Norma perjudicaría a seis contratos de concesión viales, las cuales se encuentran bajo modalidad autofinanciada. (Foto: GEC)
Norma perjudicaría a seis contratos de concesión viales, las cuales se encuentran bajo modalidad autofinanciada. (Foto: GEC)

En pasado miércoles 29 de abril, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa de ley aprobada por el Congreso de la República, la cual disponía la suspensión del cobro de peajes a nivel nacional.

Sin embargo, en la víspera, la Junta de Portavoces del Congreso el debate de la observación presentada por el Ejecutivo, con lo cual el Congreso acelera este proceso, pues ahora la insistencia será debatida directamente en el Pleno.

Ante ello, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), mostró su preocupación al respecto, puesto que el último párrafo de la iniciativa legislativa, indica que en el marco de la suspensión de cobro de peajes, no se puede generar ningún derecho compensatorio.

En diálogo con , presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, indicó que este punto específico perjudicaría a 6 contratos de concesión viales, las cuales se encuentran bajo , es decir, dependen del ingreso de los peajes para realizar los trabajos de mantenimiento y operación.

De este modo, indicó que de aprobarse el proyecto de ley en mención, estas 6 empresas concesionarias no podrían obtener ingresos por los peajes, generando pérdidas a las empresas concesionarias y el Estado.

“Más o menos entre las 6 concesiones dejarían de recaudar alrededor de S/ 690,000 por día y el Estado deja de recaudar S/ 124,000, a razón del IGV que deja de pagar”, sostuvo.

Indicó que la pérdida que asumirán las empresas sería el costo por día que tomarán como referencia para argumentar que están siendo perjudicados.

“Con ese párrafo, lo único que está generando es una posibilidad efectivamente de conflicto, primero que internamente se genera la posibilidad de que ellos (las empresas) reclamen porque es un párrafo inconstitucional, porque no permite que se ejerza el derecho de petición, que expresamente señala que cualquier persona puede formular peticiones y que se analice sus caso a efectos de que pueda estudiar si tiene razón o no”, afirmó.