Información publicada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) revela que el monto por multas regulatorias impuestas a los operadores entre enero y setiembre del presente año ascendió a S/137 millones.
Al respecto, DN Consultores señaló que según el patrón de comportamiento histórico, el monto por multas impuestas en el último trimestre de cada año equivale aproximadamente a la mitad del monto acumulado en los tres trimestres previos, “a partir de lo cual se puede estimar que el año 2023 cerrará con multas por un monto total en el orden de los S/ 200 millones”.
Este monto duplica al promedio anual de S/ 96 millones durante los 3 años previos (2020-2023), y equivale a 13 veces respecto al promedio anual de S/ 16 millones durante los 9 años precedentes (2011-2019), indica.
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¿A qué corresponden las multas?
El 34% de los S/ 137 millones del monto de multas impuestas entre enero y setiembre del presente año corresponde a denuncias por la calidad del servicio. Del porcentaje mencionado, la resolución con el mayor monto en multas asciende a S/ 15 millones.
DN Consultores señala que más allá de la ejecución operativa de cada procedimiento sancionador, es inevitable plantear cuestionamientos frente a un escenario de montos altos en sanciones por calidad de servicio.
“En ese sentido, una intervención regulatoria en el mercado de telecomunicaciones en el país tuvo mucho más sentido hace unos 10 años (mercado concentrado) que en el momento actual (mercado competido), lo cual debiera motivar una contracción de la carga regulatoria expresada en el mapa de obligaciones de cumplimiento por parte de los operadores”, destacó.
Agregó que la propuesta normativa para la prohibición de tarifas diferenciadas en el tráfico de voz móvil según la red de origen, planteada allá por el año 2014, fue superada por la realidad del mercado, debido a que Entel y Bitel iniciaron su operación comercial en dicho año precisamente con planes tarifarios sin esta distinción, a consecuencia de lo cual esta práctica comercial fue diluyéndose con el paso del tiempo, hasta la situación actual donde no existe más y apenas algunos usuarios la recuerdan.
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En contra de esta respuesta natural de una menor intervención regulatoria ante el florecimiento de un mercado competido, una comparación entre los montos de multas impuestas entre los años 2013 y 2023 nos sugiere una lógica contradictoriamente opuesta.
“El crecimiento del monto total en multas impuestas entre ambos años (en el orden de 23 veces) responde tanto a un incremento en el número de resoluciones emitidas por el Consejo Directivo del Osiptel alusivas a multas (en el orden de 5.1 veces) como al monto promedio impuesto en dichas resoluciones (en el orden de 4.5 veces)”, detalló.
Para la firma, esta evidencia plantea la interrogante sobre el grado de relación entre las obligaciones contempladas en el marco normativo y los atributos de los servicios de telecomunicaciones valorados en la realidad por el usuario.
Además, sobre la coherencia y eficacia de depositar en los operadores de telecomunicaciones obligaciones relacionadas con otros ámbitos de la política pública, tal como ocurre en el caso del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que por su propia naturaleza forman parte de las políticas en seguridad ciudadana y no en telecomunicaciones.
