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Las invasiones territoriales son un problema de vivienda, pero que tiene dimensiones sociales, e incluso políticas. La posición del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para enfrentarlos es incrementar la oferta formal de predios, antes que recurrir a la fiscalización agresiva. Para ello, este año promoverán la colocación de un bono específico para la reubicación, además de habilitar mayor suelo público para este fin.
Así lo explica Hernán Navarro, viceministro de Vivienda y Urbanismo, a Gestión. “Tenemos claro que, en la medida de que se promueva más vivienda formal, las familias más vulnerables ya no serán ‘presa fácil’ de los aprovechadores. La única forma de evitarlo es incrementar nuestra oferta formal asequible”, señala el funcionario.
El costo de no atender esta problemática no solo agrandaría el déficit habitacional. Desde la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) subrayan que ya hay “mafias de terrenos operando” muy cerca al puerto de Chancay y el Parque Industrial de Ancón, lo que podría afectar el desarrollo de ambos proyectos.
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Proyectos imanes
Tanto las zonas cercanas al puerto de Chancay como el Parque Industrial de Ancón se han convertido en objetivos para los invasores de terrenos, señala Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco. Ello obliga a que el Estado refuerce sus labores de seguimiento a las obras que se realizan en torno a estos proyectos de infraestructura.
“Por su magnitud han generado una presión fuerte por las invasiones. Hablamos de mafias y seudo sindicatos. Si ocupan terrenos aledaños o vías de acceso a Chancay podría perjudicar estos megaproyectos. Hay que trabajar con las comunidades para generar un entorno de paz. No es fácil, pero peor es seguir como estamos: reaccionando tarde”, comenta a Gestión.
Consultado por esta problemática, Navarro confirmó que ya hay presencia de estos grupos en localidades cercanas a Chancay. “Estuvimos por Paramonga (Barranca), viendo la zona. Tenemos claro que estamos tarde como Estado, ya hay ocupaciones informales lamentablemente”, refiere el viceministro de Vivienda y Urbanismo.
Para evitar que se extienda, Navarro señala que ya tienen identificados terrenos en Ancón para promover vivienda formal mediante la modalidad Proyectos en Activos (PA). Aparte de ello, recordó que junto al Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) vienen trabajando en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Lima Norte. De igual forma, reiteró que los PDU de las localidades de Chancay, Huaral y Aucallama estarán listos entre octubre y noviembre.
“El objetivo es definir la zonificación adecuada y cuáles serán los potenciales programas de vivienda. Se requiere un enfoque integral, no solo proyectos públicos, por los tiempos que implican. Queremos que se presenten iniciativas privadas que incluyan agua y desagüe”, explica.
Este último punto es clave, ya que si bien Chancay no le compete a Sedapal, el movimiento de personas que generará el proyecto del puerto y las posibles invasiones, complicarían las labores de la empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS) y el cierre de la brecha de saneamiento.
“Chancay no está en nuestra jurisdicción, pero podemos apoyar con asistencia técnica. El Estado debe hacer políticas de contención, desgraciadamente no ha funcionado así. Nunca podremos llegar al 100% de cobertura, no por incapacidad, sino por el desorden (que generan las invasiones)”, afirma Jorge Gómez, presidente del directorio de Sedapal.
Para Milton Von Hesse, extitular del MVCS, si el Estado no contiene las invasiones en torno a Ancón y Chancay, podría repetirse lo que ocurrió con los predios cercanos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando se modernizó su estructura en el segundo Gobierno de Alan García.
“Se pagó a los ocupantes, se fueron, pero llegaron otros a llenar su lugar. Recibieron la indemnización, pero el Estado no tomó rápidamente posesión. Luego tuvieron que sacarlos. Es la tragedia de todo proyecto de infraestructura en Perú”, afirma el director de Videnza Consultores.
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Plan en tres frentes
Navarro también explicó que bajo la estrategia de su sector para combatir las invasiones, publicarán cambios normativos en los reglamentos operativos del programa Techo Propio en las modalidades de Construcción en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva máximo a finales de marzo.
“Haremos más ágil la aprobación de expedientes. Los porcentajes de las garantías y coberturas se reducirán en torno a la ejecución del proyecto para que no estén amarrados con un 110% de garantía hasta el final de la obra. Les daremos liquidez”, explica el viceministro.
De igual forma, el MVCS avanzará con la adjudicación de su cartera total de proyectos en activos, que asciende a 26 terrenos de 3,598 hectáreas totales y servirá para generar 186,374 viviendas en beneficio de al menos 745,302 peruanos. Según Navarro, ya hay tres iniciativas privadas en torno a estos espacios encaminadas, sobre las que darán detalles más adelante.
Para la reubicación, el ministerio fortalecerá el bono Salvando Vidas, estrenado en noviembre inicialmente con el objetivo de ayudar a las familias damnificadas por el ciclón Yaku en 2023, método con el que Navarro asegura ya atendieron a todos los afectados.
“Este año tenemos previsto seguir con este programa más intensamente. Las municipalidades tienen la responsabilidad de declarar las zonas de riesgo no mitigables. Hecho eso, les ofrecemos opciones de vivienda formal disponible, que es básicamente la modalidad de adquisición de vivienda nueva. Son opciones seguras, con servicios”, explica el viceministro.
Para Von Hesse, el planteamiento del MVCS es bueno, pero deja pendiente otros frentes del asunto. Uno de ellos es fortalecer el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) que, según el extitular del ministerio, ha perdido fuerza con la descentralización.
“Formalizaban directamente los lotes hasta que se les dio esa función a los municipios. Fue una tontería. Ya no titulan, solo capacitan y dan asistencia técnica. Se ha vuelto una entidad poco relevante”, asegura.
En esa línea, señala también que hace falta una política nacional en torno a las ocupaciones territoriales. “No tenemos un catastro unificado de propiedad predial. Esa función también es de los municipios. Por ley cada uno administra el territorio como quiere”, reclama Von Hesse.
Guido Valdivia señala que el MVCS debe articular su trabajo con el Ministerio del Interior (Mininter) y otras entidades pertinentes para evitar la extensión de las invasiones territoriales.
“Tiene un componente legal e institucional que no puede ignorarse. Hay mucha intromisión de estos intereses criminales en las autoridades, incluso en el Congreso hay personas que defienden esto”, reclama el vocero de Capeco.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.
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