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Moody’s Investors Service señala en un nuevo informe que la incertidumbre política en Perú, que tiene una calificación soberana de Baa1 con perspectiva estable, seguirá pesando sobre su capacidad de implementar reformas; lo mismo sucede en Colombia mientras que la agenda política en Chile sigue centrada en el proceso de reescritura de Constitución.
Moody’s dijo también que las condiciones externas serán menos favorables y actuarán como un lastre para el crecimiento en toda la región. “Si bien la caída concomitante en los precios de las materias primas aliviará en cierta medida las presiones inflacionarias, los exportadores de minerales como Chile y Perú, y los productores de hidrocarburos como Bolivia, Ecuador y Trinidad y Tobago, verán disminuidos los beneficios de las exportaciones netas”, comentó la agencia.
Por otro lado, el cambio global hacia tecnologías verdes podría respaldar la demanda de exportaciones de países con una gran dotación de metales utilizados en la transición energética como Brasil, Chile, México y Perú.
Asimismo, Moody’s comentó que los gobiernos que lograron dominar con éxito grandes déficits en años anteriores, como Chile y Perú, tendrán más espacio para absorber un aumento en el gasto social; Chile, en particular, planea aumentar el gasto en alrededor de tres puntos porcentuales del PBI después de reducir su déficit fiscal en el 2022 en más de siete puntos porcentuales.
“Después de amplias caídas en 2021-22, los índices de deuda se estabilizarán en su mayoría en el 2023 para países como Perú, Ecuador, Uruguay, Panamá y Paraguay”, subrayó.
En el tema político, Moody’s explicó que el aumento de la pobreza y la desigualdad en la región durante la pandemia reavivó algunas tensiones sociales, que se ven exacerbadas por el aumento de los precios de los alimentos y la energía, lo que genera una pérdida de ingresos y un deterioro de la calidad de vida, especialmente para los más vulnerables dentro de la sociedad.
“Estas condiciones han contribuido a empujar los resultados electorales hacia la izquierda política en países como Perú, Chile y Colombia”, anotó.
Perspectiva de soberanos en negativo
Moody’s señalo también en su informe que la perspectiva de los soberanos de América Latina y el Caribe para el 2023 es negativa, debido al lento crecimiento económico en la región, mayores costos financieros y el continuo aumento del costo de vida, lo que llevará a tomar decisiones políticas difíciles en los próximos doce meses.
“La agenda política de América Latina probablemente seguirá centrándose en brindar asistencia a los hogares en el corto plazo ante la escalada de los precios de los alimentos y la energía, lo que dejará poco espacio fiscal para la inversión pública”, afirma Jaime Reusche, vicepresidente sénior de Credit Officer de Moody’s.
“En este contexto, la eficacia de las políticas sociales será clave al diseñar programas sociales focalizados para evitar el gasto excesivo e invertir recursos en los resultados sociales deseados”, agrega.
A medida que las economías de América Latina muestran una recuperación de la actividad posterior a la pandemia, a pesar de que los riesgos externos de deterioro están relativamente contenidos, persisten los desequilibrios entre la oferta y la demanda a nivel global, lo que frena las perspectivas de crecimiento para 2023 y continúa acentuando la inflación, aunque a un ritmo desacelerado.
Moody’s espera que la región en general crezca un 2.7% en promedio, frente al 3.8% en el 2022 y al 7.1% en el 2021, con una desaceleración más notable en las economías de América Latina que en el Caribe, donde el turismo sigue recuperándose desde una base baja que apoya la actividad a corto plazo.
Los indicadores de deuda de la mayoría de los soberanos de América Latina se mantendrán prácticamente sin cambios en comparación con el 2022. Tras la elevada volatilidad de las finanzas públicas en el 2020-22, Moody’s espera que los déficits fiscales retomen, en gran medida, sus niveles prepandémicos.
La medida en la que los gobiernos lograron controlar los amplios déficits fiscales en el 2021-22 impulsará la diferenciación crediticia y determinará cuánto espacio fiscal tienen los gobiernos para absorber el aumento del gasto social.
Asimismo, es probable que las condiciones financieras desfavorables, reflejadas en los elevados costos financieros, afecten la capacidad de pago de la deuda, especialmente para los soberanos de América Latina con calificaciones más bajas.