Ministra de Vivienda: “Ha habido un año y medio sin gestión en el ministerio”

¿Qué van a hacer para cerrar la brecha en agua y saneamiento?

Tenemos, primero, que destrabar siete megaproyectos: el proyecto integral de saneamiento en Juliaca, la PTAR Titicaca, agua y alcantarillado de Lambayeque, PTAR de Puerto Maldonado, el proyecto Alto Amazonas Yurimaguas, el proyecto de Ventanilla y Obras de Cabecera. Esto mueve alrededor de S/5,800 millones. No significa que se van a ejecutar entre el 2023 y 2024, pero sí que tenemos que echar la maquinaria a andar. Aparte tenemos más de 500 obras a nivel nacional para 2023 y 2024, de las cuales 222 las ejecutará el ministerio a través de sus programas y 294 serán ejecutadas por gobiernos subnacionales. Nosotros hacemos las transferencias. Esta cartera bordea los S/7,900 millones.

Luego, a través de Con Punche Perú, que es un monto adicional, se van a ejecutar 216 nuevos proyectos de agua y saneamiento por un valor de S/500 millones. Estamos trabajando para definir exactamente cuáles van a ser.

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Varios gobiernos han puesto como prioridad el agua y el saneamiento. ¿Cuál sería la diferencia de esta gestión?

En destrabar estos siete megaproyectos. Por ejemplo, Obras de Cabecera, que tiene años. Estaba pensado ejecutarse como un solo proyecto, pero hemos visto con los técnicos que es conveniente partirlo en dos para que se pueda viabilizar una primera parte y después la otra. Como un megaproyecto era muy complejo.

¿Cómo va a lidiar con los pedidos de los alcaldes que se están sentando por primera vez en el sillón municipal?

Hay un plan nacional de agua y saneamiento sobre la base de expectativas, proyectos y la planificación que han hecho las regiones. Pero en el 2022 no se hizo casi nada, así que varios planes regionales se están actualizando. De los 24 planes, 17 ya han sido actualizados y aprobados. Quedan siete pendientes: Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín y Lima provincias. Vamos a tener reuniones con todos los gobernadores regionales, provinciales y distritales en estas siete regiones. Queremos poder decir: “regiones, provincias y distritos: existe un plan, respetémoslo”.

Porque lo que pasa es que siempre se ha trabajado así: vienen los alcaldes con su expediente, con el congresista, y te dicen: “mi proyecto ya está aprobado”. Es una decisión política difícil, pero vamos a decir: “señores, hay que ceñirnos a estos planes. Si no, no podemos garantizar financiamiento”. Va a ser complejo, pero hay que mantenerse firme. Políticamente quizás no sea muy correcto, pues voy a decir que hay proyectos que se van a quedar fuera, pero no los vamos a poder hacer.

Entonces, ¿solo se van a concentrar en los más de 500 proyectos que mencionó?

Exacto, nada más. No puedo hacer más.

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¿Cómo ha encontrado la cartera en términos de gestión y corrupción?

He encontrado un ministerio devastado, en ruinas moralmente, pero también con mucho desorden, fragmentado y con muy poca articulación entre las áreas. En el caso del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), fue de alguna manera la sede operativa de la red criminal (durante el gobierno de Pedro Castillo), porque es el que mayor presupuesto tiene. Hemos sacado a las cabezas. El Fondo MiVivienda también fue tomado, la SBN. Es un proceso donde se va levantando información. Cada día van saliendo nuevas cosas.

Estamos haciendo un trabajo de mucha coordinación con la Contraloría. La primera reunión que tuve fue con el contralor y con el procurador anticorrupción. Una primera parte es separar la paja del trigo: hay funcionarios y técnicos que son probos, buenos. Son aquellos que han ayudado a mantener el barco a flote, pero hay otros que no. El PNSU ya cambió el jefe. En el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) estamos a punto de nombrar a la nueva persona.

¿Está enfrentando resistencia de parte de los funcionarios de planta?

Hoy día hay contratistas que saben cosas del sector que no deberían saber: que vamos a rescindir un contrato, que estamos cuestionando esto, que va a haber una supervisión inopinada y el contratista se entera.

En cuanto a la vivienda, ¿por fin el MVCS va a asumir su rol rector en planeamiento urbano? Porque ahora son las municipalidades distritales las que definen, en última instancia, muchos de los parámetros constructivos.

No hay planificación. Es cierto que la autoconstrucción es muy fuerte en el Perú, es un tema cultural. La gente construye su casa. Esa construcción de mi casa se convierte en mi proyecto de vida y familiar. Eso hay que respetarlo. Pero no significa que no tengamos que pensar en cómo queremos que crezcan nuestras ciudades y en que se haga un uso adecuado del suelo. Lo que se aprobó, no en mi gestión, fue la política de desarrollo sostenible: la famosa ley DUS. Hay cinco reglamentos (del DUS) que vienen en camino.

Pero están retrasados.

Sí, retrasados. Bueno, ha habido un año y medio de no gestión (en el ministerio), tengámoslo en cuenta. Nosotros hemos planificado que estos cinco reglamentos estén prepublicados y aprobados antes de la culminación del mandato, en el 2024. Ya tenemos un cronograma y han salido algunos para recibir comentarios. Las áreas técnicas van a hacer los análisis respectivos y la idea es ir aprobándolos. Hemos tenido ya una reunión con Capeco, vamos a tener otras.

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¿Qué posición tiene el MVCS sobre Sedapal?

Creo que hay que repensar Sedapal. No va a ser esta gestión la que lo va a hacer, pero sí hay que replantear Sedapal con una lógica más de largo plazo. No quiero entrar al detalle, pero sí creo que es necesario replantear su esquema de trabajo, su rol como proveedor de un servicio fundamental. Existe un programa (del MVCS) que se crea para brindar soporte a Sedapal, que se llama el PAS-LC. No solamente se trata de (hacer) más obras y (crear) más oferta de agua, sino también de un tema de distribución y mantenimiento del servicio. Hay que hacer ajustes.

Hay casi 50 muertos en este gobierno, más de 40 por acción de las fuerzas del Estado. ¿Su permanencia no avala políticamente esta represión?

Reitero mi compromiso con la presidenta, con el premier y con el Perú, sobre todo. Me duele el fallecimiento de estas casi 50 personas, entre los cuales hay niños, pobres criaturitas que no tienen la culpa de nada. Pero creo que lo que está en juego hoy es la defensa de la democracia. Eso no quiere decir que no vea que existen demandas legítimas, frustración, cólera, rabia, porque el Estado no ha respondido. Esas demandas sociales son legítimas. Pero sí creo que hay que hacer una diferencia entre la reivindicación de una demanda legítima, el derecho a la manifestación y los actos violentos. También hemos visto cómo se han manipulado estas demandas sociales legítimas con fines más políticos. Se ha financiado, lo sabemos ya, con fondos de economías ilícitas: el narcotráfico, la minería informal.

Nadie en su sano juicio avalaría represión pura y dura. Ni de un lado ni del otro. Si ha habido represión del lado de las fuerzas del orden, se está investigando. Así como se juzga a las fuerzas del orden por posibles usos extralimitados de la violencia, también se tiene que juzgar a aquellos que han usado la violencia de forma sobredimensionada.

¿Pensó en renunciar cuando morían adolescentes en las protestas?

Todos aquí sabemos que nuestro puesto es efímero. No es que yo piense en renunciar. Pienso en si estoy haciendo las cosas correctamente. La pregunta que me hago permanentemente es: ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás aportando? ¿Tu permanencia aquí está sirviendo para bien?.

“MiVivienda está yendo a un segmento que no necesariamente necesita subsidio”

Pérez de Cuéllar tiene planes para el Fondo MiVivienda. Si bien el fondo no depende directamente del MVCS (sino del Fonafe), el ministerio sí funge como su ente rector. Es decir, delinea las políticas que debe seguir.

En esa línea, la ministra observó que “en algunos casos, no en todos, Fondo MiVivienda está yendo a cubrir un segmento que no necesariamente necesita subsidio”. Detalló que suele cubrir al sector C y, a veces, al B. Por eso, se ha planteado ponerle como meta a la nueva gestión del fondo que desarrolle productos financieros que amplíen el acceso de personas de niveles socioeconómicos D y E al programa.

“Si queremos reducir la brecha (de vivienda) en el D y el E, sobre todo en el E), ahí no hay capacidad de ahorro ni de compra. Tenemos que definir algún producto que nos permita, a través de un subsidio, ayudar a estar personas”, dijo.

Pérez de Cuéllar, sin embargo, aclaró que ello no implicaría restar la cobertura que MiVivienda tiene en la clase media. “No vamos a desvestir un santo para vestir otro”, aseguró.

El objetivo, en cambio, sería desarrollar nuevas soluciones para las personas de menores recursos. “Lo que hemos conversado con el viceministerio es plantear como desafío a la nueva junta directiva (del Fondo MiVivienda) establecer formas de cubrir el D y el E”, afirmó.

Además, la titular del MVCS dijo que la labor financiadora del FMV ha sido positiva. “MiVivienda funciona bastante bien como banco”, dijo.