La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República tiene en agenda el debate de la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pese al pedido de diversos gremios económicos para no se apruebe una medida de este tipo.
El último viernes, el grupo de trabajo que preside Víctor Cutipa (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) inició la discusión de un predictamen que propone prorrogar este registro hasta fines del 2026. Ante la oposición de varios legisladores, se aprobó una cuestión previa para que el documento sea objeto de un mejor estudio. Para dicho fin, se convocará a una mesa técnica con la participación del ministro del sector, Luis Bravo de la Cruz, y otras autoridades.
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Sin embargo, este no es el único tema vinculado al Reinfo que se encuentra bajo evaluación en el Parlamento. Gestión supo que, al menos, dos bancadas (Fuerza Popular y Avanza País) alistan, por separado, unos proyectos de ley con la finalidad de eliminar el Decreto Legislativo 1351 y su disposición complementaria final, que brinda una protección legal a los mineros que se encuentran en este registro.
De acuerdo con dicho decreto, aprobado en el año 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, están exentos de responsabilidad penal por la comisión del delito de minería ilegal quienes se encuentren en los siguientes supuestos:
- El sujeto de formalización minera que no logra la autorización final de inicio o reinicio de operaciones mineras por culpa inexcusable o negligente del funcionario a cargo del proceso de formalización.
- El agente de los delitos de minería ilegal, que se inserte al Reinfo, dentro del plazo establecido en el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1293.
De esta manera, el Reinfo funciona actualmente como una especie de “escudo legal” para los mineros informales, quienes no pueden ser objeto de investigación. Con las constantes prórrogas que se han aprobado a lo largo de estos años, desde el Ministerio Público advirtieron que este mecanismo ha permitido que muchas operaciones ilegales sigan funcionando sin que puedan ser intervenidos.
La Comisión de Energía y Minas convocará a una mesa técnica para evaluar la posible ampliación del Reinfo. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
¿CUÁLES SON LAS POSTURAS DE LAS BANCADAS?
En diálogo con Gestión, la legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, consideró que no debería existir ningún blindaje o protección a las actividades ilegales en el Perú. En ese sentido, indicó que si este decreto está entorpeciendo la labor de la Fiscalía, debe ser derogado.
“Nosotros nos comprometemos a revisarlo y si esto (DL N°1293) realmente está entorpeciendo las labores de la Fiscalía, podemos presentar un proyecto de ley (para derogarlo), a efectos de facilitar el accionar de esta institución. El combate a la minería ilegal tiene que ser integral; o sea, tiene que ser multisectorial, firme y decidido”, enfatizó.
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A su juicio, este tema también debería ser incluido en el debate que se realiza actualmente en la Comisión de Energía y Minas sobre la ampliación del Reinfo.
“Lo que se quiere no es solo pronunciarnos por un tema de si va o no el Reinfo, sino darle una solución integral a este problema, que lleva años tras años, y tampoco podemos permitir que las mafias que están enquistadas a todo nivel sigan lucrando con un tema así. Son organizaciones que no pagan impuestos, hasta financian campañas. Hay que darle una solución y si este tema genera preocupación, entonces, hay que corregirlo”, acotó.
En la misma línea, Diana Gonzales, de Avanza País, adelantó a este diario que evalúa presentar una iniciativa legislativa similar. Según dijo, no se pude permitir que el Reinfo sea utilizado como una especie de amparo legal para los mineros informales.
Patricia Juárez indicó que evalúa presentar un proyecto de ley para anular el decreto que otorga protección legal a los mineros inscritos en el Reinfo. (Foto: Congreso)
“Durante las mesas de trabajo que convocó el expremier Eduardo Arana recuerdo que uno de los principales problemas en ese momento fue precisamente las interdicciones y el uso de explosivos. Para las interdicciones, los mineros también pidieron que, además de la Fiscalía, las acciones sean acompañadas por la Defensoría del Pueblo, porque insistieron en que no era posible que las personas que tenían Reinfo sean intervenidos”, cuestionó, tras asegurar que su bancada apoyará la propuesta legislativa.
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En ese sentido, consideró que ampliar el Reinfo es otorgarle un salvavidas a la minería ilegal. “Lamento que existan proyectos de ley que buscan la prórroga de este registro. Lo que ellos (mineros informales) quieren es permanecer con ese amparo legal”, alertó.
Tanto Wilson Soto (Acción Popular) como José Cueto (Honor y Democracia) indicaron, por separado, que respaldarían dicha propuesta.
“Si algún legislador presenta un proyecto de ley de ese tipo, lo apoyaremos. Si una norma es perjudicial, tampoco puede estar eternamente así. Si hay que modificarla, se hará, pero de manera responsable”, enfatizó Soto, tras enfatizar que ninguna ley está escrita en piedra, por lo que puede ser cambiada o derogada.
Cueto, en tanto, señaló que esta exención penal que tienen los mineros inscritos en el Reinfo genera una suerte de “impunidad”, sobre todo, en los que realizan minería de aluvión, que destruye el medioambiente.
“En lo que se refiere a esta disposición del DL, definitivamente debe eliminarse (...) por eso es que la mayoría que tiene Reinfo se escuda en eso, nadie los puede tocar. Algunos realizan la minería ilegal de aluvión, en ríos de Madre de Dios o en el Putumayo. Cómo es posible que hasta la zona de amortiguamiento en Madre de Dios ya haya sido destruida. Ese ecosistema recién se recuperaría en los próximos 30 a 50 años, y eso realmente es un crimen”, cuestionó.
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El congresista de Renovación Popular (RP), Alejandro Muñante, indicó que su grupo apoyaría la eliminación de esta disposición del DL N° 1293 siempre y cuando se haga con “un criterio técnico”. Esto, para evitar cualquier exceso y que se criminalice actividades de minería ancestral.
“Sí estoy de acuerdo en retirar este artículo del decreto, pero antes se debe definir claramente los sectores. Es decir, cuándo estamos ante minería ilegal, minería informal y minería artesanal, porque, de lo contrario, al no haber una correcta diferenciación y segregación familias dedicadas a la minería artesanal podrían verse afectadas con algún tipo de disposición”, sostuvo.
La congresista Diana Gonzales se pronunció en contra de ampliar el Reinfo. (Foto: Antonio Melgarejo para El Comercio).
Finalmente, Héctor Valer, de Somos Perú, lamentó que la Fiscalía no pueda denunciar penalmente a los mineros informales que se encuentran en el Reinfo. Frente a ello, dijo esperar que esta situación se corrija, por lo que insistió en la necesidad de no permitir más prórrogas de este registro.
“Esa protección se les termina el 31 de diciembre de este año; es decir, a partir del 1 de enero del 2026 ya no tendrían ese escudo protector. Si se llega a ampliar el Reinfo, sería lo peor que le puede pasar al país. Si ocurre ese escenario, habría que modificar ese DL para que esos mineros no tengan esa protección legal”, enfatizó.
Este diario intentó comunicarse con Cutipa y el vocero de JPP-Voces del Pueblo, Roberto Sánchez; sin embargo, no respondieron nuestras llamadas.
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¿POR QUÉ ES CLAVE LA ELIMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN LEGAL DE LOS MINEROS DEL REINFO?
El especialista en derecho ambiental, César Ipenza, y el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo de Vinatea Bellatin, coincidieron en señalar que hay varias razones por las que se debe derogar la protección legal que tienen los mineros inscritos en el Reinfo; sin embargo, señalaron que el principal motivo tiene que ver con el cumplimiento de un mandato del Tribunal Constitucional (TC).
Precisamente, en abril de este año el TC declaró improcedente una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto, que buscaba anular la ampliación del Reinfo. No obstante, en uno de los considerandos de la sentencia se exhortó expresamente a los poderes del Estado a no seguir “promoviendo normas que otorguen exoneraciones de responsabilidad penal, civil o administrativa en el marco del proceso de formalización minera, ni en regímenes transitorios ni como parte de políticas públicas permanentes”.
“Hay una sentencia del TC que no es perfecta, pero es lo suficientemente clara en el tema de la impunidad del Reinfo. ¿Qué se ha hecho o qué se ha dicho sobre el no acatarla? es algo que todavía está pendiente", señaló De Vinatea Bellatin.
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El abogado recordó que hoy en día una persona que comete el delito de narcotráfico puede ser sentenciado hasta con 20 años de cárcel. Otras actividades ilegales, según dijo, tienen penas similares, por lo que calificó de inaudito que los mineros informales no puedan ser procesados penalmente por el simple hecho de encontrarse inscritos en el Reinfo.
“En el caso de la minería ilegal, ocurre algo que no he visto en ningún otro lugar del mundo. Cómo es posible que puedas desarrollar una minería ilegal, incluso, en una reserva natural protegida y no te pase nada, porque hoy los fiscales están atados de manos, son intocables los mineros. ¿Qué delito en el mundo tiene esa protección legal para operar? Solo los peruanos hemos podido crear una cosa así y hay que preocuparnos. Es inconcebible que eso esté ocurriendo en el país", enfatizó.
Por su parte, Ipenza reiteró que la Constitución señala que todos somos iguales ante la ley, por lo que recalcó que no puede ser posible que tengamos a un grupo de ciudadanos que no solo vienen destruyendo el patrimonio del país, sino que tienen impunidad para operar.
Hasta agosto pasado las interdicciones contra la minería ilegal superaron los S/ 99.2 millones. Foto: Gobierno.
“Incluso, los mineros tienen mayor inmunidad que un congresista de la República. Porque ellos pueden destruir los bosques, contaminar y afectar el derecho fundamental y constitucional a gozar de un ambiente sano y adecuado, y no les pasará absolutamente nada”, cuestionó.
El también integrante del Observatorio de Minería Ilegal recordó que la propuesta de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) elaborada por el gobierno anterior sí contemplaba la eliminación de este decreto; sin embargo, cuestionó que el entonces presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, no lo tomó en cuenta.
“El Congreso ni siquiera tomó en cuenta eso y diseñó un predictamen totalmente favorecedor a los mineros ilegales e informales. Obviamente uno puede presentar una iniciativa, pero si quieren ampliar el Reinfo, deberían cumplir mínimamente con lo que señala el TC y evitar tener nuevamente a un grupo de ciudadanos por encima de la ley”, remarcó.
Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
