El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) publicó la propuesta de revisión tarifaria para la playa de estacionamiento vehicular del nuevo Terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC), a fin de equilibrar los intereses del Estado, inversionistas y usuarios.
La propuesta establece una tarifa máxima para vehículos ligeros de S/ 6 por los primeros 45 minutos y S/ 8 por cada hora o fracción adicional, incluido el IGV.
Esta estructura tarifaria considera el tiempo efectivo de permanencia de los vehículos en la playa de estacionamiento, buscando reflejar el comportamiento de los usuarios y promover una mayor eficiencia en el uso del espacio.
El ente regulador empleó una metodología de tarificación comparativa (benchmarking), establecida en el contrato de concesión, que compara tarifas de estacionamientos similares en Lima y Callao.
Además, se incorpora la disponibilidad de sistemas de pago POS como un nuevo indicador de calidad, facilitando así el uso de opciones de pago digitales y modernizando el servicio.
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Este proceso, iniciado a solicitud de Lima Airport Partners (LAP), determinará si se ajustan las tarifas vigentes desde marzo de 2016 (S/ 5.20 por los primeros 45 minutos y S/ 7 por hora o fracción adicional, incluido el IGV), tomando en cuenta las características del nuevo terminal y los precios del mercado.
Cabe destacar que la propuesta inicial de LAP planteó una tarifa de S/ 9.90 por hora o fracción para vehículos ligeros, incluyendo IGV.
Tras la publicación de la propuesta de revisión, el Ositrán convocará a una audiencia pública para transparentar el proceso y recibirá comentarios hasta el 8 de enero. Posteriormente, analizará los comentarios recibidos, realizará los ajustes necesarios y emitirá una resolución que establecerá la tarifa definitiva.
Tal como lo determina el contrato de concesión del AIJC, el compromiso del organismo regulador es contar con una tarifa para el inicio de operaciones del nuevo terminal.
Ante la falta de quórum del Consejo Directivo, la Presidencia Ejecutiva aprobó el inicio de este procedimiento como medida de emergencia, de esta manera, se asegura que los usuarios paguen un precio justo, comparable con el mercado limeño, que refleje la calidad de la infraestructura y el servicio ofrecido.
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