
En mayo, el Consejo Fiscal (CF) alertó que, en el Congreso, habían 32 proyectos de ley que planteaban nuevas exoneraciones tributarias sin mayor sustento técnico. De entonces a la fecha, 25 permanecen en manos de la Comisión de Economía que, con la renovación de las presidencias, vuelve a caer en el control de Fuerza Popular (FP). En el último periodo legislativo que le queda, tendrán la misión de determinar la suerte de estas propuestas.
El nuevo presidente de la Comisión de Economía del Congreso es Victor Flores, quien es químico farmacéutico de profesión. Con él a la cabeza, FP liderará el grupo de trabajo por tercera vez en este Parlamento. Antes lo hicieron Rosangella Barbarán (2022-2023) y César Revilla (2023-2024).
Flores no solo tendrá la responsabilidad de priorizar el debate de hasta 27 proyectos referidos al sistema de pensiones, incluyendo un posible octavo retiro de las AFP. Posibles nuevos beneficios tributarios también son parte de la agenda. Todo ello, como recalcan especialistas, con una “presión electoral” importante.
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Lideran las exoneraciones “naranjas”
De los 25 proyectos sobre exoneraciones tributarias que la Comisión de Economía deberá analizar [lista completo al final del artículo], 11 han sido propuestos por miembros de las tres bancadas que conforman la nueva mesa directiva de este grupo de trabajo.
Esto incluye a Ana Zegarra, su vicepresidenta; y Elvis Vergara, el secretario. Los parlamentarios son de Somos Perú (SP) y Acción Popular (AP), respectivamente. Lo llamativo es que el partido que más proyectos tiene es del presidente Flores (5).
Vale precisar que todos tienen, al menos, un dictamen aprobado. En más de un caso, además, llegaron a ser aprobados en el Pleno, pero tras ser observados por el Ejecutivo, iniciaron otra vez su trámite en la Comisión de Economía y están en “orden del día”, es decir, listos para volver a ser discutidos en la máxima instancia del Congreso.
¿Qué resalta entre estas iniciativas? Por ejemplo, desde FP buscan exonerar del Impuesto General a las Ventas (IGV) al consumo de carne de cuy y que empresas que inviertan en áreas naturales protegidas puedan deducir impuestos.

En AP han propuesto extender los beneficios tributarios vigentes en la Amazonía a la provincia de Cutervo en Cajamarca. También insisten con prorrogar la tasa del IGV de 8% para restaurantes y hoteles.
En SP, también buscan que las peluquerías y centros de belleza gocen de la misma tasa descontada del IGV. Otro proyecto tiene de autor al mismísimo nuevo presidente del Congreso, Jose Jerí, que es de esta bancada.
El legislador propone suspender hasta 90 días la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en casos de conflicto bélico internacional. Lo presentó cuando la guerra entre Rusia y Ucrania ya había estallado.
Desde AP también tienen un planteamiento similar. La salida es exonerar del IGV y plantear un límite de 10% a los gastos deducible del Impuesto a la Renta (IR) para compras de bienes para donar en emergencias sanitarias. Una iniciativa que se presentó en 2021, en plena pandemia.
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¿El compromiso de Flores no suena creíble?
Al asumir la presidencia, Flores trató de esbozar cuál será el enfoque que le dará a la última Comisión de Economía de este Congreso.
“Debemos dejar al próximo gobierno con la holgura financiera y presupuestal necesaria para ejecutar reformas urgentes en salud, seguridad ciudadana, infraestructura y transporte, sin dejar de lado las reformas de segunda generación en nuestro modelo económico”, señaló.
Sin embargo, para tres ex miembros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) consultados por Gestión, estas palabras resultan vacías, si se toma en cuenta el contenido de los proyectos señalados.
“Ya son años que no solo FP, sino todo el Congreso buscan impulsar medidas de diverso índole so pretexto de una crisis económica. Sea una guerra o pandemia, al final terminan minando los ingresos tributarios y no favorecen a los consumidores”, lamentó Luis Miguel Castilla.

En una línea similar opina Alfredo Thorne, quien considera que ninguna exoneración tributaria es justificable porque la evidencia, como en el caso de los beneficios tributarios a la Amazonía, ha demostrado no ser útil, salvo un grupo limitado.
“De facto cada empresa tiene una tasa impositiva distinta. Así, los inversionistas no actúan en base a la rentabilidad, sino en función de las exoneraciones que les da el Estado. Eso las convierte en permanentes”, consideró.
Por su parte, para Carlos Casas, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, no hay duda de que la Comisión de Economía que liderará Flores está sometida a una disyuntiva entre tomar dos caminos con este tipo de proyectos. La presión que generan las próximas elecciones presidenciales del 2026 es evidente.
“Un camino es ser populista y ganar votos con este tipo de propuestas que apuntan a reducir impuestos. La otra es mantener la disciplina fiscal y presentarse como los que la protegerán. Las dos alternativas están presentes detrás de estos proyectos”, planteó el también exviceministro de Economía.
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¿Qué esperar en adelante?
El trabajo que lidere Flores frente a la Comisión de Economía no solo toma relevancia por la cercanía de las elecciones. También se trata del último grupo de trabajo que aprobará proyectos sin un filtro mayor. En adelante, con el Senado activo, la vía legislativa será distinta.
Esa razón es, para Casas, la que también genera expectativas electorales para los congresistas. “Pueden reelegirse como senadores. Es un incentivo a mantenerse con iniciativas populistas sin hacer un análisis del costo-beneficio real. No ven el largo plazo”, sostuvo.
El riesgo de que lo anterior no se corrija con el Senado, para Thorne, es que se normalice lo que llama la politización de la economía. “Están socavando los ingresos y distribuyendo exoneraciones como si fuesen dueños de los recursos fiscales. Al siguiente gobierno le están dejando una bomba de tiempo”, advirtió.
En ese sentido, para Castilla, será responsabilidad del nuevo Senado hacer cumplir dos cerrojos que existen, tanto en la Constitución, como en el Código Tributario, para el manejo de propuestas que buscan exoneraciones tributarias.
La primera es el artículo 79 de la Constitución que, si bien el Tribunal Constitucional (TC) “aligeró” para que el Congreso pueda establecer beneficios tributarios, no libera que el MEF emita opinión al respecto.
“El Código Tributario establece también que para otorgar estos beneficios debe tenerse un estudio que determine su impacto en el tiempo. Hoy es letra muerta”, recordó sobre la otra salida.


Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes fui parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.