Raúl Pérez Reyes, ministro de Transporte y Comunicaciones (MTC), se refirió a la posible implementación de un “peaje social”, a fin de beneficiar a los residentes que viven cerca a las garitas de control de Rutas de Lima, y aclaró que esto requeriría estudios técnicos previos.
“La figura del peaje social apunta a que algunas conductores no necesariamente tienen la posibilidad de pagar lo que cuesta, sobre todo aquellos que viven cerca de la vía y la utilizan. (...) Se trata de un mecanismo que existe en todos los servicios públicos, en electricidad, agua, telecomunicaciones, entre otros”, dijo en una entrevista con Canal N.
En esa línea, explicó que se deben hacer estudios técnicos para evaluar de que manera se podrían aplicar estas tarifas diferenciales. “Lo que tenemos que hacer es realizar los estudios”, anotó.
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“Se debe ver como se implementa, cual es el mecanismo de focalización de las personas, cuánto sería el porcentaje que se reconoce como subsidio. Hay que realizar ese estudio de identificación, nuestro trabajo como ministerio es hacerlo”, añadió.
Indicó que para plantear dicho mecanismo de identificación de personas, se debe armar una norma general con todos los detalles.
El titular del MTC señaló que en el sector transportes, específicamente en carreteras, el concepto de peaje social casi no se ha implementado, solo en algunos tramos puntuales en el norte.
Por otro lado, sostuvo que “estas tarifas no están (contempladas) en el contrato (con la concesionaria), lo que se debe hacer es crear esa figura”.
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Rafael López Aliaga rechaza ‘peaje social’
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresó su oposición al concepto de “peaje social” propuesto por el ministro de Transportes y Comunicaciones.
Durante una entrevista, la autoridad edil mencionó que se opone a esta medida porque los peruanos no tendrían por qué subsidiar a una “empresa corrupta”.
“Yo me opongo absolutamente a darle subsidio de todos los peruanos a una empresa corrupta. He hablado con el ministro Pérez-Reyes y le dije ‘subsidio a un delincuente ya no’. Veamos cómo termina esto en el Tribunal Constitucional porque esto es una violación a derechos humanos gravísima de US$ 140 millones que lo paga la gente más pobre de Lima Norte y Lima Sur”, dijo a RPP Noticias.
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