La posibilidad de que Perú cuente con un Ministerio de Infraestructura ya inició su trámite legal, luego de que la presidenta Dina Boluarte lo anunciara durante su mensaje por Fiestas Patrias el pasado 28 de julio. El Gobierno presentó el día de ayer el proyecto de ley con este fin ante el Congreso. Con ello, se sabe que esta nueva cartera tendría finalmente 13 unidades ejecutoras a su cargo.
Gestión había obtenido acceso a una versión preliminar del proyecto, donde se señalaba que el Ministerio de Infraestructura absorbería no 13, sino 17 unidades ejecutoras, programas y fondos que hoy existen en otras carteras del Poder Ejecutivo.
Incluso con la reducción presupuestal y operacional, el posible Ministerio de Infraestructura sería de lejos la institución pública con mayores recursos para inversión pública en todo el Estado peruano.
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Alcance
En la versión previa, se proponía que el Ministerio de Infraestructura absorbiera 17 unidades ejecutoras, programas y fondos que hoy pertenecen a nueve ministerios existentes. Las dos carteras que cedían mayores dependencias eran Transportes y Comunicaciones (MTC); y Vivienda, con tres cada uno. Precisamente, estos dos son hoy los ministerios con mayores recursos para proyectos de inversión en todo el Estado.
Con las 17 unidades, sumando todos los recursos a cargo hoy en cada una de ellas, se calculaba que el Ministerio de Infraestructura tendría un presupuesto ligeramente superior a los S/ 17 mil millones. Con las 13 propuestas en la versión final del proyecto de ley, tendría S/ 15,861 millones a su cargo, siendo la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) su dependencia más relevante. El siguiente ministerio con más recursos para obras es el MTC con S/ 9 mil millones.
Las cuatro unidades ejecutoras que se no se moverán al Ministerio de Infraestructura son ProInversión, el Programa de Apoyo al Transporte Sub Nacional (PATS), el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes). Sobre este último programa, Julio Demartini, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), había adelantado que se quedaría en su sector.
La más relevante de las cuatro es, por su rol promotor de la inversión privada, ProInversión. Fuentes de la agencia indicaron que era clave mantener “su independencia funcional presupuestal y técnica”.
Señalaron también que hay mayores garantías de ello si es que se mantiene donde está hoy: en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya que es un ministerio de perfil más “técnico” a comparación de otros, como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). “En los últimos años los gobiernos han estado a la merced de mucho vaivén político. Por eso estar bajo el MEF nos ha dado cierta protección”, precisaron.
Para César Candela, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Ingeniería (SNCI), en el debate dentro del Congreso deben estar claras las razones para que el Ministerio de Infraestructura absorba una entidad y por qué no otras.
“Me parece bien que haya un órgano especializado como este justo en el marco de que ya tenemos una nueva Ley de Contrataciones. Pero me imagino en las comisiones se definirá porqué la exclusión de una institución. Nosotros, como gremio, no estamos de acuerdo, por ejemplo, que esté Legado. Su caso es particular: se vienen los Panamericanos”, plantea.
A consideración de Camilo Carrillo, Associate Partner en Infraestructura de EY Perú, hay una “lógica” detrás de las entidades seleccionadas que podrían explicar porque dejar fuera otras como el Plan Copesco Nacional.
“Hay estudios que te hablan de que las inversiones multisectoriales tienen efectos multiplicadores en un territorio. Por ejemplo, si haces un canal de regadío con AgroRural y le sumas una carretera, creas un mercado. Se combinan sinergías”, explica.
Carrillo también cree que la idea es que todas las dependencias tengan las facilidades para invertir que hoy tiene la ANIN. “Tiene normas especiales, por ejemplo, para expropiaciones. Eso no tienen las otras unidades. Ojalá igualar la cancha sea la lógica detrás. La ANIN fue un prólogo de este ministerio”, considera.
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Implementación
¿Cuándo estaría operativo el Ministerio de Infraestructura? Según el texto, el Ministerio de Infraestructura iniciará funciones “en un periodo no mayor de 24 meses a partir de que se apruebe el Reglamento de Organización y Funciones (ROF)”.
El texto indica tres cosas más que son relevantes. Primero, que el el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anualmente genera la información necesaria para que el Ministerio de Infraestructura, en coordinación con el MEF, en lo que corresponda, evalúe el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios.
Además se plantea que, con la creación del ministerio, el Consejo de Ministros aprobará, mediante Decreto Supremo, un “Plan Nacional de Infraestructura”. El tercer punto clave está vinculado al régimen laboral de la plana del nuevo ministerio.
Según el proyecto de ley, sus trabajadores estarán sujetos a la Ley 30057, es decir, el régimen civil que administra Servir. Sin embargo, sigue el texto, en tanto se implemente este régimen en el ministerio, se pueden efectuar “contrataciones por el régimen especial de contratación administrativa de servicios”, es decir, CAS.
Respecto a los trabajadores que hoy laboran en las dependencias que absorbería el nuevo ministerio, el documento indica que conservarán su régimen laboral hasta que se implementen los alcances de la Ley 30057.
Elias Munayco, abogado laboralista del Estudio Payet, cree que debería colocarse un plazo límite para el tránsito al régimen Servir, caso contrario se generaría inestabilidad.
“Hay dos tipos de CAS: temporales e indeterminados. No podrían usar el segundo grupo, por la intención de pasar al régimen civil en un tiempo. Sin un plazo, podría generar inestabilidad. Los trabajadores estarían constantemente renovando contratos, al ser CAS temporales”, considera.
Desde la SNCI advierten que deben darse garantías de que los funcionarios de este nuevo ministerio tendrán la capacidad para gestionar y articular proyectos de diversa índole. “Debe ir acompañada de una campaña permanente de capacitación. Si el gobierno tiene la decisión de crear un ministerio, tenemos que impulsar que se haga bien. Hacerlo mal sería un desperdicio”, indica Candela.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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