La Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría el predictamen que busca otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, con 13 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. Sin embargo, antes de esta aprobación se establecieron una serie de cambios.
Inicialmente el predictamen debatido aprobaba 63 de los 105 temas planteados por el Ejecutivo para legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del estado, seguridad ciudadana y defensa nacional. Pero, tras el debate se realizaron algunas modificaciones adicionales.
Un punto a considerar es que el texto, que está a un paso del pleno, no tiene -tomando en cuenta lo que aprobó la Comisión de Presupuesto- el pedido del Gobierno para cambiar las reglas fiscales. Ya el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, habría adelantado que no era posible alcanzar un déficit fiscal de 2% del PBI este año (como establece la ley), por lo que incluso había mencionado que la trayectoria fiscal -y alcanzar el 1% del PBI- tomaría más años.
Recordar que Presupuesto recomendó en un informe negar el otorgamiento de facultades legislativas solicitadas en lo referente a los cambios propuestos en inversión pública y equilibrio fiscal. Según indicaron los legisladores en ese momento, los temas de Presupuesto, Equilibrio Financiero, de Endeudamiento y Cuenta General de la República “no pueden ser materia de delegación de facultades” acorde a los artículos 101 y 104 de la Constitución Política.
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Negociación colectiva
A esto se suma lo que específicamente revisó la Comisión de Constitución. Uno de los principales cambios está relacionado a la negociación colectiva. El proyecto de ley del Gobierno planteaba establecer disposiciones para que la negociación colectiva en el sector público considere la capacidad financiera del Estado y garantice un manejo fiscal sostenible, facultad que fue rechazada por la comisión del Congreso.
El congresista Eduardo Castillo, vocero de Fuerza Popular, fue uno de los que planteó eliminar esta facultad del proyecto, advirtiendo que la medida podría “atentar contra los derechos laborales de los trabajadores del sector público”.
“La Constitución señala que el Estado debe fomentar la negociación colectiva como un medio institucional para solucionar conflictos laborales. Lamentablemente el propio Estado vulneró inconstitucionalmente el ejercicio de derecho a la negociación colectiva con medidas arbitrarias contenidas tanto en las sucesivas leyes de presupuesto con en la ley Servir. Ahora nos piden que involucremos en los derechos sociales y pretende legislar en ese sentido restrictivo respecto al ejercicio de la negociación colectiva”, dijo.
Castillo señaló que, previamente, tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el Tribunal Constitucional (TC) se han mostrado en contra de las medidas que ha estado estableciendo el Ejecutivo en contra de la negociación colectiva, siendo inconstitucional las medidas que la restringen.
Otros congresistas que se pronunciaron respecto a este posible cambio en la negociación colectiva del sector público fueron Jorge Marticorena y Maricarmen Alva. Antes de la votación, en el predictamen también se indicaba que se habían recibido opiniones en contra de la medida por parte de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Chanchamayo, el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Municipalidad Provincial de Sechura, y la Federación de Trabajadores Municipales de Loreto.
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El impacto
El socio del Área Laboral de EY Perú, Mauro Ugaz, señala que es posible que los congresistas hayan temido que con una amplia facultad legislativa como la mencionada, se establezcan límites que imposibilitarían que se negociara colectivamente entre los trabajadores de una entidad estatal.
“Lo que menciona el dictamen por sí solo no causa daño, pero al tratarse de una facultad legislativa otorgada al Ejecutivo, quizás el temor es que a partir de esa fórmula tan genérica se pueda restringir de manera desproporcionada esta facultad de negociar de los trabajadores en el caso estatal”, comentó a Gestión.
Ugaz señaló que sería ideal que se determinen reglas para la negociación colectiva, con el fin de que de lo que se acuerde con el Estado no ponga en peligro su actividad estatal y permita que afronte los gastos de manera ordenada.
“Sí es responsable que tenga una regulación distinta, pero lo que ocurre es que históricamente las regulaciones han impedido que se negocie o que los acuerdos negociales puedan tener vigencia en el Estado”, agregó.
Cabe recordar que, actualmente, para que se den estas negociaciones, las entidades públicas que tienen un sindicato negocian con ellos y después incluyen lo evaluado con el sindicato en el riesgo presupuestario para incluirlo en el presupuesto del año siguiente. Como se recuerda, presupuesto público este año contempla S/ 10,000 millones más en remuneraciones del sector público.
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Otros puntos
Otros temas considerados por la Comisión de Constitución fue que se decidió regresar a la propuesta original del Ejecutivo en lo referente a los transgénicos. La idea era que pese a la moratoria para Organismo Vivo Modificado (OVM), se permitiera la producción -con algunas condiciones- siempre que se destine a la alimentación animal e industrias no alimentarias.
Además, se decidió mantener que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al hub portuario de Chancay. También se incorporaron medidas en temas como las disposiciones especiales en materia de habilitaciones urbanas y de edificación, el saneamiento físico legal automático de zonas arqueológicas, y el programa Agua Más.
Y, pese a la oposición de varios congresistas, se decidió mantener la propuesta de aplicar el Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los proveedores de bienes y servicios de la economía digital que no estén domiciliados en el país (Tasa Netflix).
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Tarifa nivelada
Una parte que tampoco fue considerada fue la intención de tener una tarifa nivelada para impulsar la masificación de gas natural. Si bien el Gobierno buscó, a través de las facultades legislativas, alcanzar la tarifa nivelada, la discusión en el Congreso no la tomó en cuenta, sino más bien se enfocaron en la modificación de la ley que crea el sistema de seguridad energética en hidrocarburos y el fondo de inclusión social, que busca la masificación del gas natural.
Ese punto terminó siendo objetado por la congresista Diana Gonzáles, quien solicitó que se delimite concretamente los temas que se regularán.
“Si bien se propone modificar solo el numeral 5.5 del artículo 5 de la ley 29852, bajo el manto de promover el fortalecimiento del proceso de masificación de gas natural en las regiones que no son parte de una concesión para que más hogares puedan acceder a gas natural, se podría terminar expidiendo un Decreto Legislativo con el famoso mecanismo de compensación que no es otra cosa que el subsidio que justamente no se ha delegado”, dijo.
Tras ello, se eliminó la referencia a la masificación del gas y en su lugar se propone autorizar la modificación del numeral 5.5 del artículo 5 de la Ley 29852 a fin de incluir el destino de los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para promover fortalecimiento del uso del gas natural en las regiones que no son parte de una concesión a la fecha de vigencia de la presente ley.
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