El presupuesto público asignado para el 2023 es de más de S/ 214,000 millones, del cual alrededor del 33% se dirigirá a las nuevas administraciones regionales y locales.
La cifra asignada a los gobiernos regionales, según la ley de presupuesto público para el siguiente año, es de S/ 42,200 millones, mientras que para los gobiernos locales o municipios es de S/ 29,000 millones. Estos montos, en comparación a los que se asignaron inicialmente en el primer año de gobierno (2019) de los aún gobernadores y alcaldes, tienen marcadas distancias.
El aumento del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para las administraciones regionales que se estrenan en enero es de 41% (18% en términos reales a soles del 2009, es decir, descontada la inflación), mientras que para las municipios es de 50% (25% real).
En conjunto, como gobiernos subnacionales (regional y municipal) el incremento del presupuesto es de 44% (20% real).
De manera desagregada, la asignación para el gasto de capital en regiones subió en 80% al pasar de S/ 6,900 millones a S/ 12,500 millones (variación real de 50.8%). Por su parte, para gobiernos locales se elevó en 71%, de S/ 8,200 millones a S/ 14,000 millones (variación real de 43%).
Respecto del PIA del 2022, la variación fue de 16% para regiones y de 38% para municipalidades. En cuanto al gasto de capital, la variación fue de 45% y 80%, respectivamente.
Juan Jose Marthans, director del área académica de Economía del PAD de la Universidad de Piura, indicó que el mayor presupuesto responde a una dinámica usual, que no necesariamente trae grandes resultados respecto del cierre de brechas.
Destacó que si bien la actual administración nacional genera “mejores sensaciones” en cuanto a lo técnico, no espera que se mejore mucho respecto de cómo lidiar con la mala gestión que arrastran los gobiernos subnacionales.
“El mayor presupuesto no demuestra nada. De los gobernadores y alcaldes electos no hay mucha oferta de perfiles técnicos. El problema también es de mediano y largo plazo, pues no se supera la mala organización del Estado, y esto se acentúa cuando hay nuevas autoridades. Se tiene que demandar una nueva ley de descentralización y reorganizar los gobiernos regionales y municipales para empezar“, indicó.
Capacidad para solventar el gasto del Estado
El economista Carlos Adrianzén ve un riesgo en la reducción de los términos de intercambio (principalmente por el lado del cobre) y en la menor capacidad para solventar el gasto del Estado.
Los términos de intercambio, según proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR), caerían en 10% en el 2022, y 6.6% en el 2023. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera una caída del 1.9% en el 2023, según su último Marco Macroeconómico Multianual (publicado en agosto).
Según BBVA Research, los menores precios de metales (y menor demanda interna) moderarán los ingresos fiscales (lo que tiene repercusión en los niveles de déficit fiscal), en línea con lo dicho por otros analistas.
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“La buena recaudación que se tuvo fue por el repunte de los términos de intercambio, pero ahora son mucho menores, y este es un componente con el que se predice el tamaño del gasto. Es posible que, a pesar de esto, se quiera gastar, para lo cual se tenga que tomar deuda, la que sería cara en este contexto. Con peores precios, y bajo crecimiento, no es halagadora la perspectiva sobre la recaudación y es más complejo desde el punto de vista fiscal”, dijo Adrianzén.
Ejecución apuntaría a seguir siendo deficiente
A pesar de los saltos que ha habido en el presupuesto público, la ejecución no es la ideal si se toma como referencia el avance del presupuesto ejecutado de los gobiernos subnacionales en proyectos en lo que va del año.
En particular, los gobiernos regionales han ejecutado solo el 62% de presupuesto (PIM) asignado a proyectos, mientras que los municipios solo el 61%. Estos niveles de gobierno representan el 68% de la asignación presupuestal total para estos fines.
Si se analiza por función (en qué se gasta), aquellos que no superan un avance del 50%, en el caso de gobiernos regionales, son los rubros de salud (48.9%), protección social (46%), comunicaciones (21%), minería (22.9%), industria (44%) y energía (41.9%). Para gobiernos locales, los ramas con menor avance en ejecución son pesca (49%) y comercio (41%).
Para Marthans la figura sería similar el año entrante. “Además de la entrada de nuevas autoridades locales, en promedio de los últimos 30 años el gasto en inversión pública no pasa del 70%, y esto es más por problemas de índole estructural tanto a nivel local como regional, y eso no se va a solucionar en este gobierno de transición. En suma, lo que se ejecuta no se hace de manera eficiente por temas de corrupción”, afirmó.
Datos
- La inversión pública caería 8% en el 2023, según BBVA Research. El Banco Central de Reserva (BCR) espera un crecimiento de 0%.
- El presupuesto público asignado para el siguiente año es 9% mayor al PIA del 2022.
Detalle
El cálculo de las variaciones reales tomó como referencia el IPC publicado por INEI con base en el 2009 (índice=100) y las proyecciones de inflación del BCR para el cierre del 2022.
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