Un último estudio de la consultora Kantar reveló que la principal preocupación de los peruanos, para este año, son la inseguridad y la violencia (78%). Esto, tomando en cuenta no solo su impacto en la salud física y mental de las personas, sino en el desarrollo económico de todo el país.
En diciembre último, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirmó la creciente vulnerabilidad de los negocios ante la inseguridad, pues desde el 2022 su tasa de robos por cada 1,000 habitantes se ha cuadruplicado.
Para dimensionar el costo que la inseguridad está teniendo en los pequeños negocios con puerta a la calle (PNPC) de Lima Metropolitana, Videnza Instituto desarrolló un estudio donde aborda los costos directos e indirectos de este flagelo. Es decir, toma en cuenta tanto el valor de las pérdidas materiales producto de los delitos, como los gastos en medidas preventivas.
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El estudio tuvo un enfoque cuantitativo basado en 1,442 encuestas a propietarios, administradores o vendedores de PNPC. Fueron aplicadas entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre del 2024 en tres zonas de Lima Metropolitana: centro, este y sur. Los distritos considerados representan el 64% de la población total de Lima Metropolitana.
Entre las principales conclusiones encontramos que nueve de cada 10 encuestados identificaron al crimen y la violencia como los principales problemas de Lima, muy por encima de los problemas urbanos (42.1%) y la corrupción (29.9%). En particular, la inseguridad ciudadana (65%) y la extorsión o cobro de cupos (35%) se posicionan como las principales preocupaciones de los pequeños comerciantes.
“El problema número uno es la inseguridad ciudadana. Aquí tenemos de todo: extorsión, robos, amenazas, estafas electrónicas”, comentó el dueño de un puesto de servicio técnico de celulares.
A nivel distrital, seis de cada 10 encuestados considera que la inseguridad es el mayor desafío que enfrentan los PNPC en su distrito. Supera ampliamente a problemas como la situación económica (13.6%) y la situación política del país (5.4%), y refuerza la percepción de que la inseguridad tiene un impacto directo y desproporcionado en los pequeños negocios.
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Pérdidas totales
Una de las consecuencias más drásticas de la inseguridad en los PNPC es el cierre definitivo de establecimientos. Según el estudio, en los últimos 24 meses la inseguridad obligó a uno de cada 10 negocios a cerrar.
Esto conlleva no solo la pérdida de fuentes de ingreso para los propietarios y sus familias, sino también un costo hundido promedio de S/ 4,380, que incluye las inversiones iniciales, activos, entre otros materiales que no pudieron ser recuperados.
El estudio de Videnza Instituto es útil para cuantificar cómo la inseguridad ciudadana está poniendo en jaque a los pequeños negocios. Según estimaciones, solo en las tres zonas de Lima seleccionadas, la pérdida económica, en los últimos 24 meses, de los negocios puerta a calle supera los S/ 456,000 diarios.
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Múltiples delitos
Con relación a los niveles de victimización, ocho de cada 10 PNPC afirmaron haber sido víctimas de por lo menos un tipo de delito. Este dato revela que los emprendedores están permanentemente expuesto al crimen. Más alarmante aún es que uno de cada tres negocios indicó haber sufrido múltiples delitos y algunos reportaron, incluso, haber sido víctimas de hasta seis tipos de delitos diferentes.
Entre los tipos de delitos más frecuentes que enfrentan los PNPC están las estafas y fraudes (65.5%). Esta categoría incluye el uso de billetes falsos y el pago con billeteras electrónicas falsas.
Les siguen los delitos contra la propiedad (38.5%), categoría que incluye delitos como el robo de celulares (17.1%) y el robo de mercadería durante el día (6.9%). En menor medida, se ubican los delitos violentos como asaltos con arma de fuego y asesinatos (17.5%), y las extorsiones y amenazas (9.2%).
El relativamente bajo porcentaje de PNPC que indican ser víctimas de extorsión llama la atención, porque la información noticiosa indica, por ejemplo, que seis de cada 10 bodegas son extorsionadas. Una posible explicación a este fenómeno es que los informantes encuestados sienten temor de reconocer que en ese momento están siendo víctimas de extorsión.
Sin embargo, a pesar de su menor incidencia, esta última categoría representa los mayores costos económicos para los PNPC afectados. Según el estudio, el costo promedio de estos delitos en los últimos 24 meses asciende a S/ 3,400 (50% reportaron costos superiores a S/ 3,500 y 10% pérdidas mayores a S/ 5,000). Estas cifras reflejan la severidad de las consecuencias económicas que generan este delito.
Si tomamos en cuenta que, según la Asociación de Bodegueras Mujeres del Perú (Agremub), una bodega pequeña ubicada en las zonas de estudio genera ingresos líquidos diarios por entre S/ 50 y S/ 100, los costos que impone la extorsión pueden representar su quiebra.
“Están todos advertidos: tienen que pagar por protección. Y muchos cierran porque les piden más plata de la que hacen en el negocio. No pueden, es imposible”, indica la dueña de un pequeño puesto de ropa.
Además de las pérdidas directas, los PNPC enfrentan los costos indirectos de adoptar medidas preventivas contra del crimen. Así, 13.5% de los encuestados señaló que cierra más temprano como medida de protección, mientras que 10.9% opera detrás de rejas. Estas decisiones limitan las ventas porque reducen las horas de atención y dificultan la interacción con los clientes.
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“La gente tiene miedo de salir. Temen ser víctimas de robos o, peor aún, de balas perdidas. Esto significa que las ventas bajan (…). Esa falta de movimiento en las calles afecta a todos los negocios”, comentó un encuestado dueño de una botica.
Adicionalmente, muchos PNPC han recurrido en iniciativas que implican gastos de inversión, como instalar cámaras de vigilancia y contratar vigilancia privada. El costo promedio de estas medidas de prevención es de S/ 971 por PNPC en los últimos 24 meses.
En general, esta situación, como se viene reiterando desde todos los sectores de la sociedad, demanda una intervención estratégica y contundente del Estado. El país necesita medidas efectivas, no soluciones populistas como las declaratorias de emergencia, que ningún efecto han tenido más que distraer la atención de lo medular del problema.
Atentado contra la economía popular
Por Luis Miguel Castilla, Director ejecutivo de Videnza Instituto
Cientos de miles de pequeños negocios con puerta a la calle en Lima y las principales ciudades del Perú están siendo adversamente afectados por la ola de criminalidad que azota al país. Las pérdidas económicas registradas equivalen a imponerles un nuevo impuesto que no solo resta liquidez y limita la capacidad de crecimiento, sino que puede llegar a determinar el eventual cierre del negocio y, en consecuencia, afectar el sustento de millones de peruanos.
Para un segmento que todavía no recupera los niveles de ventas prepandemia y para el cual los programas de ayuda estatal no llegan, la solución sería lograr mayor eficacia en la lucha contra la inseguridad, aspecto en el cual el Gobierno no consigue resultados y, con ello, pone en riesgo la recuperación económica en curso. Para combatir esta realidad que aqueja al 90% del tejido empresarial nacional urge una estrategia integral que responda a un plan de acción y menos improvisación.
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