El Gobierno buscará modificar la normativa relacionada a la promoción de las Viviendas de Interés Social (VIS) y las facultades de los revisores urbanos. Así lo anunció el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, quien refirió que su cartera elaborará un proyecto de ley a presentar al Congreso de la República.
Aunque el ministro no precisó los cambios que se propondrán, refirió que acogerán lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC) en un reciente fallo que ratifica las facultades de las municipalidades para definir la zonificación, planeamiento urbano y altura máxima de las edificaciones que se pueden construir.
La controversia surgió en el 2018, luego de que el Ministerio de Vivienda emitió un decreto donde estableció parámetros de construcción más flexibles, en caso se trate de proyectos VIS. Y también desarrolló la figura de los revisores urbanos, técnicos que pueden aprobar licencias de edificación, de forma alternativa al proceso tradicional en las municipalidades.
“Los cuestionamientos tienen un solo norte, la problemática que se ha presentado con la norma y reglamento de la Vivienda de Interés Social que se dio en el 2018, en aquellos distritos que tenían un nivel de consolidación suficiente, no sólo en Miraflores y San Isidro”, indicó el ministro Whittembury durante su presentación en la Comisión de Vivienda del Congreso, en sesión realizada la tarde del martes 29 de octubre.
Si bien tras el fallo del TC de junio del 2023 quedó claro que en adelante la aprobación de las licencias de edificación seguirán solo los parámetros fijados por las municipalidades y ya no los establecidos por el Ministerio de Vivienda, dejó la incertidumbre respecto a lo que ocurriría con los proyectos en trámite o que ya habían sido aprobados.
En septiembre de este año, el TC publicó un auto de ejecución de su sentencia, precisando que en los casos de proyectos en trámite, presentados antes de junio del 2023, el municipio podrá realizar una evaluación ‘caso por caso’ para definir qué normativa aplicar. Con ello, el TC dejó abierta la posibilidad de que los municipios apliquen el fallo de manera retroactiva, lo cual ha sido criticado por algunos analistas.
No obstante, el ministro Whittembury sostuvo que se acogerán a lo establecido por el TC. “Quiero dejar claro que tenemos respeto irrestricto por lo dispuesto por el TC; y en sendos fallos ha precisado que la competencia es municipal y el ministerio hará lo necesario en sus normas de la vivienda social, a través del Congreso, pues tienen carácter de ley, para hacer las correcciones necesarias al respecto”, señaló el ministro.
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Asimismo, se refirió al reclamo de algunos municipios sobre la aprobación de licencias de parte de los revisores urbanos, con parámetros más flexibles. Dejó entrever que también habrá una modificación normativa sobre sus facultades e incrementarán las fiscalizaciones que realizan a las licencias tramitadas por los revisores urbanos.
“Respecto a los revisores urbanos, que también ha sido cuestionado su trabajo, vamos a ser intensivos en las fiscalizaciones. La Cámara Peruana de la Construcción se ha reunido con nosotros y sus directivos han indicado con claridad de que sí han habido proyectos inmobiliarios indebidos; no vamos a tapar el sol con un dedo, vamos a incrementar la fiscalización”, subrayó Whittembury.
“Invitaremos al Colegio de Arquitectos para revisar nuestra norma y hacer una propuesta de proyecto de ley que ingresaremos al Congreso”, agregó.
Asimismo, refirió que Sedapal será más estricto al dar factibilidad para abastecimiento de agua a nuevos proyectos inmobiliarios. “Sedapal pertenece al sector; lo que nosotros aseguramos es que en ningún caso nuestra empresa Sedapal dará factibilidad a algún proyecto, como estos, que intenten violentar lo dispuesto por el TC, y lo vamos a poner por escrito”, indicó el ministro.
Reclamos
En la sesión de la Comisión de Vivienda también participaron los alcaldes de Miraflores y San Isidro. Carlos Canales, alcalde de Miraflores, cuestinó que la normativa de la VIS se busque aplicar por los revisores urbanos en zonas de Miraflores no destinadas a este segmento.
“Hay algunos pocos que se han dedicado a construir viviendas de interés social para ganar en exceso, perjudicando al distrito, afectando la tranquilidad del vecino y provocando el colapso de los servicios públicos. No puede ser que, en una calle miraflorina, de una sola vía, se construya 17 pisos cuando la normativa advierte que solo puede ser de 5 pisos”, criticó Canales.
“Y también tenemos la participación de los malos revisores urbanos, que presentan proyectos multiplicando las alturas a su criterio y presentando informes técnicos favorables al Ministerio de Vivienda, que obliga a los municipios a tener que entregar las licencias de forma automática, pese a que vulneran todas las licencias de construcción y las normas municipales. Malos constructores utilizan las normas para beneficio propio, atentando contra los vecinos”, acotó.
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Por su parte el congresista Edward Málaga se mostró a favor de que se tome en cuenta las denuncias de malas prácticas inmobiliarias expresadas por el alcalde Carlos Canales, y de otros distritos, afectados por los proyectos VIS. “Aquí existe la probabilidad alta de la existencia de un esquema de corrupción. ¿Por qué ocurre esto en distritos donde hay alta rentabilidad inmobiliaria?”, manifestó.
A su turno, el legislador José Cueto cuestionó que se avalen proyectos de 30 pisos o con más de 400 departamentos, en zonas donde no hay estacionamientos. “Con estas denuncias contra esas constructoras, Vivienda debería quitarles las licencias”, remarcó.
Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
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