La nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y proyectos en activos está cerca de entrar en vigencia tras la aprobación de un dictamen de insistencia en el Congreso, lo que marcaría un hito en la promoción de proyectos de infraestructura y servicios en el país.
La norma busca acelerar la ejecución de iniciativas conjuntas entre el Estado y el sector privado, con reglas de gobernanza más claras y eficientes, y un fortalecimiento del rol de ProInversión como actor central del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP).
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“Estamos frente a un cambio significativo en la regulación de APP. La ley busca acortar los plazos promedio de desarrollo de proyectos, dar mayor claridad a la participación de ProInversión y definir roles específicos para cada actor del sistema. Esto permitirá incentivar la inversión privada y, con ello, reducir la brecha de infraestructura en el Perú”, explicó Víctor Miranda, consultor del estudio Dentons y experto en derecho público.
Uno de los principales cambios es el nuevo papel de ProInversión. Además de formular proyectos y elaborar estudios técnicos, la agencia podrá suscribir contratos bajo la modalidad APP e incluso administrar proyectos de Gobiernos Regionales y Locales durante su ejecución.
“La norma aprovecha la especialización de ProInversión, lo que debería agilizar los procesos de otorgamiento”, señaló Miranda.
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El dictamen también introduce medidas para acortar plazos que, en algunos casos, superaban los ocho años. Con la nueva regulación, los proyectos estratégicos podrían concretarse en dos o tres años, gracias a la simplificación de trámites y eliminación de pasos duplicados. Asimismo, la gestión de contratos y adendas contará con procedimientos más ágiles y claros, sin que ello implique mayores riesgos para el Estado.
Otro aspecto clave es la transparencia: las empresas deberán coordinar con las entidades públicas y reportar avances, lo que busca reducir riesgos de corrupción y facilitar el seguimiento ciudadano.
Aunque la ley aún requiere promulgación, Miranda advierte que el sector privado debe anticiparse.
“Es fundamental revisar procesos internos, evaluar proyectos bajo los nuevos criterios y contar con aliados legales especializados para adaptarse a los cambios”, recomendó.
