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El Congreso de la República ha presentado un proyecto de ley, que propone un régimen de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) en Perú. Se busca otorgar un periodo de gracia a las cargas tributarias y laborales que enfrentan estas empresas durante sus primeros años de operación, con la intención de fomentar su crecimiento y formalización.
Sin embargo, surge la pregunta de si estas medidas, que incluyen exoneraciones de impuestos y regulaciones, serán suficientes para revertir las altas tasas de informalidad y el cierre prematuro de negocios en el país.
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¿Qué propone el proyecto de ley?
La iniciativa contempla un periodo de gracia tributaria de dos años, durante el cual las mipyme estarían exoneradas del pago de Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto General a las Ventas (IGV).
Este beneficio aplicará únicamente a empresas con facturación anual no mayor a 1,000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y capital social no superior a 500 UIT, siempre que estén formalmente registradas ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Además, el proyecto establece que durante sus tres primeros años, las mipyme estarán exentas de inspecciones laborales por parte de Sunafil salvo en casos de vulneración flagrante de derechos laborales o denuncias fundadas.
En lugar de sanciones, las empresas recibirán asistencia técnica y capacitación para cumplir con la normativa al término del periodo de gracia.
Se propone la exoneración de contribuciones a la seguridad social por dos años, condicionada a la participación en programas de formación empresarial organizados por Produce, Sunafil y Sunat.
La propuesta busca reducir la mortalidad empresarial y la informalidad, problemas frecuentes en este sector.
Sin embargo, implicaría un impacto inicial en la recaudación fiscal debido a las exoneraciones, aunque el proyecto argumenta que este costo sería compensado a largo plazo con la formalización de más empresas y el incremento en la base de contribuyentes.
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Perspectiva tributaria
Fernando Núñez, socio de Hernández & Cía, describe esta iniciativa como “arriesgada” y señala que, aunque las intenciones son positivas, la falta de controles podría abrir la puerta a la atomización empresarial, una práctica donde empresas de mayor tamaño se dividen en pequeñas entidades para cumplir con los requisitos del beneficio tributario.
“Lo que puede suceder es que las empresas busquen atomizarse para quedar bajo el umbral de las 1,000 UIT definidas, accediendo al beneficio únicamente para ahorrar impuestos”, advierte Núñez.
El proyecto establece límites de facturación anual de hasta 1,000 UIT y un capital social no mayor a 500 UIT al momento de la constitución para acceder al beneficio.
Sin embargo, Núñez considera que estos umbrales son elevados y podrían permitir que empresas grandes se aprovechen del sistema.
Además, resalta que la mayoría de las mimypes operan en la informalidad, lo que dificulta el control y la efectividad de la medida. “En un sector tan informal como este, resulta complicado asegurar que el beneficio se dirija exclusivamente a quienes realmente lo necesitan”, afirma.
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Perspectiva laboral
Martín Ruggiero, abogado laboralista, destaca que la eliminación de inspecciones laborales podría abrir la puerta a abusos por parte de algunas empresas, debilitando la protección de los derechos laborales.
Desde su perspectiva, una mejor alternativa sería permitir las inspecciones y ofrecer orientación a las empresas, pero exonerarlas de multas en caso de que corrijan sus infracciones y se formalicen. Este enfoque, según Ruggiero, incentivaría el cumplimiento de manera más efectiva sin comprometer los mecanismos de supervisión.
Otro aspecto que genera preocupación es la falta de claridad en la redacción del proyecto. Ruggiero señala que conceptos como “vulneración de derechos fundamentales” o “denuncia fundada” carecen de definiciones precisas, lo que podría generar interpretaciones ambiguas y dificultar la correcta aplicación de las medidas.
Esto, en su opinión, evidencia la necesidad de incluir disposiciones complementarias que brinden mayor precisión y seguridad jurídica.
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¿El proyecto fomentaría la formalización?
Respecto al impacto del proyecto, Ruggiero se muestra escéptico. Considera que la informalidad en el país es un problema estructural que no se resolverá con medidas aisladas como esta.
Aunque reconoce que la propuesta es un punto de partida, enfatiza que se requieren políticas públicas integrales y coordinadas para abordar eficazmente este desafío.
Núñez propone un cambio de enfoque, sugiriendo una reforma integral del régimen tributario para las mipymes. Esto incluiría un sistema escalonado, donde las empresas enfrenten un incremento gradual en sus obligaciones fiscales a medida que crecen, en lugar de un cambio drástico.
“No puede ser que pases de un régimen con cero impuestos a uno donde pagues el 29.5% de golpe. Tiene que haber una transición escalonada para que las empresas puedan crecer de manera ordenada y formalizarse”, indica.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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