
El nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) no iniciará operaciones este 30 de marzo, como se tenía previsto luego de postergar la primera fecha contractual de fines de enero. Así lo dio a conocer el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes.
“Tomando en cuenta lo evaluado, es claro que la obra no tiene el 100% de lo que se requiere para entrar en operaciones. En materia de infraestructura está al 99.5% (…) Consideramos que, por lo tanto, el 30 de marzo no debe entrar en operaciones el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez”, indicó en conferencia.
Incluso, el ministro agregó que no pondrán una nueva fecha de inicio de operaciones. “Es claro que lo acordado anteriormente no fue cumplido del todo. Tenemos que esperar que Lima Airport Partners (LAP) lo haga en el plazo más breve”, precisó. “Cuando se sepa [la fecha luego de todas las validaciones], lo anunciaremos para las dos semanas siguientes (...) Esta vez no queremos hablar de fechas”, añadió.
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En la misma línea, Pérez Reyes comentó que el concesionario, LAP, deberá elaborar un nuevo cronograma con las nuevas fechas de pruebas, esperando que le hagan llegar antes de fin de mes.
Detrás de la postergación del nuevo aeropuerto
El ministro de Transportes englobó en tres principales razones la decisión de postergar sin fecha conocida el inicio del nuevo terminal aeroportuario.
En primer lugar, enfatizó que desde el MTC no pudieron validar la realización de las “pruebas avanzadas”, que simula un proceso aeroportuario real, como el desplazamiento, despegue y aterrizaje de los aviones, lo que permite una verificación plena de toda la infraestructura.
“El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) nos envió un oficio e indicaron que las pruebas avanzadas deben simular un proceso aeroportuario real con personal capacitado, infraestructura operativa, integración de sistemas críticos y que garanticen la puesta de operaciones seguras. Esto no se ha cumplido”, apuntó.
Otro aspecto fue que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), encargado de validar las condiciones de operaciones para el suministro de combustible, que se realiza de manera subterránea, observó que todavía hay una serie de pruebas por revisarse, principalmente, relacionada a la detección de fallas y fugas. “No tenemos certeza que se va resolver en 15 días”, agregó.

Mientras que el tercer apunte, precisado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), es que “más allá de que las obras estén terminadas, tiene que asegurarse que los procesos estén engranados como un reloj”.
En este punto, Donald Castillo, director general de la DGAC, detalló que, si bien cuenta con un certificado de operaciones, el nuevo terminal del aeropuerto requiere de una actualización por ser distinto, pero el proceso está “en ciernes”.
“Hay una serie de observaciones como operador aeroportuario, es un tema administrativo y operativo (...) El nuevo terminal del aeropuerto no está mal hecho, pero deben seguir haciéndose pruebas satisfactorias”, añadió.
Pérez Reyes subrayó que, con estas condiciones, no puede emitir dicho certificado.
¿Qué ocurrirá con LAP?
Consultado por la prensa, Pérez Reyes apuntó que la responsabilidad de este aplazamiento es únicamente de LAP, que deberá levantar las observaciones.
“Si me plantean la pregunta de quién es el responsable [de que no inicie operaciones el nuevo aeropuerto], es Lima Airport Partners (LAP). Esto no se está abriendo porque ellos no han podido cumplir con las pruebas que debieron haber hecho y resuelto”, señaló.
Sin embargo, bajó la gravedad del señalamiento al agregar que “esta situación no convierte a la empresa en mala, sino que solo las condiciones [para abrir el nuevo terminal del aeropuerto] no están dadas”.
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“LAP tiene que hacer mejoras para levantar las observaciones. LAP sabe cuál es su negocio y lo que tiene que hacer, que es pasar la excelencia [en la gestión de la] concesión actual al nuevo terminal del aeropuerto”, complementó.
A su turno, Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, recordó que LAP caerán en incumplimiento contractual el 31 de marzo, abriendo un escenario para la aplicación de sanciones y penalidades.
“[En Ositrán] tendremos que esperar que llegue el 30 de marzo para levantar información, pedir descargos, que [LAP] tenga derecho a la defensa, que comunique qué ha pasado, qué perspectiva tiene, qué incumplieron, qué consideran que no lo hicieron y, en base a ese proceso, se establecerán sanciones de corresponder”, anotó.
Zambrano detalló que las sanciones oscilan entre las 0.7 y 12 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada día de incumplimiento. Esto es hasta un máximo de S/ 64,200 diarios.
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Postura desde AETAI sobre Jorge Chávez
Frente a esta situación, Carlos Gutiérrez, de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), observó que LAP no ha considerado el factor de predictibilidad y que, ahora, corresponde verificar si cumplieron con su obligación contractual de entregar la terminal en condiciones adecuadas
“Tendríamos que conocer la fecha con la mayor anticipación posible. Es difícil poner un plazo, considerando que los pasajes se comercializan con un año de anticipación, pero seis meses de antelación serían ideales. LAP no ha considerado el factor predictibilidad”, precisó.
Asimismo acusó una falta de transparencia por parte de LAP, lo cual observaron anteriormente. “Es parte de la falta de transparencia, que en algún momento hemos solicitado y exigido al LAP, respecto de los avances que se venían dando en esta obra, y que, lamentablemente, hemos visto que no la tienen”, agregó.
“Como gremio, lo principal es tener un terminal operativo en el país, pero al mismo tiempo es necesario que esa puesta en marcha sea con los más altos estándares de seguridad para todos los involucrados, especialmente para el público usuario. Se ha hecho por partes, pero no a profundidad para estrechar todos los sistemas y equipos dentro del terminal”, complementó.

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.