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Entre todos los problemas que hoy enfrenta la inversión pública, hay uno que frena la oferta: la escasa competencia y calidad de los proveedores del Estado. Según datos oficiales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), solo el 6.7% de todos los proveedores inscritos vigentes para ejecutar o realizar consultorías de obra, tuvieron adjudicaciones en 2023. Un porcentaje que casi no se ha movido en ocho años.
Sin embargo, la cantidad de inscritos totales se ha triplicado desde el 2015, que es el año más antiguo del que la OSCE da datos públicos. En lo que va del 2024, el número sigue aumentando. Este año ya se inscribieron 3,840 proveedores más de ejecución de obra y consultorías. Aparte, la cantidad de adjudicatarios de este tipo sigue sin superar su récord histórico, según constató Gestión.
En medio del debate que el Congreso de la República realiza para una nueva Ley de Contrataciones Públicas, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, saludó que el dictamen aprobado contenga un mecanismo que busca revertir esta situación entre los proveedores. A consideración de especialistas, podría ser una solución parcial.
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Bonus por eficacia
Para revertir esta situación, el MEF respalda un sistema incluido en la propuesta de reforma a la Ley de Contrataciones del Congreso. Se trata del “mecanismo valorativo de la reputación de los proveedores”, según el dictamen.
Así se consideraría el “currículum” del postor en un proceso de selección, más allá de la propuesta técnica y económica que presenten. Entre estas variables estarían contratos previos con el Estado, cumplimiento de plazos de entrega y otros como nivel de riesgo financiero.
Toda esta información saldría de la futura Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop). Esta nueva interfase centralizará toda la información que hoy la OSCE administra para tener un registro histórico de la experiencia de los adjudicatarios.
“Incluirá información de su desempeño, con base a su comportamiento contractual, a fin de establecer incentivos para los proveedores eficientes. Se asignará una bonificación de puntaje adicional a los que estén mejor calificados”, comentó Arista en el Congreso respecto a esta idea.
Para el abogado especialista en derecho público, Luis Miguel Yrrivarren, el reto con la figura es su implementación. “Como idea me parece excelente, sería como un ‘Infocorp’ de obras. No creo que aliente la competencia, pero sí favorecería la calidad del proveedor”, acota.
El experto en contratación con el Estado explica, que para que haya más proveedores interesados, el Estado debería ser más atractivo como cliente. Básicamente, si se encargará del diseño de los ET, que tengan idoneidad.
Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors y experto en infraestructura, coincide en que la propuesta del bonus por experiencia tiene buenas intenciones, ya que comparte un principio de la modalidad Asociación Público- Privada (APP), “valor por dinero”, pero que debe afinarse más.
“Es importante que el precio no sea el único factor, pero habría que darle más vuelta a la idea. ¿Por qué debería tener más ventaja el que ya contrató antes con el Estado y lo hizo bien? ¿Qué pasa con el que tiene una carrera solo con contrapartes privadas, pero igual de eficaz?”, pregunta el socio de Damma Legal Advisors.
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Evolución decadente
Al cierre del 2023, habían poco más de 100 mil proveedores ejecutores o consultores de obra inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), a cargo de la OSCE. Sin embargo, solo 6,694 de ellos tuvieron adjudicaciones el año pasado (ver tabla).
Esto pone a la cantidad de proveedores adjudicatarios del 2023 por debajo de lo registrado en 2015, cuando fueron 7,963, aunque los montos involucrados sí han crecido en S/ 10 millones desde entonces.
Pero lo cierto, según revisó Gestión, es que los casi 8 mil adjudicatarios para ejecutar o hacer consultorías de obra en 2015 son récord. Junto al 2022 y 2018, son los únicos años donde se tuvieron más de 7 mil adjudicatarios de esta categoría, de acuerdo con el OSCE.
Al respecto, el ministro Arista dijo en el Congreso que, sumando bienes y servicios, la perspectiva sobre obras no cambia. “Los proveedores adjudicatarios respecto al total son muy pocos. De los casi 2 millones de inscritos, solo el 1.6% adjudican. Necesitamos medidas para fomentar la participación de más proveedores. Que no se queden en la inscripción, sino que se vuelvan beneficiarios”, señaló.
El titular del MEF también dio otro dato alarmante: en los últimos dos años alrededor del 36% de todos los procesos de contratación no se adjudicaron, ya sea por nulidad o porque quedaron desiertos. Arista aseguró que la razón responde a que la normativa actual “no es oportuna y eficiente”.
En el caso de procesos referidos solo a ejecución de obra, en 2023 hubo 1,499 procesos declarados nulos o desiertos por un valor de S/ 15,022.8 millones, indica el OSCE. En el caso de las consultorías para proyectos, fueron casi la misma cantidad de procesos nulos o desiertos (1,469), pero por una cantidad mucho menor: S/ 562.6 millones. Todos bajo la Ley de Contrataciones del Estado vigente.
Para Yrrivarren, la razón de que los inscritos suban, pero no los adjudicatarios, responde a que en 2017 se flexibilizó el proceso de registro. Desde ese año, la vigencia del RNP es indeterminada y puede hacerse online.
Sin embargo, el experto alude otros problemas de fondo. “La credibilidad actual del Estado peruano como cliente está minada. ¿Por qué un constructor serio iría a un lugar donde tendrás problemas para cobrarle al Estado y no querrá darte un adicional, aunque el expediente técnico (ET) que te entrega sea malo? Los grandes constructores hoy se van a lugares más amigables, como el Medio Oriente”, apunta el abogado.
Cárdenas cree que, aparte de la flexibilización de inscripción, el número de inscritos crece sin más adjudicatarios porque las personas jurídicas buscan sumar opciones de trabajo.
“Responde a un interés por concursar, pero la poca velocidad del Estado para hacer procesos de licitación resalta siempre. Hay mucha formalidad y corrupción. Aunque no tengan necesidad de hacerlo, se inscriben, por si sale una oportunidad y estar listos”, refiere el abogado.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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