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Los exámenes médicos ocupacionales son una herramienta clave dentro de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, diseñada para proteger tanto a los trabajadores como a los empleadores. En el Perú, su realización no es opcional, sino un requisito legal establecido para monitorear el estado de salud de los empleados y prevenir enfermedades relacionadas con sus actividades laborales.
Sin embargo, el incumplimiento de esta obligación puede desencadenar una serie de consecuencias que abarcan desde sanciones económicas hasta demandas legales, además de un impacto directo en la salud y productividad de los trabajadores.
Este artículo explora las implicancias de no cumplir con esta obligación, recurriendo al análisis de los abogados laboralistas Silvia Rebaza y Gonzalo Costa, quienes explican los riesgos y responsabilidades que esto implica para las empresas.
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¿Qué son los exámenes médicos ocupacionales?
Estos exámenes consisten en evaluaciones realizadas por profesionales de salud ocupacional para determinar si un trabajador está apto para desempeñar sus funciones sin comprometer su salud o seguridad. Los exámenes pueden clasificarse en:
- Preocupacionales: realizados antes de la contratación para verificar la aptitud del postulante.
- Periódicos: efectuados durante la relación laboral, con frecuencia determinada por los riesgos del puesto y la normativa.
- De retiro: realizados al finalizar la relación laboral para evaluar el estado de salud del trabajador al momento de su desvinculación.
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Obligatoriedad y alcance de los exámenes médicos ocupacionales
Silvia Rebaza explica que la obligación de realizar estos exámenes aplica a todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector. Sin embargo, la periodicidad y los tipos de exámenes varían según el nivel de riesgo de las actividades realizadas.
Las empresas de bajo riesgo, como oficinas administrativas, deben realizar los exámenes cada dos años, mientras que las de alto riesgo, como minería y construcción, están obligadas a realizarlos anualmente y al inicio y término de la relación laboral.
Rebaza también subraya que incluso las micro y pequeñas empresas (MYPES) están sujetas a esta normativa, destacando que “no hay una limitación en las normas de seguridad y salud respecto a la realización de estos exámenes”.
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Errores frecuentes en la implementación de los exámenes
Gonzalo Costa identifica tres errores comunes cometidos por los empleadores. Primero, la falta de exámenes de entrada, lo que impide detectar condiciones preexistentes, como enfermedades ocupacionales adquiridas en trabajos anteriores. Esto puede derivar en reclamaciones legales futuras.
Segundo, menciona la inadecuada periodicidad, señalando que, aunque la normativa exige controles anuales en actividades de alto riesgo, algunas empresas los realizan cada dos años, aumentando la exposición a enfermedades como la hipoacusia o la silicosis.
Tercero, Costa destaca que muchas empresas contratan proveedores de servicios médicos no acreditados por el Ministerio de Salud, lo cual constituye una infracción administrativa que puede invalidar los exámenes realizados.
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Riesgos legales y económicos para los empleadores
Silvia Rebaza enfatiza que el principal riesgo para las empresas son las sanciones económicas impuestas por Sunafil. Estas multas, según el número de trabajadores afectados, pueden variar significativamente, aunque las Mypescuentan con una tabla diferenciada con montos menores.
Además, Gonzalo Costa advierte sobre las demandas civiles y laborales que pueden surgir si un trabajador desarrolla una enfermedad agravada por la falta de monitoreo.
En estos casos, los tribunales han establecido precedentes, como la Sentencia N.º 05544-2015-PA/TC, que reconoció la responsabilidad del empleador en casos de enfermedades ocupacionales como la silicosis.
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Impacto en la salud de los trabajadores
Ambos abogados coinciden en que la omisión de estos exámenes puede tener graves consecuencias médicas.
Mencionan que enfermedades como la hipoacusia, la neumoconiosis o el estrés laboral crónico son comunes en actividades de alto riesgo y que su detección temprana puede prevenir incapacidades permanentes.
Añaden que, aunque no sean obligatorios en actividades de bajo riesgo, los exámenes de entrada ayudan a identificar condiciones preexistentes y facilitan la implementación de medidas preventivas.
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Derechos y responsabilidades de los trabajadores
Rebaza aclara que los trabajadores están obligados a someterse a los exámenes médicos ocupacionales siempre que sean razonables y estén relacionados con los riesgos de su puesto.
Sin embargo, señala que ciertos exámenes, como las pruebas de VIH, no son aplicables a actividades administrativas, ya que no tienen correlación con el riesgo laboral. La negativa injustificada de un trabajador a realizarse los exámenes puede ser motivo de sanciones disciplinarias e incluso desvinculación.
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Gestión adecuada y cumplimiento normativo
Ambos expertos coinciden en que una gestión adecuada requiere monitorear los riesgos laborales y mantener registros actualizados de los exámenes realizados.
Enfatizan que los empleadores deben garantizar que los exámenes estén alineados con la identificación de riesgos de cada puesto y que los proveedores sean acreditados por el Ministerio de Salud.
Añaden que implementar medidas correctivas basadas en los resultados de los exámenes es esencial para prevenir el agravamiento de enfermedades y asegurar el cumplimiento normativo.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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