La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) reafirmó su compromiso con la modernización del marco normativo aduanero y propuso una nueva Ley General de Aduanas. La misma deberá ajustarse a los estándares internacionales, promover la eficiencia logística y asegurar la legalidad en las operaciones de comercio exterior.
La iniciativa se mencionó durante la reciente mesa técnica “Operadores y Normatividad del Comercio Internacional”, organizada por el Congreso de la República.
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¿Ley General de Aduanas desfasada?
El presidente de ASPPOR, César Ballón, y el gerente general del gremio, Walter Robles, señalaron que la actual ley, vigente desde 2010 y modificada por múltiples decretos legislativos, ha perdido coherencia normativa y se ha orientado desproporcionadamente hacia el control aduanero, en desmedro de la competitividad del país.
“Es imprescindible una reforma integral que recupere los principios de buena fe, presunción de veracidad y facilitación del comercio”, enfatizó Robles.
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Los principales cambios en la Ley General de Aduanas
Entre los puntos centrales de la propuesta destaca la necesidad de que todas las obligaciones y sanciones estén expresamente establecidas en la ley, evitando que la tabla de sanciones cree obligaciones indirectas.
Involucra, asimismo, el respeto a los principios de legalidad, tipicidad y causalidad en la definición de infracciones.
Están considerados también un nuevo enfoque para el tratamiento de mercancías en tránsito —con un régimen diferenciado del de las mercancías nacionales o nacionalizadas—; y la posibilidad de que el importador pueda elegir libremente la aduana operativa y el tipo de despacho sin ser penalizado por rectificaciones dentro de los plazos.
Se toman en cuenta, además, la claridad en la transferencia de responsabilidades entre operadores, transportistas, almacenes y la administración aduanera, y un rol más activo de los almacenes aduaneros en la disposición de mercancías en abandono o comiso, bajo supervisión de la autoridad.
ASPPOR concluyó su participación con el recordatorio de que una nueva ley debe garantizar procedimientos modernos, uniformes y eficientes que impulsen un comercio legítimo y una gestión de riesgo adecuada.
Todo ello generaría un entorno propicio para las inversiones y el crecimiento del sector.
