El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se ha enrumbado en lo que llama un escenario de reflexión regulatoria. “Queremos mejorar todo nuestro instrumental regulatorio con el objetivo de ser más eficientes y eficaces”, dice Johnny Marchán Peña, presidente del organismo.
Esto se hace necesario en un contexto donde en cinco años pasarán de 20,000 a casi 40,000 unidades fiscalizables, pues se les transferirá las acciones de fiscalización de al menos nueve sectores.
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-En entrevista con Gestión, la ministra del Ambiente resaltó la fiscalización de los compromisos sociales. ¿Qué alistan en este sentido?
Dentro de este escenario de reflexión regulatoria, en que nos encontramos, está la mejora de metodologías de evaluación y fiscalización. Justamente, la metodología de fiscalización de compromisos sociales es una de ellas.
Los instrumentos de gestión ambiental incluyen compromisos ambientales y compromisos sociales. La acción de fiscalización la ejercemos sobre esos dos componentes. Siempre ha sido así.
-¿Por qué se quiere revisar la metodología de fiscalización de compromisos sociales?
Hay que reconocer que las exigencias ambientales son cuantificables, y a partir de un análisis de laboratorio podemos determinar si se cumple o incumple con la norma técnica; se puede ser bastante objetivo. Pero, no es lo mismo con los compromisos sociales.
Por ejemplo, un compromiso social en un instrumento de gestión ambiental de una minería podría ser: “mejorar el desarrollo de la población”. Pero no se aclara bien a qué se refiere. O, " desarrollar un programa de monitoreo”, sin que se precise hasta dónde llegan las competencias del equipo de monitoreo. No necesariamente se puede cuantificar, con lo cual se puede perder objetividad.
-¿Cómo impacta el cambio de metodología a otras instituciones vinculadas a instrumentos de gestión ambiental?
Es importante que nosotros acotemos esta metodología internamente, pero lo que buscamos en realidad es que lo que definamos sirva para retroalimentar la aprobación de estos instrumentos de gestión ambiental, la modificación de alguno existente; y eso lo realizan otras instituciones, ya sea Senace o algunos ministerios que todavía tienen la competencia de certificar estos instrumentos de gestión ambiental.
Hemos conversado con todos los actores, con empresas, líderes de comunidades, con certificadores, con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (hace un par de semanas) sobre el plan piloto que hemos empezado, y todos están de acuerdo.
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-¿En qué consiste ese piloto?
Es un piloto de tres fases: una primera fase de evaluación, llámese diagnóstico, y una propuesta metodológica; una segunda fase para entrar en campo a supervisar con esta nueva metodología, escenario controlado; yuna tercera fase para retroalimentar lo que hemos ensayado en campo para finalmente formalizarlo a través de una guía, una metodología, de repente un reglamento.
-¿Dónde se están haciendo los pilotos?
El proyecto se enfoca en varias unidades fiscalizables. Minería: Inmaculada (Compañía Minera Ares S.A.C.), Quellaveco (Anglo American Quellaveco S.A.) y Planta de Óxidos (Óxidos de Pasco S.A.C.); hidrocarburos: Lote 88 (Pluspetrol Perú Corporation S.A.) y refinería de Talara (Petroperú S.A.); industria: Planta Atocongo (Unacem Perú S.A.); e infraestructura: Relleno Sanitario El Zapallal (Innova Ambiental S.A.).
-¿Cuándo se podría tener una nueva metodología para fiscalizar los compromisos?
En plazos, la primera etapa, que es diagnosticar y proponer una metodología de supervisión, que la debemos terminar en agosto de este año. Los cuatro meses siguientes, que sería hasta diciembre, lo vamos a emplear para ejercitar la metodología en estos siete proyectos emblemáticos. Entonces, diría que en el primer trimestre del año siguiente deberíamos estar ya formalizando o aprobando el marco normativo.
-La titular del Ambiente también habló de un ranking de mineras que cumplen con sus compromisos ambientales. ¿Cómo avanza?
El ranking lo vamos a elaborar nosotros. Dentro de este escenario de reflexión regulatoria, una de las cosas que queremos introducir en el sector ambiente son estos cuadros de comparación.
Queremos identificar algunos indicadores o variables posibles de comparar, no nos interesa ingresar a datos de confidencialidad, pero sí datos de interés público. Sobre la base de ese set de indicadores, hacer una comparación. Todavía no los tenemos. Este proceso está siendo acompañado por especialistas y expertos del BID, del BM, hay interés de instituciones de este tipo para generar una herramienta que sea útil para confirmar que las empresas cumplen lo que dicen cuando se trata de materia ambiental.
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-¿Cuándo estarán listos los indicadores?
Ya hemos empezado, mucho del ejercicio es académico y queremos recoger experiencias de otros países, que no hay mucha. Por eso nuestro interés de trabajar con estos bancos que tienen expertos a nivel mundial. Deberíamos terminar a fin de año con la metodología bien definida. Seguramente será necesario formalizarla a partir de la inclusión en algún reglamento del OEFA y esa es una ruta que vamos a seguir.
-¿Qué otros cambios se prevén en el marco de esta reflexión regulatoria?
Hay varios aspectos por mejorar. Si algo queremos, es que lo que hagamos como entidad fiscalizadora sea predictible. Esa predictibilidad la logramos con las reglas claras. Hablábamos de que se alista una nueva metodología para supervisar compromisos sociales, eso tiene que estar escrito y debidamente regulado.
Estamos trabajando en procedimientos de fiscalización conjuntos con el Osinergmin y con otro regulador del sector pesca, con el objetivo de compartir elementos que nos permita mejorar la gestión de riesgos.
También proponemos que se cree un fondo que sirva para responder rápidamente al daño ambiental, a fin de que no nos pase una situación similar a la del caso del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Eso queremos que esté debidamente regulado.
-¿Quién lo administraría?
Eso se está debatiendo actualmente, puede ser el Minam a través de sus direcciones generales, siempre hay alguna especializada en la materia. Podría ser OEFA, pero habría que evaluar que no seamos juez y parte.
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-¿Cómo se une la tecnología a posibles cambios que esté pensando el OEFA?
Hay diferentes maneras, como la puesta en funcionamiento de algunas herramientas informáticas. Por ejemplo, estamos trabajando en una aplicación informática para que los grifos se autoregulen. Tenemos poco más de 4,000 grifos a nivel nacional.
-¿Podría dar más detalles sobre este último punto?
Se generaría una app donde ellos reporten su cumplimiento ambiental, conforme su instrumento de gestión. Tendríamos la información en tiempo real. La idea es que esta herramienta informática evalúe –apoyados en la IA– lo que el administrado está ingresando, confirme el cumplimiento o gatille el posible incumplimiento para que sea corregido rápidamente. Las visitas de campo no dejarán de hacerse, pero solo cuando sean estrictamente necesario. En general, queremos generar herramientas similares para otros subsectores.
Transferencia de funciones fiscalizadoras
El OEFA es el encargado de la fiscalización ambiental en el Perú. Ejerce funciones de fiscalización ambiental en los sectores de minería, energía, pesquería, agricultura, infraestructuras de residuos sólidos, industria manufacturera y comercio interno, así como la fiscalización del registro nacional de consultoras ambientales a cargo del Senace.
Ahora se transferirá al OEFA las funciones en materia de fiscalización ambiental de los subsectores Transportes; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Comunicaciones; Salud; Defensa; Justicia; y Educación y Cultura.
Al respecto, el presidente del organismo, Johnny Marchán, recordó que, por ejemplo, la transferencia de Transportes y Comunicaciones iniciaría en el segundo trimestre del 2025 y sería una de las que más tiempo tomaría. “Deberíamos tardar más con el MTC, por la dimensión, por la cantidad de proyectos que ellos tienen en proceso y por la dinámica de este sector”, refirió.
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Minería e hidrcarburos con las mayores multas
En los primeros cuatro meses del año, las multas firmes impuestas por el OEFA sumaron 163,996 UIT, es decir, S/ 811.8 millones. Estas se concentraron sobre todo en dos sectores: minería e hidrocarburos.
Por departamentos, Loreto encabeza la lista con multas por 55,386 UIT, seguida de La Libertad (50,957 UIT), Lima (15,990), Cajamarca (7,559) y Junín (7,425).
Incumplimiento del instrumento de gestión ambiental, incumplimiento de medidas administrativas, no efectuar monitoreos (en el plazo, alcance y/o frecuencia), entre otros, son algunas de las infracciones más frecuentes.
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Caso Repsol
Tras casi un año y medio desde el derrame de petróleo de la empresa Repsol en Ventanilla, el presidente del OEFA comentó que continúan monitoreando la zona para verificar que ya no existe hidrocarburo en las áreas que fueron afectadas.
Recordó que en enero se encontraron 10 playas que tenían presencia de hidrocarburos (el monitoreo se realizó solo en playas por la temporada), en febrero se hallaron 18 lugares de 71 revisados. “Un aumento porque la muestra era más grande”, dijo. En marzo y abril se encontraron cinco playas con presencia de hidrocarburos. Y, ahora, están a la espera de los resultados de mayo, los que podrían revelar más zonas con presencia de este elemento.
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