La tarde de este martes 8 de julio, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República de Perú, presidida por Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) tuvo una quinta sesión extraordinaria para abordar, atropelladamente, el debate y aprobación de una nueva Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, también conocida como la Ley MAPE y que reemplazará, en la práctica, al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), donde la minería ilegal se camufla, según lo que ya han advertido distintos actores del sector.
Luego de más de cuatro horas de debate sin encontrar mayores consensos, Gutiérrez decidió someter a votación la propuesta “con cargo a redacción” ante las diferentes observaciones planteadas, de forma y de fondo. Finalmente, la propuesta fue rechazada con 12 votos, una abstención y el respaldo de solo cinco parlamentarios.
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Espacios para el avance de la minería ilegal
Para esta sesión, se había extendido la invitación a los titulares del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Luis Montero; y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes; pero se excusaron de asistir.
En nombre del Minem, a la sesión se presentó el viceministro de Minas, Ronald Ibarra, quien planteó cinco observaciones a la nueva propuesta de Ley MAPE que se impulsa en esta mesa de trabajo.
Una de las principales observaciones, indicó Ibarra, es que la propuesta legislativa busca generar un nuevo esquema de formalización donde no queda claro cuáles serán los criterios para segmentar a los inscritos en el Reinfo vigente de los suspendidos.
Recientemente y en el marco de una ampliación de la vigencia del Reinfo hasta fin de año, el Minem dispuso la exclusión de más de 50,500 inscritos suspendidos. Precisaron, días después, que más de 44,000 no registraban actividad alguna en los últimos cuatro años.
“No queda claro cómo los [inscritos] en el Reinfo vencidos pasarían al nuevo esquema. [En todo caso] es preciso que el dictamen defina cuáles son las condiciones [para sumarse a este nuevo esquema]”, comentó.
Agregó que tampoco hay claridad sobre el enfoque que priorizaría este esquema. Si uno preventivo, donde no se podrá realizar actividades hasta obtener la autorización, o si se permitirá trabajar en paralelo al cumplimiento del proceso de formalización.
El punto más álgido, anotó Ibarra, fue que se ponga énfasis en las “causales de exclusión” del Reinfo. “Con el propósito de evitar que los ilegales tengan un espacio de aprovechamiento. Esto es fundamental a partir de la experiencia acumulada en el proceso de formalización”, anotó.
Otro aspecto fue en observar que los gobiernos regionales dejen de tener facultades de fiscalización ambiental, por lo que el viceministro exhortó a que mantengan dicha responsabilidad. Esto vulnera directamente la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
A esto se sumaron cuestionamientos sobre la figura de servidumbre minera que considera el predictamen, pues contemplaría una vulneración de los derechos de los titulares de las concesiones, al “forzarlos a ceder parte de sus derechos a terceros”.
Otros fueron aspectos relacionados a la minería aluvial, suponiendo graves riesgos ambientales. También se consideró inviable la exención de responsabilidad penal para los mineros en vías de formalización.
Mineros formales preocupados
En la previa al inicio de la sesión de la comisión, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, mostró su preocupación por la rapidez con la que se pretender “actuar y sorprender a todos los peruanos”.
“El proyecto de ley, presentado el 4 de julio, reúne varias características, que no solo son antitécnicas, sino inconstitucionales y atentan contra el régimen de concesión. Esto es darle carta blanca a la impunidad a los mineros que no están bajo el amparo de la ley y de la industria minera”, apuntó a Canal N.
