Como una de las medidas claves para acelerar el dinamismo de la economía, el Gobierno empezó a revisar la normativa peruana, hace unos meses, en busca de aplicar un “shock desregulatorio”. Esta medida también ha sido adoptada con prioridad en la nueva gestión gubernamental.
La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, reportó que, a la fecha, se identificaron 660 medidas por abordarse, a partir de mesas de trabajo entre el sector público, privado y otros agentes.
Detalló como avance que se atendieron y efectuaron cambios normativos en 451, equivalente al 68% del total.
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Miralles valoró que se vienen realizando los esfuerzos para recuperar la capacidad del país y así generar desarrollo, resolviendo las trabas burocráticas para el avance de las inversiones. Sin embargo, criticó que estas acciones no pueden ser aisladas.
“Los esfuerzos para recuperar la capacidad del país y generar desarrollo no solo puede ser decisión del MEF. Esto lo hemos conversado con el premier [Ernesto Álvarez], que se requiere de [la participación de] sectores claves para abordar este ecosistema que nos impide ser eficientes”, refirió la ministra, la mañana de este miércoles 5 de noviembre, durante el segundo día de la 63° edición del CADE Ejecutivos.
La titular del MEF indicó que, próximamente, se realizaría una nueva sesión del Consejo de Estado regional, con la participación de ministros, de gobernadores regionales, pero también de alcaldes.
“También queremos sumarlos a la tarea de que el Estado vuelva a generar desarrollo efectivo, sea atractivo para las empresas privadas, que genera empleo y competitividad, se sienta animada a venir a este territorio”, comentó.
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En este escenario, uno de los aspectos claves por resolver, apuntó la funcionaria, es abandonar la idea de que reducir la normativa regulatoria es un equivalente a reducir el poder del Estado.
“Consideramos que tiene que trabajarse en esa visión de que reducir trámites es reducir, limitar el poder del Estado. El sector público debe tener trámites más ágiles y modernos. Trabajamos para los ciudadanos, no para un sistema de normas que nadie conoce y nadie puede aplicar”, refirió.
Así, apuntó que los avances en las medidas enmarcadas en el “shock desregulatorio” buscan fortalecer la confianza en las instituciones.
“Se viene avanzando en la revisión de los procesos pendientes. No es posible que los niveles de confianza en las instituciones venga decreciendo. A mí me afectaría que la entidad donde trabajo tenga ese poco nivel de comprensión”, anotó.
