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La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó recientemente por mayoría el dictamen que propone la derogación de dos artículos del Decreto de Urgencia (N° 006-2024). Este decreto, que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera, contemplaba puntos vinculados a la negociación colectiva en el Estado.
Los proyectos de ley contemplados para el dictamen (N° 7509/2023 y 7454/2023) coinciden en la derogatoria del artículo N° 18 del DU mencionado.
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¿Qué dice dicho artículo? “Durante el 2024, en el marco de la Ley Nº 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, en los procesos de negociación colectiva en el nivel descentralizado por ámbito territorial y por entidad pública, o en el que las organizaciones sindicales estimen conveniente, los convenios colectivos y actas de conciliación que se suscriban solo pueden contener cláusulas que establezcan condiciones de trabajo o de empleo con incidencia económica de carácter temporal. Lo establecido en el presente numeral debe ser considerado en la emisión de laudos arbitrales, bajo responsabilidad”.
Según se argumenta en los proyectos de ley, ”dicho decreto restringe el derecho de negociación colectiva de nivel descentralizado, al suspender la negociación de remuneraciones durante el 2024, situación que generaría un perjuicio a decenas de miles de trabajadores municipales y estatales, pues dicha norma limita la suscripción de convenios colectivos a aquellos relacionados solo con condiciones de trabajo o empleo con incidencia económica y de carácter temporal (...) Es decir, las bases sindicales estarían impedidas de negociar temas (...) como, por ejemplo: vales de alimentos, bonos por productividad, horas extras, y, cualquier otro tipo de incidencia económica patrimonial”.
De ser aprobados también en la Comisión de Economía y pasar al pleno del Congreso, se podría restituir plenamente el derecho a la negociación colectiva para los trabajadores del sector estatal.
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Análisis
Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, explicó que, tanto en el sector público como en el privado, las cláusulas de los convenios colectivos pueden ser establecidas como permanentes o temporales. Esto permite una flexibilidad significativa, que se ajusta según las circunstancias económicas y sindicales. “Las partes tienen la autonomía de decidir la temporalidad de las cláusulas, lo que permite adaptaciones según el contexto actual” señaló.
El DU responde directamente a la situación fiscal del país. Con ingresos públicos reducidos y antecedentes de recesión, el Estado ha optado por estipular que los acuerdos sean temporales. “Esta medida busca mantener la sostenibilidad fiscal sin comprometer la estabilidad económica del país” indicó Toyama.
Agregó que derogar la norma temporal y optar por acuerdos permanentes podría traer graves consecuencias financieras y esto podría abrir la puerta a prácticas arbitrales que excedan los presupuestos estatales planificados, creando un déficit considerable.
El abogado resalta la importancia de mantener la normativa que permite negociaciones temporales, especialmente en un contexto de incertidumbre económica. La flexibilidad en la negociación colectiva, refiere, es esencial para la salud fiscal del país y su capacidad para responder a futuras crisis económicas.
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Brian Ávalos, socio del área laboral en Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Abogados, también expresó su preocupación por la propuesta de derogar el artículo de este decreto, lo que permitiría beneficios económicos permanentes y aumentaría el gasto público de manera insostenible, afectando la capacidad del Estado para financiar áreas críticas como la salud y la educación.
“Si permite una negociación sin límites, podríamos ver un aumento en los costos laborales que el Estado simplemente no podría sostener sin aumentos correspondientes en la recaudación de impuestos”, explicó Ávalos.
Ávalos subraya que se debe tener cautela sobre las consecuencias de la liberalización de la negociación colectiva en el sector público, sugiriendo que podría tener efectos perjudiciales no solo para el presupuesto, sino para todos los peruanos que dependen de los servicios y beneficios que el Estado puede ofrecer.
Concluyó instando a considerar las repercusiones a largo plazo de cualquier modificación legislativa en esta área, enfatizando la necesidad de un enfoque equilibrado que contemple tanto las necesidades de los trabajadores como la sostenibilidad fiscal del país.
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Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ocupa la posición de redactor en el área de Economía en el Diario Gestión.
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