arriba- es tarea de esta última entidad, y por tanto, afectaría sus labores de supervisión.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.
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