Dentro del proceso de formalización de mineros informales -que dio un paso con la depuración del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem)-, un eslabón débil en la lucha contra la minería ilegal lo constituye la trazabilidad a las plantas procesadoras de oro a nivel nacional en el Perú.
Así lo observa la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en un análisis que realizó junto a expertos, y tras el cual concluye en que el uso del Reinfo y el vacío normativo existente, han convertido a algunas plantas procesadoras de minerales en canal para legalizar el oro de origen ilícito.
La referencia es a plantas de beneficio que brindan servicios a terceros o cuentan con una pequeña concesión en proceso de formalización, y que se dedican al acopio y procesamiento del mineral extraído, para, a través de procesos físico químicos o mecánicos, maximizar la recuperación del mineral útil.
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¿Cuántas plantas procesadoras operan?
En el país existen cerca de 360 plantas formales -tanto de explotación, como de beneficio- que extraen y procesan el mineral de la mediana y gran minería, en tanto existen otras 174 también formales que prestan su servicio a la pequeña minería y la minería artesanal.
Sin embargo, aquellas plantas que procesan oro para la minería informal, se han visto multiplicada en los últimos cinco años, llegando a más de 8,000 hasta meses atrás.
Tras la depuración del Reinfo que realizara el Minen en agosto último, -excluyó no solamente a cerca de 50 mil mineros informales que no habían cumplido requisitos para permanecer en ese registro, sino a poco más de 6,000 plantas de beneficio que les prestaban servicio.
De esa forma, hoy quedan en ese registro 30,000 mineros por completar su proceso de formalización, pero, además, los operadores de 2,328 plantas de beneficio que acopian la producción de los primeros.
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Plantas son clave para la trazabilidad
La SNMPE da a entender que (al ser receptores del mineral que extraen los mineros informales o ilegales) esas plantas son actores clave para garantizar la trazabilidad, es decir determinar si proceden de una actividad formal o al margen de la ley.
Sin embargo, indica que el problema es que operan bajo un marco normativo débil que facilita la inserción del oro ilegal en algunos circuitos formales.
Según Iván Arenas, director de la consultora Diálogo Social -que participó en el análisis del gremio minero energético-, las referidas plantas procesadoras de oro operan con una trazabilidad mínima, que se limita a cumplir requisitos formales, sin garantizar su origen legal.
Explica que la mayoría de esas plantas lo que hace es comprar el oro a terceros, y sólo se fijan si el productor tiene inscripción vigente en el REINFO y cuenta con ficha y RUC al día.
“Pueden decir: ‘Yo le compro a tal minero con documentos’, pero eso no garantiza nada sobre el origen del mineral; puede ser oro ilegal, pero como hay un documento que lo respalda, se convierte en oro legal para la planta”, añade.
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Más de 100 TMF sin origen conocido se exportan
Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), estima que un poco más de 100 toneladas de oro de origen ilegal se estarían exportando por vías formales, debido a que hay plantas de procesamiento que acopian oro, y que, al amparo del Reinfo logran “lavar” el metal obtenido al margen de la ley.
Más aún, según pudo advertir Gestión, de acuerdo con el Anuario Minero 2024 del Minem, el último año el Perú produjo 108.15 toneladas métricas finas (TMF) de oro, pero exportó 200.56 TMF, es decir que ese sector estaría reconociendo, implícitamente, que, en efecto, exportamos el doble de lo que producimos, es decir más de 100 toneladas cuyo origen la entidad no explica.
Perú exportó más de 200 toneladas de oro el 2024, cuando ese año formalmente el Minem sólo registró 100 toneladas.
Este año, a junio, según el último boletín del Minem, el ministerio reporta una producción de 52 TMF de ese metal precioso, un 14% más que igual periodo del 2024, y que va a la par del incremento a niveles históricos en su cotización.
Este último factor, refiere a Gestión Marcial García Schreck, experto en minería de EY Perú, ha incentivado a que los mineros ilegales se sigan expandiendo, de tal forma que incluso han invadido áreas aún en exploración y producen allí en pequeña escala, lo cual genera una distorsión en la información que arroja ese ministerio, que solo reporta minería formal.
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Informales entre las “top 10″
Henry Luna, actual director de catastro minero del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), refirió a Gestión que, de entre las diversas plantas procesadoras (que atienden a pequeños mineros y mineros informales) que no existían hace cinco años, dos de ellas están ya entre las diez principales productoras de oro en el Perú.
Para los expertos que menciona la SNMPE, la solución podría estar en la propuesta de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) en la parte que plantea un sistema de trazabilidad interinstitucional.
No obstante, Luna recordó que esa propuesta legal comprende solo a los mineros formales y a los pequeños o artesanales que ya son formales o que se hayan formalizado, por lo cual consideró que la trazabilidad se debe aplicar en forma general, es decir a los formalizados, como a la artesanal, pequeña, mediana y gran minería.
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¿Quién podría asumir la trazabilidad?
Luna, quien hasta hace poco fuera viceministro de Minas, remarcó que, mientras no se haga un análisis geológico (que permita determinar el origen del mineral extraído) siempre se estará hablando de una trazabilidad teórica.
Puso como ejemplo que en algún momento el Minem recibió una propuesta estadounidense de suscribir un convenio a fin de realizar la trazabilidad del oro en Madre de Dios, pero que ello no prosperó, porque ese ministerio no tiene ningún especialista en esos temas.
En tal sentido, consideró que dicha trazabilidad se podrá realizar siempre y cuando se cuente con la participación del Ingemmet -ente adscrito al Minem- en esa tarea, pues se requiere realizar la caracterización geológica de todas las zonas auríferas, que permita determinar el probable origen del oro que ingrese al mercado.
No obstante, dio a entender que un tema a resolver es que ese instituto esté en capacidad presupuestal para asumir nuevas tareas, pues durante el gobierno de Pedro Pablo Kuzcynski se le retiraron los ingresos propios que generaba por los pagos por derecho de vigencia por las concesiones mineras, y penalidades, que ahora son ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
