La Comisión de Energía y Minas del Congreso decidió insistir con el proyecto de ley que plantea la apertura del libre mercado de la electricidad –al cual acceden principalmente grandes y medianas empresas) para incorporar también a las micro y pequeñas empresas (Mype) como clientes libres que puedan negociar directamente sus precios de la electricidad con generadoras y distribuidoras de ese servicio.
Ello lo propuso ese grupo de trabajo, a pesar de que dicha iniciativa –que fuera aprobada por el pleno a fines de abril último-, fuera objeto de diversas observaciones por parte del Gobierno.
El objetivo de la norma sería favorecer a las Mype con los menores precios que se pagan actualmente en ese libre mercado, que refleja los actuales menores costos de generación en el mercado de corto plazo (mercado spot, donde se venden los excedentes de energía no contratada por generadoras o distribuidoras).
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Con ese fin, en el seno de esa comisión se elaboró un texto sustitutorio en el cual se plantea la aprobación por insistencia de ese proyecto de ley, el cual ahora está pendiente de debate en ese foro parlamentario.
Según la regulación vigente, para que un consumidor opte (libremente) por acceder a ese libre mercado, debe registrar una máxima demanda que supere los 200 kilowatts (kW) por año, en tanto que, quienes superen los 2,500 kW anuales, son usuarios libres obligatorios.
¿Qué plantea el texto sustitutorio?
El texto sustitutorio plantea que el Estado promueva la asociatividad como mecanismo para que las Mype -ubicadas en la misma zona geográfica o bajo un mismo circuito eléctrico-, puedan consolidar su demanda eléctrica para facilitar su ingreso a ese libre mercado y tengan mejores condiciones para negociar (precios de la energía).
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Para ello, ese tipo de empresas (formales) deberán haber conformado asociaciones legalmente constituidas, y consignar una demanda que deberá superar los 2,500 kW anuales.
Asimismo, el dictamen establece una reducción gradual del requisito de consumo (mínimo) a partir del cual las micro y pequeñas empresas (o agrupadas en asociaciones) puedan acceder a ese mercado, reducción que se aplicará en tres etapas.
Incorporación por etapas
Así, se propone que, en una primera fase, entre enero de 2026 y diciembre de 2027, estén habilitadas para acceder las Mype que tengan una demanda de entre más de150 kW a 2500 kW por año.
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En la segunda etapa, desde enero de 2028 hasta diciembre de 2029, el requisito disminuye y podrán acceder quienes tengan una demanda superior a 100 kW y hasta 2500 kW.
Finalmente, en la tercera fase, a aplicar desde enero de 2030 (en adelante), el umbral se reduce todavía más, permitiendo que también ingresen aquellas Mypes con demanda superior a 50 kW y hasta 2500 kW.
Lo que había observado el Ejecutivo
Entre las observaciones que presentó el Gobierno a esta iniciativa legal, advertía que la misma flexibilizaba demasiado las condiciones para acceder al libre mercado, que se hizo sin un análisis técnico riguroso, y ponía en riesgo la predictibilidad del sistema eléctrico.
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Además, señalaba que no existe un marco normativo sólido para esa actividad, lo que hacía necesario diseñar esquemas de comercialización minorista, autorización y garantías financieras, liberalización gradual, eliminación de cargos residenciales y mecanismos de contratos estandarizados.
Asimismo, cree que el riesgo se agrava porque las distribuidoras eléctricas ya han suscrito contratos de largo plazo bajo reglas estables, con vigencia de 8 a 10 años para atender a usuarios regulados, y que una migración masiva al mercado libre podría dejarlas con subcontratación de energía, afectando su sostenibilidad financiera.
Expertos ven otros riesgos
En tanto, Rafael Laca, experto en el sector, señaló que este proyecto de ley por insistencia puede contener más riesgos para las Mype, que los beneficios que se les pretende otorgar (es decir precios de la energía más bajos que las actuales tarifas que pagan los usuarios regulados).
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Dio a entender que, si bien hoy los precios de la energía en el mercado spot se mantienen en niveles bajos (debajo de los US$30 por megavatio/hora -Mwh), sólo una parte de ese menor precio se traslada a los clientes libres, además que ello corresponde sólo al costo de la generación, sin incluir los de la transmisión y distribución.
Pero, además, pidió recordar que esos precios spot en su momento tuvieron disparadas (derivadas de la caída en la producción hidroeléctrica y que llevaron ese precio encima de los US$180 por Mwh) que fueron reflejadas en nuevos contratos a mayores precios en desmedro sobre todo de las pequeñas empresas que eran clientes libres.
Ante previsiones de que el costo de la energía podría subir en los siguientes años (por falta de nuevos proyectos de generación a bajo costo), el riesgo para las mypes que se pasen al libre mercado, será mayor, remarcó Laca.
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¿Distorsión en el mercado?
Por su parte, Pedro Gamio, ex viceministro de Energía dio a entender que el proyecto de ley en cuestión puede causar una distorsión del mercado, porque será complicado que miles de pequeñas empresas negocien directamente con las generadoras o distribuidoras, y llevaría a un crecimiento de ese libre mercado sin planificación.
Una alternativa más eficiente para favorecer a las mypes (sobre todo las que pueden generar su propia energía) según el experto, es que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) termine de reglamentar la ley que establece la generación distribuida.
Explicó que la norma de generación distribuida permitiría que ese tipo de empresas, bajo determinadas condiciones técnicas y bajo medición automática, puedan lograr reducciones en su costo de la energía, y participar en un mercado de la energía más planificado.
Sin embargo, indicó que esa ley, tras varios años de haberse dado, hasta ahora no cuenta con el reglamento que debería haber aprobado ya el Minem.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
