El Ministerio de Salud (Minsa) ha presentado un proyecto de resolución que propone la creación de Comisiones Médicas Calificadoras encargadas de evaluar las incapacidades laborales derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿A qué se apunta con esto?
Estas comisiones, que se prevé operarán en establecimientos de salud públicos y privados, tendrían la función de calificar de manera oficial el grado de incapacidad de los trabajadores asegurados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
Este es un proyecto de norma técnica de salud y que aún se encuentra en fase de consulta pública y no ha sido implementado oficialmente.
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Comisiones
Las Comisiones Médicas Calificadoras de Incapacidad Laboral (Cmcilatep) se conformarán en establecimientos de salud que cumplan con una serie de requisitos específicos en cuanto a nivel de categorización y servicios médicos disponibles, garantizando que solo los centros con la infraestructura adecuada participen en este proceso.
La composición de las comisiones incluye tres miembros clave: un jefe de servicio o departamento de medicina o medicina física y rehabilitación, quien presidirá la comisión; un médico especialista en medicina ocupacional, medio ambiente o medicina del trabajo, que actuará como secretario técnico; y un médico especialista en medicina física y rehabilitación.
Los integrantes de la comisión deben haber recibido capacitación específica en la evaluación de incapacidades laborales y son designados por el director del establecimiento de salud correspondiente, con un mandato de dos años. Cada miembro titular contará con un suplente para garantizar la continuidad en caso de ausencia.
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Funciones
Las funciones de las Cmcilatep incluyen, según el proyecto de resolución, la recepción y evaluación de expedientes médicos, la realización de evaluaciones médicas específicas, y la emisión del Certificado Médico de Incapacidad Laboral, que determinará oficialmente el grado de incapacidad del trabajador evaluado.
Las comisiones deben reunirse al menos dos veces al mes y llevar un registro detallado de sus actividades, además de utilizar un aplicativo digital para el registro de los certificados médicos, lo que permite una gestión más eficiente y transparente del proceso.
En cuanto a su funcionamiento, las comisiones deberán operar bajo estrictos protocolos para evitar conflictos de interés. Los miembros deberán abstenerse de participar en la evaluación de casos donde tengan relaciones familiares o profesionales previas con los involucrados.
Se establecen procedimientos para la rectificación de errores en los certificados emitidos, garantizando que las evaluaciones reflejen con precisión la situación del trabajador. Estas medidas buscan asegurar la imparcialidad y la calidad en la calificación de las incapacidades laborales en todo el país.
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¿Una evaluación insuficiente?
Daniel Paniura, asociado del área laboral de PPU, explicó que hasta la fecha, el proceso para determinar el grado de incapacidad de un trabajador tras un accidente de trabajo o una enfermedad profesional recaía en las aseguradoras del SCTR.
Estas entidades evaluaban el grado de menoscabo, determinando la compensación correspondiente al afectado. Sin embargo, en muchos casos, los trabajadores optaban por acudir directamente a las comisiones médicas del Minsa o de EsSalud, cuyos perfiles están orientados a accidentes y enfermedades comunes, no a profesionales.
En esa línea, Juan Valera, abogado laboralista, indicó que este enfoque obligaba a las aseguradoras a buscar contraperitajes para tener una segunda opinión o confirmar la evaluación, lo que generaba incertidumbre sobre el diagnóstico y la calificación de la incapacidad laboral.
Esta falta de especialización ha sido reconocida como un problema estructural por el Tribunal Constitucional, que ha urgido al Estado a crear comisiones médicas especializadas que puedan evaluar adecuadamente las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. “Las comisiones médicas actuales no están preparadas para determinar el grado de menoscabo en casos de enfermedades profesionales, lo que evidencia una deficiencia en el sistema”, afirmó Paniura.
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Análisis
Uno de los principales beneficios que Valera anticipó es la mayor certeza en las evaluaciones de incapacidad, se establecería un proceso más estandarizado, donde las evaluaciones se basarían en criterios claros y objetivos, reduciendo así la variabilidad en los resultados. Pero no olvidar que “la norma propuesta solo permite que el trabajador impugne el resultado de menoscabo pero no que la aseguradora pueda hacerlo”, dijo.
Además, subrayó que este nuevo enfoque reduciría la necesidad de contraperitajes con profesionales capacitados a cargo, las evaluaciones no solo serían más consistentes, sino que también ofrecerían a los trabajadores y a las aseguradoras un marco claro y predecible sobre cómo se determinará la incapacidad laboral.
A pesar de los avances, Paniura advirtió sobre la necesidad de complementar estas reformas con un manual de evaluación médica específico para enfermedades profesionales, ya que actualmente se sigue utilizando un manual orientado a enfermedades comunes.
Además, el proyecto no establece claramente los criterios para la selección de las comisiones médicas evaluadoras, ni especifica cómo las aseguradoras deberán derivar los expedientes a las entidades correspondientes. “Esto podría generar problemas futuros si no se aborda adecuadamente”, concluyó.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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