Nelson Shack: “El 48% de obras que se hacen cuestan menos de S/1 millón y muy pocas veces se controlan”

¿Cómo va la labor de la Contraloría en la lucha contra la corrupción?

Durante el 2022 generamos 42,700 informes de control. Antes la Contraloría era más punitiva y ahora somos más preventivos con el control concurrente. Durante el año pasado se generaron más de 42,000 alertas de control y casi la mitad no se corrigen oportunamente.

¿Por qué no se corrigen?

Por la capacidad de respuesta de los gestores. Si un gestor no sabe lo que tiene que saber no va a poder mitigar la situación adversa que ha evidenciado la Contraloría, que tiene un juicio objetivo basado en evidencia del rompimiento de una norma. Si el gestor no rompe una norma, no hay nada que decirle. También hay quienes no quieren corregir las advertencias porque ya tienen una serie de compromisos asumidos.

¿Cuántos funcionarios están involucrados en corrupción e inconducta funcional?

Eso se logra luego del control posterior, que en el 2022 fueron 1,637 de control específico y 289 auditorías de cumplimiento. Son 8,730 funcionarios públicos con responsabilidades y solo 979 van a ser procesados este año por la Contraloría, a través del procedimiento sancionador. El resto debe ser procesado por el sistema de justicia sea civil o penal y las propias entidades a las que pertenecen.

¿Qué sanción puede tomar la Contraloría con los funcionarios que procesará este año?

Los podemos inhabilitar, porque se les procesa por los incumplimientos de funciones más graves.

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Crece en 35% número de funcionarios del Ejecutivo comprendidos en informes de auditoria

¿En qué nivel de gobierno labora la mayor cantidad de funcionarios identificados?

Hay 3,000 en el gobierno nacional y esa cifra es muy elocuente porque contiene al Poder Ejecutivo. Y lo que hemos tenido en el 2022, con todo lo que conocemos del gobierno de Pedro Castillo, es que hubo un crecimiento respecto del 2021 de 35% en la cantidad de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo que han sido comprendidos en los informes de auditoría. En los gobiernos regionales el crecimiento fue de 8% y en los locales solo 2%.

¿Qué muestra este 35% de crecimiento de funcionarios con responsabilidad del Poder Ejecutivo?

Que realmente ha habido un enorme deterioro en la capacidad institucional del Poder Ejecutivo, por todo lo que conocimos como el nombramiento de personas no idóneas que no cumplen el perfil, por ejemplo. Solo en el Poder Ejecutivo la cifra subió de 1,870 funcionarios con responsabilidades, a 2,530.

¿Y a cuánto asciende la pérdida por corrupción en el Estado?

En el 2022 se perdió más plata porque sube de S/ 24,263 millones del 2021 S/ 24,420 millones, como S/ 156 millones más. Hemos perdido más porque hemos ejecutado más. Pero el dato fundamental es cuánto del presupuesto representa está pérdida y en este caso ha bajado de 13.6% a 13.4%. Es decir, de cada S/ 100 que se gasta en el Estado, S/ 13.6 se pierden por corrupción. La cifra ha bajado, porque en el 2019 se perdían S/ 14.9 de cada S/ 100.

¿Dónde están los principales problemas de corrupción?

Claramente en los gobiernos regionales y en las obras, por las proporciones que manejan. En los gobiernos regionales se pierden S/ 18.7 por cada S/ 100 que gastan, y en las obras, S/ 16.8 por cada S/ 100 (ver gráfico).

¿Con estas cifras de corrupción se puede decir que hay algún avance?

La corrupción en los últimos cuatro años en el Perú se ha reducido. Es cierto que tiene que avanzar mucho más rápido, pero estamos en el camino correcto. En el proceso de reforma de la Contraloría se ha cambiado por completo el sistema nacional de control, pasando de un esquema netamente punitivo a un enfoque más preventivo. Ahora funciona el ecosistema de control donde interviene la población y la sociedad.

¿Todas las entidades son auditadas por la Contraloría?

No todas. La Contraloría nunca ha tenido en sus 93 años la capacidad operacional para poder intervenir haciendo al menos una acción de control en todas las entidades públicas. Legalmente puede hacerlo y este año nos hemos puesto como meta llegar con al menos una acción de control a todos los distritos del Perú.

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Control sobre el 44% de entidades públicas

¿A cuántas entidades llegan actualmente?

Al 44% de todas las entidades públicas, que en total son unas 3,600 que mueven recursos.

¿Por qué se complica llegar a todo el Estado?

La capacidad de control nunca va a ser suficiente para controlarlo todo. Un elemento clave para la focalización del control son las denuncias. A veces me dicen: Contralor, la Contraloría nunca ha visto esta obra. Es que se hacen 44,000 obras cada año y de esas vemos el 10%. ¿Qué pasa con las demás? No sé. No podemos controlarlo todo.

¿Hay un tema de recursos?

Hay parte del desorden del sistema de inversión pública, porque existe tal atomización de las obras que en muchos casos resulta más caro hacer la acción de control. Piden hacer control concurrente sobre cierta obra, pero cuesta S/ 1 millón y se tendría que armar un equipo de profesionales con ingenieros, abogados, economistas, especialistas que van a ver los hitos de control. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Me voy a gastar S/ 400,000 para hacer el control de S/ 1 millón?

Está reconociendo que muy difícil controlar la microcorrupción en el Perú.

Sí. La gran apuesta para controlar la microcorrupción para comenzar a mirar las cosas chiquitas que se hacen a un costo razonable, es que tengamos avances significativos en el tema de digitalización, inteligencia artificial, big data y analítica de datos, de tal manera que cambiemos la forma de hacer control de los procesos, de uno tradicional a uno digital. Debe sumarse la participación ciudadana.

¿Cuántas obras tienen menos de S/ 1 millón?

El 48% de las 44,000 obras que se ejecutaron, casi la mitad del total, cuesta menos de S/ 1 millón.

¿Y nadie las ve?

Muy pocas veces se ve. Es un problema estructural. Tenemos monitores ciudadanos en todas las provincias del Perú, pero solo en el 70% de distritos. Nos falta llegar a las zonas más alejadas.

Seis reformas para luchar contra la corrupción

¿La complejidad normativa complica el control?

No complica el control, sino es un problema para la gestión y la efectividad de la lucha contra la corrupción.

¿Deben simplificarse las normas?

Para luchar contra la corrupción deberían hacerse seis reformas: el control que ya se está haciendo, la reforma política, la reforma de justicia, la reforma del servicio civil, la reforma de participación ciudadana y rendición de cuentas, y la simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria

Hay quienes dicen que la Contraloría no permite tomar decisiones en el Estado, porque por saltarse una coma pueden tener procesos. ¿Realmente es tan rígido el control?

El problema no es saltarse una coma o un punto. El problema es si cumplen la norma o no. No es responsabilidad del auditor si la norma está mal o no sabes cumplir la norma o si no sabes que la norma existe. Por eso ahora tenemos un rol más preventivo para advertir con el control concurrente, pero el problema es que no arreglan los problemas.

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Auditoría al Gobierno y al Congreso

Dentro del cronograma de megaoperativos que desarrollará la Contraloría General de la República durante el 2023, destaca el que se viene realizando al gobierno nacional.

Esta auditoría, que se inició en marzo, debe concluir en junio, mes en que se debería conocer los resultados a los que arribó la operación.

El megaoperativo consiste en un despliegue de control simultáneo a las principales operaciones a cargo de las entidades del gobierno nacional: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, organismos descentralizados, entre otros.

“Hemos hecho megaoperativos de naturaleza regional y ahora eso se hace para el gobierno nacional. Hay más de 1,500 auditores que se han movilizado y están interviniendo simultáneamente. Se hará una acción de control en cada una de las entidades”, dijo el contralor, Nelson Shack.

Precisó que en este megaoperativo se están viendo las denuncias pendientes de contrataciones de bienes y servicios, de proyectos, obras, transporte en diversos sectores, incluyendo en Congreso de la República.

También se prevé realizar acciones de control sobre las consultorías en el Estado, las cuales están programadas para setiembre próximo.

Asimismo, se tiene programado intervenir en los establecimientos de salud del primer nivel de atención en agosto.

“En los últimos cuatro años, la mayor pérdida de recursos en el gobierno nacional se da en el gobierno de Vizcarra y luego en el de Castillo”