El último viernes 8 de abril -tal como lo adelantó el premier Aníbal Torres- el Ejecutivo presentó ante el parlamento un proyecto de ley de reforma constitucional en la que se plantea modificar el artículo 61 de la Constitución, específicamente prohibir a la letra “los monopolios, oligopolios, acaparamientos, especulación o concertación de precios, así como el abuso de posiciones dominantes en el mercado”.
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El Ejecutivo justifica esta modificación alegando la “necesidad de establecer obligaciones concretas desde la misma Constitución para que el Estado asuma una posición más firme en defensa de la libre competencia”. Se añade -incluso- que “un mandato constitucional más claro, se establecerán obligaciones concretas para que se adecúen las normas infraconstitucionales a los fines que la Constitución exige”.
Este proyecto de ley surge -además- en momentos que representantes del Ejecutivo -desde el presidente Castillo, la ministra de Trabajo, Bettsy Chávez, el premier, entre otros- culpan permanente a las empresas del alza de precios de los alimentos. Sin tomar en cuenta el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ni la incertidumbre política causada por el propio Gobierno y el Congreso.
De darse luz verde a esta propuesta desde el parlamento, ¿qué efectos puede generar en los consumidores o el pueblo peruano? Carlos Patrón, socio del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, explico a Gestión que -actualmente- el articulo 61 de la Constitución señala que no se pueden crear monopolios por ley. También que el Estado combate el abuso de posiciones dominantes, o monopólicas.
“Lo que hace esta reforma o esta propuesta del Gobierno es elimina la prohibición de que se crean monopolios por ley. Lo que es extremadamente peligroso. En el Perú, en la década de los 70 y 80, la economía peruana estuvo plagada por monopolios creadas por ley, que son los monopolios más nefastos que pueden existir debido a que son monopolios apoyados por el poder coercitivo/punitivo del Estado”, subrayó.
Un ejemplo de los monopolios que fueron creados por ley fue -por ejemplo- la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú (ENTEL), que nació a fines de 1969 como una empresa estatal que absorbió a la Compañía Nacional de Teléfonos del Perú y a la Sociedad Telefónica del Perú. Esta empresa estatal explotaba en exclusividad la telefonía local fija en provincias y la larga distancia nacional e internacional.
¿Qué generó? que la capital sea la ciudad menos comunicada de América Latina y la situación era grave aún en provincias entre los años 1980 y 1990. Esta situación era consecuencia de una baja inversión en el sector por parte de la empresa estatal. Por aquellos años había que esperar -incluso- de 15 a 25 años por la instalación de las líneas para atender sólo la demanda, lo que originó -en 1992- la reventa de líneas a unos precios exorbitantes: hasta US$ 2,000 para las líneas comerciales y US$ 1,300 para las residenciales.
“En los 80, el Estado monopolizó las comunicaciones también la electricidad en todos sus niveles (generación, distribución y transmisión). Había una empresa estatal de distribución de alimentos, entre otros”, precisó. El letrado explicó que producto de la competencia pueden formarse/conllevar monopolios de forma natural la que es rebatible, en cambios los generados por el Estado (o por ley, como en los 80) no podrían rebatirse y generar desde escasez (como en los 80) hasta alza de precios.
La propuesta de Castillo plantea prohibir los monopolios cuando en el país -afirmó Patrón- no existen.
“Lo que existen son los llamados monopolios naturales. La que está referido a una infraestructura que no puede ser replicada a bajo costo y que no permita que existan dos proveedores que concurran a la vez en el mercado. Un ejemplo clásico de los monopolios naturales en Perú son las empresas de agua y saneamiento”, comentó.
En su gran mayoría -agregó- los monopolios naturales son administrados por el Estado como las empresas saneamiento o ciertas empresas de distribución eléctrica. “Son los únicos, por lo que hablar de prohibirlos es una falacia ya que no existan y los monopolios naturales en manos del Estado se necesitan”.
-Oligopolios-
Lo que puede existir en el Perú -explicó- son sectores de la economía que están altamente concentrados o relativamente concentradores donde hay entre dos, tres a cuatro jugadores.
“Cuando habla de oligopolios se refiere a sectores de la economía donde hay pocos competidores”, indicó. Para el letrado, esta situación no debería sorprender ya que en una economía como la peruana, de 30 millones de consumidores con una capacidad adquisitiva baja. en la que hay poco bancarización y acceso al crédito, decir que en ciertos mercados debería haber 5 o 6 competidores, es irreal, dado que no van a lograr en un mercado tan pequeño y con poco poder adquisitivo, la escala suficiente para ser competitivos.
Además -dicha situación (prohibirlos)- podría generar la existencia de proveedores pequeños e ineficientes, que se traducirían en mayores costos en los consumidores.
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