Uniéndose a la serie de normas y medidas que va emitiendo el gobierno en búsqueda de mejorar la prevención y fiscalización de temas de seguridad y salud en el trabajo (SST), el Ministerio de Trabajo ha firmado con las 42 municipalidades de Lima la Alianza Metropolitana por la Seguridad y Salud en el Trabajo. Mediante este documento, las municipalidades se comprometen a desarrollar de manera conjunta una capacitación y fiscalización más integral y alineada en temas de SST.
Al respecto, comentan que esta medida ayudara para incrementar la fiscalización en los distritos y en las municipalidades mismas. El presidente del AMPE, Álvaro Paz de la Barra, señaló que esto ayudaría a autorregular a los municipios y era un paso importante para ver errores que afectan a todas las instituciones.
La ministra de trabajo, Sylvia Cáceres, aseguro que habrán reportes mensuales, o tal vez trimestrales, para ver los efectos prácticos de esta medida. Se comenta que por ahora solo se capacitará a las personas y que luego, cuando ya conozcan de sus obligaciones, pueda fiscalizarse más a los funcionarios.
Municipalidades comentan
Varias municipalidades han señalado que para realmente poder enfrentar el tema de SST, se necesitaría más que solo lo acordado. George Forsyth, alcalde de La Victoria, señaló que si no se da una ayuda económica por parte del gobierno a favor de las municipalidades “no se podrá mejorar”. Considera que municipalidades como la de La Victoria tienen deudas tremendas y que el MTPE debería dar “incentivos económicos”, como repartir las recaudaciones.
Comentó que si realmente se está hablando de solidaridad, las municipalidades deberían considerar “compartir multas” entre ellas para ayudar a las que estén en situaciones económicas más frágiles.
El alcalde de Chaclacayo, Manuel Campos, tuvo un comentario similar, indicando que “aun si no tenemos el dinero para realizar las fiscalizaciones, tenemos las ganas”, dejando conocer que el tema de falta de presupuesto es uno que afecta a varias municipalidades.
Asimismo, el alcalde de Rimac, Pedro Rosario, comentó que pese a que se quiere incrementar la fiscalización en temas de seguridad y salud en el trabajo, necesitan mayores inspectores pero, lamentablemente, los regímenes laborales mediante los que pueden contratar a más inspectores son muy restrictivos, señalando que se debe trabajar para “corregir” las restricciones al empleo de funcionarios que crea el régimen CAS.