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Ha transcurrido más de un mes del levantamiento de la cuarentena general implementada para contener el COVID-19 y del inicio de la fase 3 de reactivación económica. Al día de hoy, los casos de coronavirus se mantienen al alza y el factor de contagio (R) se ha incrementado. Así las cosas, ¿la apertura fue una medida correcta?
“Es una decisión que tuvo que tomar el Gobierno. Correcta o no, no lo sabemos. Las evaluaciones y críticas de un proceso tan dinámico se tienen que hacer al final”, considera Celso Bambarén, asesor de Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Sin embargo, el especialista agrega que “no hay que asustarnos si tenemos que avanzar y retroceder. Hay que entender que la emergencia es un proceso dinámico y que los ajustes se hacen sobre la marcha, especialmente con un virus nuevo que tiene menos de un año de existencia en el planeta”.
Ayer, el presidente Martín Vizcarra anunció el retorno de la inmovilización social obligatoria a nivel nacional los domingos. Por la noche se publicó un decreto supremo que agregó 36 provincias y seis regiones al régimen de cuarentena total.
Según una presentación del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del 9 de agosto, la sala situacional se encuentra en un proceso de revisión y armonización de los casos y defunciones por COVID-19 reportados por el nivel nacional y por las Diresas y Geresas. El documento indica 21,276 decesos confirmados por coronavirus y 9,678 sospechosos de COVID-19, que en total hacen 30,954 fallecimientos bajo vigilancia. Hasta esa fecha, el Sinadef dio cuenta de 52,585 decesos.
Sistema de salud
Bambarén considera que la pandemia ha expuesto las principales “fallas de origen” del sistema de salud peruano, que son principalmente dos: segmentación y fragmentación.
“La seguridad social, los seguros privados, las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) y los gobiernos regionales, cada uno acopia el dinero en fondos distintos y cuentan con redes de salud diferentes. Esta segmentación genera una fragmentación del sistema y de la respuesta a la emergencia, situación que se ha tratado de superar con la creación de un comando unificado (Comando COVID-19)”, precisa.
El representante de la OPS comenta que existe un financiamiento público muy bajo en el sector salud por lo que “las fallas no se pueden superar en un solo gobierno con un periodo de tiempo tan corto”. Sin embargo, destaca la ampliación de camas hospitalarias y la oferta en unidades de cuidados intensivos (UCI). “Este es un hito importante que hay que remarcar. Esperamos que continúe por buen camino, no solo para la emergencia, sino para que el sistema sanitario pueda superar sus carencias en los próximos años”. Hasta ayer, según la sala situacional, el total de camas UCI era de 1,606 y 1,460 tiene el ventilador ocupado.
Bambarén agrega que otro de los principales problemas que enfrentan las acciones contra el COVID-19 es que la estructura de las normas en el país no contempla mecanismos de emergencia, lo que ralentiza el despliegue de acciones desde el Estado.
“Es la historia de los desastres en el Perú. Ante cada suceso se tienen que emitir una infinidad de normas para poder establecer mecanismos de emergencia o fast track. Entendemos que la corrupción es un tema importante. Por supuesto que lo es, pero no podemos estar persiguiendo a los funcionarios públicos en una situación de este tipo porque paraliza la respuesta”, indica.
Sector privado
Celso Bambarén considera que la apertura económica era necesaria. “No había otra forma de hacerlo. No son fáciles las decisiones que debe tomar un gobierno, colocar la situación en una balanza y decidir: ¿mantenemos todo cerrado y la economía se sigue afectando o tratamos de abrirla poco a poco?”.
“En este punto el sector privado tiene la labor de colaborar con el Estado, proteger a sus trabajadores y ser flexibles. Entonces las empresa deben diseñar estrategias que permitan a los trabajadores mantenerse en teletrabajo, hacer sus labores en lugares seguros y no en condiciones decadentes, además de brindarles los medios para protegerse y proporcionar un manejo de horarios adecuado para evitar aglomeraciones”, indica.
Respecto al conflicto que se suscitó ente las clínicas y el Estado en torno a la cobertura y admisión de pacientes con COVID-19 en estado grave, Bambarén considera que “el Gobierno fue muy respetuoso del sector privado, por más que hay normas nacionales que facultaban a tomar medidas más drásticas. Afortunadamente se puso ingresar a un proceso de negociación, aunque hay parte de responsabilidad del sector privado por los precios que cobran por medicamentos”.
“Entendemos que hay un ánimo lucrativo, pero no se puede lucrar en una emergencia. Es un tema de responsabilidad empresarial. Y son los propios gremios peruanos vinculados a comercio e industria los que deben valorar cómo han actuado sus socios”, concluye el asesor de la OPS.