Cosco Shipping Ports abrió la puerta a un posible arbitraje contra el Perú ante la controversia con la Autoridad Portuaria Nacional (APN) que pidió, a través de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anular la exclusividad de servicios esenciales otorgados a la empresa en el 2021. Pese a esto, el MTC confía en que el problema se resolverá con la aprobación de los cambios a la ley de puertos que se plantea en el Congreso de la República.
En conversación con la prensa, el titular del ministerio, Raúl Pérez Reyes, comentó que se espera que esta semana se realice la segunda votación del proyecto en el pleno del Parlamento, que proponer una nueva ley de puertos con lo cual estaría listo para ser promulgado y se resolvería el problema de exclusividad.
El ministro consideró que la empresa estaría en su derecho de establecer un arbitraje, pero afirmó que esto será evaluado en su momento por el MTC.
“Cuando se apruebe la ley, la promulgaremos si es que se mantiene el texto que está planteado, que nos parece la verdad un muy buen texto. Luego de eso tendremos que sacar una reglamentación, pero la norma ya va estar en vigencia. Si el Gobierno chino o la empresa tiene alguna discrepancia que plantear pues es su derecho, y contestaremos obviamente en esa vía cuando se plantee”, dijo al ser consultado por Gestión.
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Aunque anteriormente la APN había señalado que con una cambio de normativa Cosco tendría que volver a pedir la exclusividad de servicios al Estado, el ministro sostuvo que no tendría que volver a pasar por todo el proceso para obtenerla.
“Si ve el texto, la habilitación portuaria ya da como habilitación automática el tema. Lo que va a pasar es que Cosco simplemente lo va a solicitar, pero va a tener aprobación automática”, refirió.
Pérez Reyes reiteró que la resolución que emitió la APN en el 2021 para otorgar la exclusividad de servicios a Cosco no era el instrumento correcto. Ahora, el titular del MTC sostuvo que se está trabajando en un marco normativo que permita que las inversiones se den de una forma segura y estable jurídicamente, con reglas que no estén libres a la interpretación.
“En el mundo de la actuación administrativa la interpretación muchas veces termina siendo discreción y eso no queremos que pase con los inversionistas. Queremos que haya normas que fijen derechos a los que los inversionistas tienen y eso es garantía jurídica”, afirmó.
Posición de Ositrán
Además del tema de la exclusividad, uno de los problemas que advierte Cosco en la notificación está vinculado con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).
Como parte de las modificaciones a la ley de puertos, el Parlamento había agregado un párrafo al texto inicial. Esto decía que los puertos de titularidad privada y uso público no sean considerados como entidades prestadoras. Al final, el Congreso desistió y se mantendrá la normativa actual.
Ante esto, la presidente ejecutiva del Ositrán, Verónica Zambrano, afirmó a Gestión que no realizaron una solicitud como tal, sino que se mantiene lo que está establecido en la legislación.
“Actualmente la ley considera que nosotros supervisamos a todas las entidades prestadoras, y ellos son una entidad prestadora porque son administradores de un puerto de uso público. No tenemos nada que pedir porque ya la ley establece así desde hace 26 años”, dijo a Gestión.
Zambrano consideró que el cambio en la ley sería el punto de origen de la solución, pues el “único problema es la falta de marco legal” que no se consideró en la resolución que les otorgó la exclusividad de servicios.
“Posteriormente cuando Ositrán intervenga vamos a tener que negar el acceso al puerto de usuarios intermedios basados en esa exclusividad. La resolución tiene un problema de nacimiento que se tiene que corregir y que todas las autoridades están trabajando para corregirlo. Cuando el Estado quiere ser coherente con la importancia de esta inversión y están trabajando para ello, no cabe que exista una arbitraje”, agregó.
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