La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, desestimó el 24 de junio la apelación presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y confirmó dos laudos arbitrales internacionales que le ordenan pagar alrededor de US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima, concesionario de tres tramos de autopistas en la capital peruana.
La decisión ratifica un fallo previo de marzo de 2024 emitido por una corte del distrito en Washington D.C., que también había rechazado los argumentos de la comuna limeña, los cuales sostenían que la concesión otorgada en 2013 era inválida por presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.
LEA TAMBIÉN: Conozca algunas de las habilidades y carreras que liderarán el mundo laboral en el futuro
El origen del conflicto
El consorcio Rutas de Lima, inicialmente controlado por Odebrecht y actualmente mayoritariamente en manos de Brookfield Infrastructure, obtuvo en 2013 una concesión por 30 años para la construcción y operación de tres tramos viales en la ciudad.
En 2017, la introducción de un nuevo peaje por parte del concesionario provocó protestas ciudadanas, tras lo cual la Municipalidad de Lima anuló dicho cobro y bloqueó futuros incrementos tarifarios.
Estas acciones llevaron al consorcio a iniciar dos arbitrajes bajo el reglamento de Uncitral, con sede en Washington D.C. y administración de la Corte Permanente de Arbitraje.
En 2020, un tribunal arbitral presidido por Alexis Mourre ordenó a la municipalidad pagar US$68 millones más intereses por la cancelación del peaje, suma que actualmente asciende a alrededor de US$190 millones. En 2022, un segundo tribunal resolvió a favor del consorcio por US$7.2 millones adicionales debido a la demora en implementar ajustes tarifarios.
LEA TAMBIÉN: Foco en el cacao premium para exportación: la estrategia de Puratos para crecer en Perú
Argumentos rechazados
La Municipalidad de Lima sostuvo durante el proceso que el contrato de concesión debía ser considerado nulo al haberse obtenido mediante el pago de sobornos a funcionarios, incluyendo a la exalcaldesa Susana Villarán.
Como sustento, se invocó el acuerdo de culpabilidad firmado por Odebrecht con autoridades estadounidenses en 2016, donde se reconocieron actos de corrupción en diversos países, incluido Perú.
No obstante, los tribunales arbitrales desestimaron estos argumentos, al no encontrar evidencia directa de que los sobornos estuvieran vinculados con la adjudicación del contrato. La corte de apelaciones concluyó que “Lima no logró probar que el contrato fuera consecuencia de un soborno” y que las pruebas ofrecidas, incluyendo aportes a la campaña electoral de Villarán, no demostraban un intercambio directo por la concesión.
Lima también alegó que el consorcio incurrió en fraude procesal al negar la existencia de documentos relevantes en el proceso arbitral, y que el segundo tribunal se negó indebidamente a admitir pruebas materiales. Sin embargo, la corte determinó que el tribunal arbitral sí revisó las evidencias en cuestión y que no se produjo un perjuicio sustancial.
LEA TAMBIÉN: Amplían Estado de Emergencia en la provincia fronteriza de Zarumilla para restablecer orden interno
Siguientes pasos y procesos paralelos
La apelación desestimada se produjo pocos días después de que la jueza Ana Reyes, de la corte distrital de Washington, también rechazara una solicitud de la Municipalidad para suspender la ejecución de los laudos. En su decisión, Reyes consideró que Lima no había demostrado probabilidad de éxito en la apelación ni justificación para postergar el pago de un fallo emitido hace más de tres años.
La comuna limeña, representada en la apelación por el estudio Boies Schiller Flexner, ha iniciado además una acción para anular la validación de los laudos, alegando que su anterior firma legal, Foley Hoag, incurrió en conflictos de interés por no haber revelado vínculos con empresas afiliadas a Brookfield.
En paralelo, Brookfield ha iniciado un arbitraje ante el Ciadi contra el Estado peruano por US$2.700 millones, argumentando una expropiación de su inversión en Rutas de Lima.
Además, el consorcio mantiene un tercer proceso arbitral Uncitral contra la Municipalidad de Lima, actualmente en curso. La capital peruana intentó sin éxito recusar a dos de los árbitros que ordenaron medidas provisionales para evitar la terminación anticipada del contrato de concesión.
LEA TAMBIÉN: Minem: Tía María entraría en fase de construcción este año
